Por Roberto Delgado
08 Agosto 2015
Un sabor a poco dejó la reunión de los vecinos autoconvocados de Concepción con funcionarios del Poder Ejecutivo, la Justicia y la Defensoría del Pueblo el martes pasado a la noche. “Cada uno de ellos era como el muro de los lamentos. Uno iba con un problema y recibía más problemas acerca de lo que no pueden hacer”, dijo la médica Adriana Bueno. Sabor a poco, porque los funcionarios mismos están como desalentados. “La inseguridad no va a desaparecer a corto plazo porque involucra factores económicos, culturales y sociales que deben abordarse con profundidad”, dijo el defensor del Pueblo, Hugo Cabral. Pero se dijeron cosas fuertes.
Vida surrealista
Lo primero que se oyó fueron los relatos duros de los vecinos, sometidos a un modo de vivir que el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, calificó como surrealista, porque la inseguridad realmente contamina de tal modo la existencia normal de la gente del sur que no hay lógica para entenderla. Los arrebatadores parecen esperar a las mujeres: aunque no salgan con cartera sino con una bolsa de plástico, las atacan. Dicen que muchas llevan a mano gas pimienta cuando salen para ir a trabajar. “Ni en la ciudad ni en el campo. No se puede ir a esperar el ómnibus”, explica Bueno. A los que les roban las motos los ladrones o los asaltantes les piden rescate a sus celulares 15 minutos después de haber hecho la denuncia policial. El fiscal Edgardo Sánchez relata que desde el 1 de agosto al lunes pasado hubo 744 casos, entre robos, hurtos, robo agravado y robo de motos en Concepción. “De esos, 294 eran robos de motos, muchos de ellos muy violentos”. Agrega que el 80% de los robos son NN, es decir autores desconocidos, que no se investigan ni resuelven.
Reclamo y reconocimiento
El fiscal Jorge Echayde la pasó mal. La hermana de una víctima mortal le recriminó la falta de resolución de la causa y él hizo un duro reconocimiento. “Los delincuentes se perfeccionan al perpetrar un delito y de ahí que nosotros tenemos más dificultades para formular las acusaciones con las pruebas necesarias. No tenemos las herramientas técnicas o científicas necesarias”. Ese fue uno de los muros de los lamentos de los que habla la médica Bueno. Fue reconocido por el ministro Jiménez, aunque con una visión acaso justificadora en función del crecimiento poblacional y del delito y la falta de incremento de la infraestructura judicial. El fiscal Sánchez dice que en 2013 hubo 8.500 causas en el sur y que en 2014 fueron 11.100. Un 35% de aumento. El único cambio de infraestructura fue que los fiscales han comenzado a trabajar con turno vespertino. Dice que se agilizaron las causas.
El adicional, por mal camino
Un punto especial de la reunión fue el servicio adicional de los policías. Julián Delgado, del Centro Comercial del Sur, dijo que esa práctica es una fuente de corrupción. La doctora Bueno opinó que los agentes ponen el interés en el servicio adicional más que en sus tareas normales. “Vuelven cansados a las comisarías. Yo digo que vamos por mal camino porque los policías viven también de la inseguridad. Acá creció la venta de alarmas. Acá la alta sospecha es que todo el manejo del dinero adicional lo tiene el comisario, no el agente”, agregó. El jefe, Jorge Bustamante, replicó con fuerza: dijo que no se les puede prohibir porque cumplen estas tareas en sus francos, del mismo modo que los médicos empleados del Estado trabajan en su tiempo libre en su consultorio particular.
De lo que no se habló es de la competencia desleal con las agencias privadas de seguridad, del hecho de que el agente que hace servicio adicional lo hace con el arma aportada por el Estado y con el seguro laboral estatal. La vigilancia se brinda así al que puede pagarla y termina desbalanceándose la ecuación delito-seguridad, porque la delincuencia cae con fuerza sobre los que no pueden pagar protección: el pequeño comerciante, el jubilado, la mujer que espera el ómnibus, el trabajador en moto.
