Jugando con fuego sagrado

Jugando con fuego sagrado

La Junta Electoral Provincial ha entrado en un tira y afloje muy riesgoso para afrontar los comicios tucumanos del 23 de agosto. Los vocales logran ponerse de acuerdo en cosas que no se harán y no en aquellas que son necesarias.

Beatriz Bordinaro de Peluffo nunca debe haber imaginado cuánto quema la brasa del poder. Es una contadora que se inició en la Dirección de Rentas y que terminó como concejala de Concepción. El vendaval alperovichista la sentó en la Legislatura y la ambición la convirtió en vocal de la Junta Electoral Provincial. Esta semana tuvo en sus manos nada menos que el destino de Edmundo Jiménez, el ministro fiscal al que casi todos los partidos políticos de la oposición no quieren ver en el órgano de control de los comicios. Jiménez no está acostumbrado a perder y Bordinaro de Peluffo lo tuvo al borde del nocaut pero eligió levantarle el brazo. La legisladora oficialista pudo haber votado conteste con el presidente de la Corte, Antonio Gandur. Esa coincidencia hubiera alcanzado para que Jiménez hubiera quedado fuera del organismo electoral, como querían varios partidos opositores que consideran que el ministro fiscal no puede ser neutral en sus decisiones.

Bordinaro de Peluffo alguna vez simpatizó con el bussismo, luego se animó a enfrentarlo en “La Perla del Sur”, y finalmente la acunaron en el alperovichismo. Llegó a la Junta Electoral Provincial porque no es candidata y, por lo tanto, quedó como vocal luego de varios descartes, que comenzaron por el vicegobernador. No tuvo afiches ni pancartas, pero bastó su votó en favor de Jiménez para que su cara se viera en anónimas pegatinas difamatorias que la maltratan por su actuación en el ente fiscalizador de votaciones. No es la única: comparte la campaña de desacreditación con Jiménez y con el fiscal de cámara Carlos Sale. Este y ella firmaron la resolución que evitó el nocaut de Jiménez en la Junta.

Este organismo es el último reducto que tiene el ciudadano para que los comicios le den la tranquilidad y la certeza de que su voto tendrá el valor que la democracia le confiere. Lamentablemente, el conflicto que se ha instalado en el Poder Judicial se ha trasladado a la Junta Electoral Provincial. El presidente de la Corte ha iniciado, en los Tribunales, una investigación que involucra al ministro fiscal. Esto ha derivado en la ruptura de relaciones entre Gandur y Jiménez. Ambos son ahora, por los cargos públicos que desempeñan, los pilares sobre los que la Junta Electoral debe apoyarse para ser una institución fundamental y pétrea para conducir las elecciones tucumanas. Ese objetivo, sin embargo, se aleja cada vez más, porque las relaciones entre ambos hombres es cada vez más difícil.

El Poder Ejecutivo, que se viste por estas horas con la camiseta del Frente para la Victoria más que con la de gobernante, ha decidido callar. Sin embargo, las idas y vueltas han provocado que se interprete que Gandur defiende los planteos opositores en contra del oficialismo; el cual -siguiendo la misma hermenéutica- ha quedado encarnado por Jiménez, por Bordinaro de Peluffo y, ahora también, por Sale, quien intervino en el duelo de recusaciones como si fuera miembro de la Junta Electoral, sólo porque se lo ordenó Bordinaro de Peluffo.

No obstante, esta participación de Sale es desconocida por Gandur y, como era de esperarse, es avalada por Jiménez, quien se anima a desafiar en sus dichos en privado que a él no lo sacará nadie de la Junta, salvo que se lo pida José Alperovich. Precisamente, el gobernador no le va a solicitar semejante cosa. Por cierto, tampoco hará ningún embate contra Gandur porque, si el magistrado queda mal parado en el organismo electoral que preside, la actual reyerta podría escalar en su intensidad hasta convertirse en un conflicto político. Si esto ocurriera a menos de 20 días de las elecciones, los riesgos que se correrían serían altísimos.

El ciudadano, mientras tanto, se acerca al 23 de agosto en un clima violento en la campaña; y con mensajes de conflictos -y no de autoridad- en la entidad estatal que debe fiscalizar las elecciones.

