Por Roberto Delgado
15 Agosto 2015
El 13 de junio de 2007, cuando el “loco” Vera masacró a su familia en Los Pizarro, surgió la idea de hacer un protocolo para que testigos o denunciantes tengan seguridad. Vera, condenado por violar a sus hijas, había sido denunciado por su mujer por amenazas. Salió con permiso de la cárcel y la mató a ella y a dos de sus hijos. Desde entonces la familia tiene custodia. Pero han pasado ocho años y Vera sigue suelto; en 2013, doña Jesús Barros, pariente de las víctimas, decía: “A veces, si hay personal, viene algún agente. Cuando eso no pasa me tengo que ir a dormir en las casas de mis hijos o de gente amiga”. Es que el protocolo se les fue diluyendo... la Policía no encuentra forma de mantener dos custodias permanentes (seis agentes por día) durante ocho años para personas amenazadas en un lugar alejado como Los Pizarro.
Otro protocolo se pidió en 2013, tras la tragedia del prosecretario de fiscalía Manuel Gerardo “Lalo” Uro y del jefe de la División Delitos Contra las Personas, comisario Víctor Barraza, asesinados por un acusado de violación que tenía un arsenal en su casa, Hugo Sirnio Romanazzi, y que se quitó la vida después de matarlos. Fiscales y jueces hicieron una manifestación pidiendo medidas de seguridad y reglas para operativos fuera de Tribunales, porque sólo había “costumbres o procedimientos consuetudinarios que se han empezado a emplear de manera uniforme”, explicaba el camarista Eudoro Albo.
Ahora está a punto de terminarse un protocolo sobre buenas prácticas en requisas a sospechosos en operativos antidrogas. Lo hace la Secretaría de Derechos Humanos, a pedido de la Justicia Federal, que en el caso Supernor descubrió que no sólo se había hecho todo mal (los acusados fueron sobreseídos) sino que la Dirección de Drogas Peligrosas violó la intimidad de los sospechosos en la requisa y no dio aviso a un juez de lo que estaba haciendo. “Cuando comenzó el juicio, teníamos la expectativa de corroborar si en Supernor se vendía droga. La misma expectativa que seguramente tenía la persona que hizo la denuncia anónima. Vino el personal policial a declarar y encontramos variadas irregularidades en las tareas de vigilancia y en el allanamiento. Cada uno de los policías nos dio una versión distinta de los hechos”, dijo el fiscal federal Diego Velazco en el juicio.
Ese protocolo que deberá aprender la Digedrop -polémico, porque los policías dicen que no tienen otra forma de hacer requisas- no es el mismo protocolo que esa misma dirección policial acaba de enseñar a 75 oficiales de comisarías, quienes aprendieron en un cursito qué deben hacer cuando se encuentran con casos de drogas: acordonar el lugar, buscar testigos, qué hacer con las pruebas si está lloviendo, etcétera. ¿Eso no está en cualquier manual básico de policías? “Debería -dijo el jefe de la Digedrop, Jorge Nacusse-, pero hay que enfatizar sobre eso. Esto es como un ‘machete’ para recordar. Además, se ha puesto de moda para cada delito tener un protocolo”.
Y es así. Con cada caso problemático surgieron irregularidades que llevaron a la búsqueda de medidas para controlar las malas prácticas. Después del crimen de Paulina Lebbos vio la luz la discrecionalidad con que los policías podían falsear actas (tres uniformados de la comisaría de Raco fueron procesados y condenados por eso) y para mover los elementos en el lugar del hecho. Esa discrecionalidad se vincula con la misma potestad que han tenido siempre los fiscales para hacer las cosas a su manera, a tal punto que en febrero de 2013 hubo un intento por coordinar una tarea unificada entre el entonces presidente de la Corte, Antonio Estofán, el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, el secretario de Seguridad, Paul Hofer, y el entonces ministro fiscal, Luis De Mitri, para “evitar ‘errores’ en la instrucción policial”. A nada se llegó. Ahora el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, ha impartido un instructivo de prácticas policiales para los fiscales, cuyo cumplimento está aún por verse. El sábado pasado, a raíz del asesinato de dos personas en Villa Urquiza (sus cuerpos aparecieron acribillados junto a una moto, tras una supuesta pelea en un pool), la fiscala Adriana Giannoni ordenó la detención de dos policías que habían calificado el hecho como “accidente de tránsito”.
Protocolos hay para todo. Para atender denuncias por personas desaparecidas. Pero como la antigua norma indica que hay que esperar 48 horas para que se ratifique la denuncia, los policías no atienden el asunto y tampoco dan aviso a la oficina de Trata de Personas, cuenta el abogado Carlos Garmendia, de la Fundación María de los Ángeles.