Planes sin tiempo
Con eso comenzaron las contradicciones fuertes. El secretario de seguridad, Paul Hofer, dijo que hay un programa integral de seguridad que se está aplicando con planificación y que las respuestas no son de un día al otro, sino estudiadas y ejecutadas con tiempo. Que las camionetas que se entregan aparecen después de un proceso de ocho meses. La doctora Bueno se ofendió. “Todos salen con que comenzaron su tarea en 2013. Acá no hay historia. Entonces habría que traerlos al ex ministro (Mario) López Herrera, al ex secretario (Eduardo) Di Lella y al ex ministro fiscal (Luis) De Mitri, para que cuenten dónde están los planes que ellos pusieron en marcha que deberían estar dando ahora sus frutos. La verdad es que a este tema lo postergaron desde 2003”. Y agrega que desde hace un año y medio se agravaron las cosas hasta el nivel intolerante de hoy.
Otras tareas
El debate sobre la cantidad de policías fue zanjado con los datos que tienen los autoconvocados. Tal vez no son específicamente los 16 agentes por turno que denunció el comerciante Delgado, ni los 250 que dijo tener el jefe de la Regional Sur, comisario Humberto Ruezgas. Son 658 en toda el área, desde Monteros hasta Rumi Punco y Simoca. De ellos, un 10% está con licencia médica, unos 90 están haciendo custodias policiales y el resto se debe dividir en tres por los descansos de 48 horas cada 24 horas. Quedan más o menos los 250 que dijo Ruezgas, quien explicó que no se encuentran en las calles porque “están cumpliendo otras tareas”. Adriana Bueno reconoció que en los últimos días, tras esta reunión, se vio más policías. “¿Dónde los tenían antes?”, preguntó.
¿Fácil o difícil?
No hay salidas fáciles. Los operativos multifuerzas con Gendarmería y la Policía Federal se están viniendo abajo desde que el Ministerio de Seguridad nacional cambió a la delegada local, Cristina de Robles Avalos (le dio licencia) por la camporista Jimena Vallejo, al parecer en medio de los recelos políticos por los comicios.
Por su parte, el ministro fiscal, aun reconociendo las carencias de la Justicia (promete que habrá más fiscales), piensa que es fundamental la coordinación entre los distintos estamentos y que el verdadero problema es que nadie cumple con su tarea. ”Esta es una provincia en la que es fácil dar seguridad. Es chica. No hay muchas salidas. Se puede hacer un control muy eficiente. Más que en hacer mapas del delito hay que enfocarse en que cada uno cumpla su función y sobre todo que la Policía responda a la Justicia”. Y recuerda que cuando él era secretario de Gobierno en 1991-92 “había bandas peligrosas enquistadas en la Policía que pusimos en vereda” (se refiere a los ex policías del Comando Atila, algunos de los cuales son hoy prósperos empresarios).
Hofer -que no sabe si lo que hace en el Gobierno tendrá continuidad después de octubre- prometió más policías y llevar a Concepción en algún momento el 911, que hoy sólo está en la Capital y alrededores. En la nota de ayer sobre el problema de los chicos narcoadictos, dijo: “Nosotros estamos haciendo mucho para disminuir los factores de riesgo y atacar las causas del delito. Ojalá que pronto se vean los efectos de esta acción y que sean positivos”.
Para ahora
Tras la reunión, los vecinos del sur se quedaron mirando: nadie habla de prevención ni plantea cómo puede llevarse a cabo una política de reducción del delito, sino sólo de reacción frente a una realidad terrorífica. “Es un proceso que nadie advirtió”, dice Bueno. “Nosotros entendemos que hay causas profundas, exclusión social, marginalidad, falta de trabajo, el problema de la droga y la rehabilitación. Nosotros no podemos dar respuestas a eso. Nos dicen que no hay soluciones de un día para el otro pero nosotros estamos preocupados por el aquí y el ahora. Si hace falta que pongan un policía en cada esquina, lo queremos ahora”, agrega.
Ilusión de control
Los autoconvocados insisten con el problema de la inseguridad desde hace tres años. Han logrado reunir a los factores. No les reconocen a los funcionarios las acciones que consideran que son positivas, como la creación del Consejo de Seguridad Barrial, que atiende José Farhat- porque “él viene bajo presión, no está integrado a lo que les pasa a los vecinos”, si bien ven que hay una cierta predisposición oficial, que no saben cuánto durará. Hace una semana los concejales de Concepción sacaron un proyecto de resolución dictando la emergencia en seguridad en “La Perla del Sur”. El intendente Osvaldo Morelli no concurrió a la reunión. Pero también podría tener que verse obligado a ir. Los vecinos van presionando con la necesidad de que se los escuche de otra manera, no solamente cuando cortan rutas o cuando salen a atrapar delincuentes por su cuenta. “Los cargos de seguridad deberían ser por concurso y los ciudadanos deberíamos tener el control”, describió Bueno. Aunque por ahora nadie tiene ese control y por eso la inseguridad reina.