Jiménez dice que él tiene razón porque avisó hace muchos días que a él lo reemplazaba Sale. Gandur sostiene que desde 2000 está vigente una resolución (doctrina impuesta por José Ricardo Falú, a la sazón, ex ministro fiscal) que establece una línea de reemplazos que, según el titular de la Corte, hace que la suplencia deba pasar por la fiscala de Cámara Elena Sangenis de Terraf y, en caso de que ella se excusara (como efectivamente ocurrió) por el fiscal Alejandro Noguera.

Más allá de los argumentos y de los procedimientos, lo cierto es que la disputa debilita a la institución.

La vida de la Junta Electoral parece transcurrir en tiempos y espacios muy diferentes. Así como Jiménez y Bordinaro de Peluffo son capaces de mostrar uñas y dientes contra Gandur, no tienen ningún problema de firmar una resolución unánime para combatir las mañas que ellos mismos como políticos supieron compartir -o por lo menos soslayar- cada vez que estuvieron en la contienda electoral. Lejos de hacer futurología -tarea prohibida en periodismo- nadie puede imaginar que los bolsones desaparecerán y que los acarreos dejarán de existir como por arte de magia, sólo porque las autoridades electorales lograron un acuerdo. Como si los imposibles los uniera y lo posible los separara…

Acuerdos complicados

Mientras estos dos hombres se enfrentan como boxeadores que ansían ver al otro en la lona, en la Capital tucumana los integrantes de los acoples, tanto del Acuerdo del Bicentenario como los del Frente para la Victoria, parecen trenzados en un scrum interminable. Los acoples oficiales, de ambas listas, se estructuraron con la certeza de que llegarían a la Legislatura los dos primeros postulantes. Eso pasó en las elecciones de 2011, pero hoy el panorama parece mucho más complicado.

En el Acuerdo, los acoples de Domingo Amaya empujan hacia un lado y los de José Cano hacia el otro, como si fueran compartimientos estancos y no partes de una misma estructura.

En el oficialismo, los padecimientos no son muy diferentes. La diferencia está en el lenguaje que utilizan unos y otros. Están los que tienen “territorio” y los que solamente apelan a los afiches y a los escritorios que delegó el gobernador. Los unos y los otros suman casi el doble de candidatos “fuertes” y sólo hay 19 bancas legislativas para repartirse, entre siete fuerzas y sus cientos de acoples, en San Miguel de Tucumán.

El oficialismo está apelando a más de una encuesta para auscultar qué está ocurriendo en toda la provincia y en la Capital. Los “sijosesistas” cuentan en voz baja que siguen tranquilos en el interior, pero que aún tienen números en rojo en la Capital. Advierten, además, que el mandatario provincial tiene medido cada uno de los municipios para desnudar a aquellos candidatos que aseguran tener controlado el territorio.

Sin plataforma

En el siglo pasado, cuando los partidos políticos salían a la contienda electoral presentaban una “listita” con las propuestas de lo que iban a realizar. Podían ser anhelos o ilusiones, pero con la firma de los candidatos y apoderados de los partidos se decía claramente qué podían esperar los ciudadanos. Hoy en este moderno y tecnologizado siglo ese “listadito” ha quedado para hacer las compras en el súper y nada más. Aquella que alguna vez se llamó “plataforma electoral” era un verdadero compromiso del candidato con su elector. No sólo le decía lo que quería e iba a realizar, sino que además generaba previsibilidad aún cuando después no pudiera por haber sido un iluso. Todo eso se ha perdido en la nebulosa de esloganes con palabras que pueden tener o no sentido y dejando al elector en el compromiso de que termine votando figuritas.

Como agravante, en el afán de decir lo que alguien supone que los electores quieren escuchar, han entrado en una confusión lamentable y contagiosa. No debe haber ningún candidato a intendente de la provincia que no haya dicho que va a trabajar por la seguridad y que tiene todo un plan de gestión para dar seguridad a la ciudad por la que se postula. Pero la seguridad, por lo menos hasta que se cambie la Constitución, es un problema del gobierno provincial y no de las ciudades ni de los intendentes.

Está claro que al no haber logrado resultados en estos 12 años, todos -incluso los oficialistas- prometen dar la seguridad que no les compete. Alperovich más de una vez dijo que no sabía qué hacer y que no tenía respuestas en materia de seguridad. Esa falla ha derivado en esta confusión electoral y ha delegado una carga indebida a las ciudades.

Algo parecido ocurre con el federalismo argentino.

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