Hay protocolos para casos vinculados con la violencia de género y también para casos de violencia contra personas discapacitadas. Para el tratamiento de niños y adolescentes víctimas de abuso, en 2014, se hizo una capacitación a personal de la Justicia, de Desarrollo Social, de hospitales y de seguridad para recibir denuncias y dar respuestas inmediatas. Pero ahí está el caso de la niña de 11 años de La Invernada, violada por dos personas y embarazada, a la que los policías se le rieron en la cara cuando hizo la denuncia. Lo mismo le pasó a una niña violada en un cañaveral de Lastenia.
Impermeables
Es como si los policías fueran impermeables a las nuevas normas y sólo se guiaran por las que les dicta la cultura policial. ¿Hay una razón para esto? Muchas. Una es el abandono de la Justicia de su tarea de contralor. Según el viejo -pero siempre elogiado- Código Procesal Penal, los fiscales deben estar presentes en los hechos más importantes que se denuncian. Pero la verdad es que, acaso porque reciben 3.400 causas por turno y acaso por sus propios usos y costumbres, suelen delegar esa presencia en secretarios, ayudantes de fiscal y prosecretarios (caso Uro) y muy a menudo la instrucción básica del hecho queda en manos del policía de calle. A ese policía al que no le tienen confianza, al que le ordenan no moverse y no hacer nada si no recibe órdenes de su oficial jefe, el cual no está en el lugar del hecho sino en la comisaría. Los fiscales suelen desconfiar por miedo a que no sólo instruyan mal el caso sino que además hagan desaparecer cosas -”infracción” frecuente en los accidentes, como fue el caso de la desaparición de los dólares de una familia que se accidentó el 10/9/13 en la Cuesta del 25- y los jefes policiales, por su parte, desconfían de que no vayan a cumplir sus órdenes al dedillo. “Muchos, en caso de accidente. no saben qué hacer. Si mueven a la víctima y se les muere, los sancionan. Y si no la mueven y se les muere, también”, dice Nacusse, con lo que da a entender por qué les dan protocolos constantemente.
Justicia indiferente
El abandono de la Justicia acerca del contralor de la tarea policial llegó a límites extremos hace un año y medio en Monteros, cuando el gremio judicial denunció que se había hecho un protocolo para avisar a jueces, fiscales, secretarios, ayudantes y prosecretarios de hechos ocurridos durante el turno. Tras la publicación del escándalo, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, ordenó cancelar ese instructivo. Pero no se sabe si la práctica se ha suprimido en el sistema.
Otra razón de esa cultura policial impermeable radica en la misma estructura de la educación policial. ¿Cómo incorporar una educación respetuosa de los derechos de la mujer y de los niños en un medio machista por excelencia? ¿Con cursos de tres días? ¿Con un ‘machete’ con pocos datos? ¿Con una instrucción policial de tres meses? En la Escuela de Policía se sigue enseñando con la base de la ley Orgánica de la Policía, dictada en una dictadura, y con la ley de Contravenciones, que desde hace cinco años está declarada inconstitucional. Los policías están sometidos a un régimen autoritario, militarista, anacrónico; en muchos aspectos antidemocrático, más atrasado que el mismo régimen de los militares; con premios y castigos y detenciones; sin derecho al reclamo laboral (como no sea hacer un pedido a su propio jefe).
Esa cultura es la que aprenden, no la de los protocolos que, además, están supeditados a la burocracia asfixiante de un sistema que deja en el último lugar a la víctima: como el agente de calle no está capacitado, no tiene potestad ni autorización para hacer nada, si alguien necesita hacer una denuncia deberá esperar la presencia de un oficial para radicar su queja. Y no tienen correo electrónico para informar de inmediato, ni base de datos. A esta situación absurda se agrega el problema de que en esta fuerza de 8.000 hombres hay pocos oficiales, según reveló hace un mes el secretario Hofer. O sea: la instrucción de causas está en manos de agentes poco capacitados, educados -al igual que sus oficiales- con un régimen autoritario, y en quienes no confían ni la Justicia ni los funcionarios. ¿De qué protocolos estamos hablando?