Vida surrealista
Lo primero que se oyó fueron los relatos duros de los vecinos, sometidos a un modo de vivir que el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, calificó como surrealista, porque la inseguridad realmente contamina de tal modo la existencia normal de la gente del sur que no hay lógica para entenderla. Los arrebatadores parecen esperar a las mujeres: aunque no salgan con cartera sino con una bolsa de plástico, las atacan. Dicen que muchas llevan a mano gas pimienta cuando salen para ir a trabajar. “Ni en la ciudad ni en el campo. No se puede ir a esperar el ómnibus”, explica Bueno. A los que les roban las motos los ladrones o los asaltantes les piden rescate a sus celulares 15 minutos después de haber hecho la denuncia policial. El fiscal Edgardo Sánchez relata que desde el 1 de agosto al lunes pasado hubo 744 casos, entre robos, hurtos, robo agravado y robo de motos en Concepción. “De esos, 294 eran robos de motos, muchos de ellos muy violentos”. Agrega que el 80% de los robos son NN, es decir autores desconocidos, que no se investigan ni resuelven.
Reclamo y reconocimiento
El fiscal Jorge Echayde la pasó mal. La hermana de una víctima mortal le recriminó la falta de resolución de la causa y él hizo un duro reconocimiento. “Los delincuentes se perfeccionan al perpetrar un delito y de ahí que nosotros tenemos más dificultades para formular las acusaciones con las pruebas necesarias. No tenemos las herramientas técnicas o científicas necesarias”. Ese fue uno de los muros de los lamentos de los que habla la médica Bueno. Fue reconocido por el ministro Jiménez, aunque con una visión acaso justificadora en función del crecimiento poblacional y del delito y la falta de incremento de la infraestructura judicial. El fiscal Sánchez dice que en 2013 hubo 8.500 causas en el sur y que en 2014 fueron 11.100. Un 35% de aumento. El único cambio de infraestructura fue que los fiscales han comenzado a trabajar con turno vespertino. Dice que se agilizaron las causas.
El adicional, por mal camino
Un punto especial de la reunión fue el servicio adicional de los policías. Julián Delgado, del Centro Comercial del Sur, dijo que esa práctica es una fuente de corrupción. La doctora Bueno opinó que los agentes ponen el interés en el servicio adicional más que en sus tareas normales. “Vuelven cansados a las comisarías. Yo digo que vamos por mal camino porque los policías viven también de la inseguridad. Acá creció la venta de alarmas. Acá la alta sospecha es que todo el manejo del dinero adicional lo tiene el comisario, no el agente”, agregó. El jefe, Jorge Bustamante, replicó con fuerza: dijo que no se les puede prohibir porque cumplen estas tareas en sus francos, del mismo modo que los médicos empleados del Estado trabajan en su tiempo libre en su consultorio particular.
De lo que no se habló es de la competencia desleal con las agencias privadas de seguridad, del hecho de que el agente que hace servicio adicional lo hace con el arma aportada por el Estado y con el seguro laboral estatal. La vigilancia se brinda así al que puede pagarla y termina desbalanceándose la ecuación delito-seguridad, porque la delincuencia cae con fuerza sobre los que no pueden pagar protección: el pequeño comerciante, el jubilado, la mujer que espera el ómnibus, el trabajador en moto.
Planes sin tiempo
Con eso comenzaron las contradicciones fuertes. El secretario de seguridad, Paul Hofer, dijo que hay un programa integral de seguridad que se está aplicando con planificación y que las respuestas no son de un día al otro, sino estudiadas y ejecutadas con tiempo. Que las camionetas que se entregan aparecen después de un proceso de ocho meses. La doctora Bueno se ofendió. “Todos salen con que comenzaron su tarea en 2013. Acá no hay historia. Entonces habría que traerlos al ex ministro (Mario) López Herrera, al ex secretario (Eduardo) Di Lella y al ex ministro fiscal (Luis) De Mitri, para que cuenten dónde están los planes que ellos pusieron en marcha que deberían estar dando ahora sus frutos. La verdad es que a este tema lo postergaron desde 2003”. Y agrega que desde hace un año y medio se agravaron las cosas hasta el nivel intolerante de hoy.
