“Sólo buscan quitarnos las tierras”, aseguran los Daghero

En su mayoría, son trabajadores golondrinas. Comienzan en febrero y marzo trabajando en Mendoza y San Juan, con la cosecha de la uva. Luego van a La Rioja y Catamarca por el olivo, y llegan a Tucumán a trabajar en las cortadas de ladrillo. Al terminar ese ciclo, regresan a su Bolivia natal.

Esa es una de las características que, según los Daghero (Néstor Héctor Daghero y sus hijos Héctor Adrián Daghero y Cristian Esteban Daghero) tienen los empleados de la cortada de ladrillos. La semana pasada, el juez Fernando Poviña rechazó procesarlos por trata de personas con fines de explotación laboral, al considerar que hasta aquí, la investigación del ministerio Fiscal sólo comprobó precarización laboral.

“Muchos de los que trabajan con nosotros tienen planes sociales, y nos piden que no los pongamos en blanco porque perderán ese beneficio”, aseguró Héctor Daguero.

La cortada de ladrillos queda en el kilómetro nueve de la ruta provincial 305, en Las Talitas. El predio pertenece a Néstor Daghero, quien lo dividió en parcelas y, según aseguró, lo arrendó a distintas personas que llevan adelante la explotación de la tierra. Dos de esas parcelas son arrendadas por sus hijos.

“Lo que armaron fue una maquinaria perversa y maquiavélica para quitarnos las tierras. No les importaba meter presas a personas que trabajan desde hace años en esto, y desprestigiarnos. Sólo buscan quitarnos las tierras”, expresó Cristian Daghero.

Como ejemplo, el hombre aseguró que la parcela que él explota fue desmantelada y que le vendieron todos los ladrillos. Además, dijeron que toda la actividad se desarrolla de manera arcaica, y que los que trabajan en el barro lo tienen que hacer descalzos.

En Tucumán hay alrededor de 500 cortadas de ladrillos, aseguró el abogado Juan Carlos Valor, representante de los Daghero. El 90 % de los trabajadores no están registrados. “La actividad suele ser informal”, explicó Héctor Daghero.

Salvo dos o tres empresas, el resto de las cortadas son “de campaña”, señalaron. Es decir que la tierra puede ser explotada para obtener el barro entre cuatro y cinco años. Luego hay que buscar otro terreno.

“La preparación del barro se hace descalzo. Se amontona la tierra, se la abre, se la moja y se la pisa. No se puede hacer con botas o zapatillas”, dijo Héctor Daghero, quien agregó que sólo hay dos o tres empresas en la provincia que incorporaron tecnología, y que no utilizan el método arcaico para fabricar el barro.

“Pero es un procedimiento más costoso y no podríamos competir con el precio de los que no se adaptan”, aseveró el dueño de la cortada. Incluso reconoció que tuvieron dificultades económicas en 2009, cuando se habían visto obligados a regularizar a los empleados.

Luego de fabricar el barro, los empleados de las cortadas tienen que moldearlo, y cuando está seco lo trasladan a una zona de armado, donde se le va dando forma de ladrillo. Finalmente se lo introduce en los hornos donde se quema y se obtiene el producto.

“Tenemos seis meses buenos y seis malos. En época de lluvia no se puede producir. A veces sucede que nos piden un adelanto, como en cualquier empresa, y luego se les va descontando. Se trabaja por producción”, describieron los Daghero.

Los ladrilleros reconocieron que la situación de los trabajadores no está regularizada como dice la ley, pero que eso sucede en toda la actividad. “Para que no haya competencia desleal, tienen que estar normalizados todos, por los costos que eso significa”, aseguraron.

Si bien es probable que la Fiscalía Federal apele la sentencia de Poviña, de todas maneras el juez los autorizó a continuar la investigación para determinar o descartar definitivamente si hay trata de personas laboral.