Alberto Lebbos, que desde el crimen de su hija en 2006 reclama respeto a reglamentaciones y control de procedimientos, tiene mil historias para contar; desde el ex fiscal Carlos Albaca que no cumplió con el procedimiento y dejó perder las pruebas de ADN en el caso de su hija, hasta la ley de protección de testigos sancionada en 2006 y que el gobernador José Alperovich jamás reglamentó. Lebbos, que también dice que “la Policía se educa con un sistema de la dictadura”, piensa que es un problema profundo y que la gran responsabilidad está en el sistema político, que genera confusión permanente y deriva estos problemas a la sociedad. “Acá hay exceso de leyes y de protocolos que no se cumplen. Acá falta sentido común -opina-. El reglamentarismo en exceso no sirve para nada”.
Otro protocolo se pidió en 2013, tras la tragedia del prosecretario de fiscalía Manuel Gerardo “Lalo” Uro y del jefe de la División Delitos Contra las Personas, comisario Víctor Barraza, asesinados por un acusado de violación que tenía un arsenal en su casa, Hugo Sirnio Romanazzi, y que se quitó la vida después de matarlos. Fiscales y jueces hicieron una manifestación pidiendo medidas de seguridad y reglas para operativos fuera de Tribunales, porque sólo había “costumbres o procedimientos consuetudinarios que se han empezado a emplear de manera uniforme”, explicaba el camarista Eudoro Albo.
Ahora está a punto de terminarse un protocolo sobre buenas prácticas en requisas a sospechosos en operativos antidrogas. Lo hace la Secretaría de Derechos Humanos, a pedido de la Justicia Federal, que en el caso Supernor descubrió que no sólo se había hecho todo mal (los acusados fueron sobreseídos) sino que la Dirección de Drogas Peligrosas violó la intimidad de los sospechosos en la requisa y no dio aviso a un juez de lo que estaba haciendo. “Cuando comenzó el juicio, teníamos la expectativa de corroborar si en Supernor se vendía droga. La misma expectativa que seguramente tenía la persona que hizo la denuncia anónima. Vino el personal policial a declarar y encontramos variadas irregularidades en las tareas de vigilancia y en el allanamiento. Cada uno de los policías nos dio una versión distinta de los hechos”, dijo el fiscal federal Diego Velazco en el juicio.
Ese protocolo que deberá aprender la Digedrop -polémico, porque los policías dicen que no tienen otra forma de hacer requisas- no es el mismo protocolo que esa misma dirección policial acaba de enseñar a 75 oficiales de comisarías, quienes aprendieron en un cursito qué deben hacer cuando se encuentran con casos de drogas: acordonar el lugar, buscar testigos, qué hacer con las pruebas si está lloviendo, etcétera. ¿Eso no está en cualquier manual básico de policías? “Debería -dijo el jefe de la Digedrop, Jorge Nacusse-, pero hay que enfatizar sobre eso. Esto es como un ‘machete’ para recordar. Además, se ha puesto de moda para cada delito tener un protocolo”.
Y es así. Con cada caso problemático surgieron irregularidades que llevaron a la búsqueda de medidas para controlar las malas prácticas. Después del crimen de Paulina Lebbos vio la luz la discrecionalidad con que los policías podían falsear actas (tres uniformados de la comisaría de Raco fueron procesados y condenados por eso) y para mover los elementos en el lugar del hecho. Esa discrecionalidad se vincula con la misma potestad que han tenido siempre los fiscales para hacer las cosas a su manera, a tal punto que en febrero de 2013 hubo un intento por coordinar una tarea unificada entre el entonces presidente de la Corte, Antonio Estofán, el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, el secretario de Seguridad, Paul Hofer, y el entonces ministro fiscal, Luis De Mitri, para “evitar ‘errores’ en la instrucción policial”. A nada se llegó. Ahora el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, ha impartido un instructivo de prácticas policiales para los fiscales, cuyo cumplimento está aún por verse. El sábado pasado, a raíz del asesinato de dos personas en Villa Urquiza (sus cuerpos aparecieron acribillados junto a una moto, tras una supuesta pelea en un pool), la fiscala Adriana Giannoni ordenó la detención de dos policías que habían calificado el hecho como “accidente de tránsito”.
Protocolos hay para todo. Para atender denuncias por personas desaparecidas. Pero como la antigua norma indica que hay que esperar 48 horas para que se ratifique la denuncia, los policías no atienden el asunto y tampoco dan aviso a la oficina de Trata de Personas, cuenta el abogado Carlos Garmendia, de la Fundación María de los Ángeles.
Hay protocolos para casos vinculados con la violencia de género y también para casos de violencia contra personas discapacitadas. Para el tratamiento de niños y adolescentes víctimas de abuso, en 2014, se hizo una capacitación a personal de la Justicia, de Desarrollo Social, de hospitales y de seguridad para recibir denuncias y dar respuestas inmediatas. Pero ahí está el caso de la niña de 11 años de La Invernada, violada por dos personas y embarazada, a la que los policías se le rieron en la cara cuando hizo la denuncia. Lo mismo le pasó a una niña violada en un cañaveral de Lastenia.
