Rechazan el procesamiento de los dueños de la cortada de ladrillos

“Declarar que, por ahora, no existen méritos suficientes para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer a Néstor Héctor Daghero, Cristian Esteban Daghero y Héctor Adrián Daghero”, dice en el punto “uno” de la resolución que el juez Federal N° 2 de Tucumán, Fernando Poviña, notificó ayer a los abogados de los dueños de la cortada de ladrillos, que estaban siendo investigados por trata de personas con fines de explotación laboral.

“Como dijimos siempre, se trata de un caso de posibles infracciones a leyes laborales, pero no hay ningún elemento para hablar de trata laboral”, afirmó el abogado Juan Carlos Valor, quien junto a José del Río representa a la familia Daghero. Poviña pareció darles la razón a los letrados, ya que en el punto “tres” de la resolución dispone que se ponga en conocimiento de las autoridades de Trabajo de la provincia lo que consta en el expediente, para que merituen si hay irregularidades de esa competencia.

La investigación

La cortada de ladrillos se encuentra ubicada en el kilómetro nueve de la ruta provincial 305, en Las Talitas. En marzo del año pasado habían llegado a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) de Tucumán, unas planillas de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la zona, en la que se detallaban las condiciones precarias en las que debían trabajar los obreros de la cortada de ladrillos, quienes fueron atendidos en el centro asistencial por diversas dolencias.

En septiembre, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, realizó la denuncia en el Juzgado Federal, alertando que en el predio de Las Talitas se explotaba laboralmente a varias personas, muchas de ellas provenientes de Bolivia.

El fiscal Federal Pablo Camuña encabezó los allanamientos que se realizaron el 1 de junio en la cortada de ladrillos. 31 personas estaban trabajando en el lugar, y muchos de ellos residían en pequeños cuartos sin baño ni cocina.

Luego de las declaraciones de varios obreros, el fiscal pidió el procesamiento de los dueños de la cortada (los Daghero) y que se permita a los trabajadores vender los ladrillos para que continúen subsistiendo, entre otras medidas.

Camuña consideró que se había probado, a través de las declaraciones, que “medió engaño y fraude en contra de las víctimas al momento de realizar la oferta laboral a la vez que hubo un claro abuso de su situación de vulnerabilidad; (que) las víctimas acreditadas en la causa son al menos 31, sobrepasando largamente el número de tres que la ley requiere para calificar la conducta; (que) en este caso se pudo detectar al menos a tres personas involucradas en la comisión del delito, ello sin perjuicio de nuevos partícipes que pudieran surgir de la investigación; (y que) la explotación laboral está manifiestamente acreditada, específicamente en la cortada de ladrillos”.

Poviña rechazó, además del procesamiento, las medidas que había pedido el ministerio Fiscal. Sin embargo, en el último punto de la resolución dispone que se notifique al fiscal la decisión que había tomado, a fin de que prosiga con la investigación de la causa.