Otras tareas
El debate sobre la cantidad de policías fue zanjado con los datos que tienen los autoconvocados. Tal vez no son específicamente los 16 agentes por turno que denunció el comerciante Delgado, ni los 250 que dijo tener el jefe de la Regional Sur, comisario Humberto Ruezgas. Son 658 en toda el área, desde Monteros hasta Rumi Punco y Simoca. De ellos, un 10% está con licencia médica, unos 90 están haciendo custodias policiales y el resto se debe dividir en tres por los descansos de 48 horas cada 24 horas. Quedan más o menos los 250 que dijo Ruezgas, quien explicó que no se encuentran en las calles porque “están cumpliendo otras tareas”. Adriana Bueno reconoció que en los últimos días, tras esta reunión, se vio más policías. “¿Dónde los tenían antes?”, preguntó.
¿Fácil o difícil?
No hay salidas fáciles. Los operativos multifuerzas con Gendarmería y la Policía Federal se están viniendo abajo desde que el Ministerio de Seguridad nacional cambió a la delegada local, Cristina de Robles Avalos (le dio licencia) por la camporista Jimena Vallejo, al parecer en medio de los recelos políticos por los comicios.
Por su parte, el ministro fiscal, aun reconociendo las carencias de la Justicia (promete que habrá más fiscales), piensa que es fundamental la coordinación entre los distintos estamentos y que el verdadero problema es que nadie cumple con su tarea. ”Esta es una provincia en la que es fácil dar seguridad. Es chica. No hay muchas salidas. Se puede hacer un control muy eficiente. Más que en hacer mapas del delito hay que enfocarse en que cada uno cumpla su función y sobre todo que la Policía responda a la Justicia”. Y recuerda que cuando él era secretario de Gobierno en 1991-92 “había bandas peligrosas enquistadas en la Policía que pusimos en vereda” (se refiere a los ex policías del Comando Atila, algunos de los cuales son hoy prósperos empresarios).
Hofer -que no sabe si lo que hace en el Gobierno tendrá continuidad después de octubre- prometió más policías y llevar a Concepción en algún momento el 911, que hoy sólo está en la Capital y alrededores. En la nota de ayer sobre el problema de los chicos narcoadictos, dijo: “Nosotros estamos haciendo mucho para disminuir los factores de riesgo y atacar las causas del delito. Ojalá que pronto se vean los efectos de esta acción y que sean positivos”.
Para ahora
Tras la reunión, los vecinos del sur se quedaron mirando: nadie habla de prevención ni plantea cómo puede llevarse a cabo una política de reducción del delito, sino sólo de reacción frente a una realidad terrorífica. “Es un proceso que nadie advirtió”, dice Bueno. “Nosotros entendemos que hay causas profundas, exclusión social, marginalidad, falta de trabajo, el problema de la droga y la rehabilitación. Nosotros no podemos dar respuestas a eso. Nos dicen que no hay soluciones de un día para el otro pero nosotros estamos preocupados por el aquí y el ahora. Si hace falta que pongan un policía en cada esquina, lo queremos ahora”, agrega.
Ilusión de control
Los autoconvocados insisten con el problema de la inseguridad desde hace tres años. Han logrado reunir a los factores. No les reconocen a los funcionarios las acciones que consideran que son positivas, como la creación del Consejo de Seguridad Barrial, que atiende José Farhat- porque “él viene bajo presión, no está integrado a lo que les pasa a los vecinos”, si bien ven que hay una cierta predisposición oficial, que no saben cuánto durará. Hace una semana los concejales de Concepción sacaron un proyecto de resolución dictando la emergencia en seguridad en “La Perla del Sur”. El intendente Osvaldo Morelli no concurrió a la reunión. Pero también podría tener que verse obligado a ir. Los vecinos van presionando con la necesidad de que se los escuche de otra manera, no solamente cuando cortan rutas o cuando salen a atrapar delincuentes por su cuenta. “Los cargos de seguridad deberían ser por concurso y los ciudadanos deberíamos tener el control”, describió Bueno. Aunque por ahora nadie tiene ese control y por eso la inseguridad reina.
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