Impermeables
Es como si los policías fueran impermeables a las nuevas normas y sólo se guiaran por las que les dicta la cultura policial. ¿Hay una razón para esto? Muchas. Una es el abandono de la Justicia de su tarea de contralor. Según el viejo -pero siempre elogiado- Código Procesal Penal, los fiscales deben estar presentes en los hechos más importantes que se denuncian. Pero la verdad es que, acaso porque reciben 3.400 causas por turno y acaso por sus propios usos y costumbres, suelen delegar esa presencia en secretarios, ayudantes de fiscal y prosecretarios (caso Uro) y muy a menudo la instrucción básica del hecho queda en manos del policía de calle. A ese policía al que no le tienen confianza, al que le ordenan no moverse y no hacer nada si no recibe órdenes de su oficial jefe, el cual no está en el lugar del hecho sino en la comisaría. Los fiscales suelen desconfiar por miedo a que no sólo instruyan mal el caso sino que además hagan desaparecer cosas -”infracción” frecuente en los accidentes, como fue el caso de la desaparición de los dólares de una familia que se accidentó el 10/9/13 en la Cuesta del 25- y los jefes policiales, por su parte, desconfían de que no vayan a cumplir sus órdenes al dedillo. “Muchos, en caso de accidente. no saben qué hacer. Si mueven a la víctima y se les muere, los sancionan. Y si no la mueven y se les muere, también”, dice Nacusse, con lo que da a entender por qué les dan protocolos constantemente.
Justicia indiferente
El abandono de la Justicia acerca del contralor de la tarea policial llegó a límites extremos hace un año y medio en Monteros, cuando el gremio judicial denunció que se había hecho un protocolo para avisar a jueces, fiscales, secretarios, ayudantes y prosecretarios de hechos ocurridos durante el turno. Tras la publicación del escándalo, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, ordenó cancelar ese instructivo. Pero no se sabe si la práctica se ha suprimido en el sistema.
Otra razón de esa cultura policial impermeable radica en la misma estructura de la educación policial. ¿Cómo incorporar una educación respetuosa de los derechos de la mujer y de los niños en un medio machista por excelencia? ¿Con cursos de tres días? ¿Con un ‘machete’ con pocos datos? ¿Con una instrucción policial de tres meses? En la Escuela de Policía se sigue enseñando con la base de la ley Orgánica de la Policía, dictada en una dictadura, y con la ley de Contravenciones, que desde hace cinco años está declarada inconstitucional. Los policías están sometidos a un régimen autoritario, militarista, anacrónico; en muchos aspectos antidemocrático, más atrasado que el mismo régimen de los militares; con premios y castigos y detenciones; sin derecho al reclamo laboral (como no sea hacer un pedido a su propio jefe).
Esa cultura es la que aprenden, no la de los protocolos que, además, están supeditados a la burocracia asfixiante de un sistema que deja en el último lugar a la víctima: como el agente de calle no está capacitado, no tiene potestad ni autorización para hacer nada, si alguien necesita hacer una denuncia deberá esperar la presencia de un oficial para radicar su queja. Y no tienen correo electrónico para informar de inmediato, ni base de datos. A esta situación absurda se agrega el problema de que en esta fuerza de 8.000 hombres hay pocos oficiales, según reveló hace un mes el secretario Hofer. O sea: la instrucción de causas está en manos de agentes poco capacitados, educados -al igual que sus oficiales- con un régimen autoritario, y en quienes no confían ni la Justicia ni los funcionarios. ¿De qué protocolos estamos hablando?
Alberto Lebbos, que desde el crimen de su hija en 2006 reclama respeto a reglamentaciones y control de procedimientos, tiene mil historias para contar; desde el ex fiscal Carlos Albaca que no cumplió con el procedimiento y dejó perder las pruebas de ADN en el caso de su hija, hasta la ley de protección de testigos sancionada en 2006 y que el gobernador José Alperovich jamás reglamentó. Lebbos, que también dice que “la Policía se educa con un sistema de la dictadura”, piensa que es un problema profundo y que la gran responsabilidad está en el sistema político, que genera confusión permanente y deriva estos problemas a la sociedad. “Acá hay exceso de leyes y de protocolos que no se cumplen. Acá falta sentido común -opina-. El reglamentarismo en exceso no sirve para nada”.
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