Por LA GACETA
31 Julio 2015
Desde hace mucho tiempo, por diversos motivos es la causa de desvelos de miles de comprovincianos, que suelen ser las víctimas preferidas de los profesionales que cobran el tristemente impune “plus médico”. El Subsidio de Salud de Tucumán da cobertura a más de 350.000 personas; fue intervenido en 1990 mediante el decreto 1.217 que prescribía que en seis meses debía integrarse el nuevo directorio mediante comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, hecho que nunca ocurrió.
El domingo pasado, los candidatos a gobernar a los tucumanos expusieron sus propuestas sobre qué acciones implementarán en beneficio de sus afiliados, que según denuncias, hay médicos que les cobran ahora dos órdenes más el honorario ilegal que varía entre los $50 y los $500 o más, sin darles un recibo.
Se propuso, por ejemplo, cesar con la intervención del Subsidio y que este sea dirigido por quienes deben; establecer un acuerdo paritario con los prestadores de salud, en el cual quede prohibido el cobro de cualquier plus; establecer el alcance de las prestaciones y la cobertura de los medicamentos. Definir si se trata o no de una obra social y a partir de allí negociar con los prestadores de salud condiciones dignas y transparentes de retribución de sus servicios y de atención a los afiliados. Se dijo también que uno de los grandes desafíos será lograr la cobertura universal de salud, teniendo en cuenta que en los últimos 12 años hubo una importante inversión en recursos físicos y equipamiento, y se triplicaron los recursos humanos. Se planteó la necesidad de crear de un padrón de beneficiarios del sistema público de salud en el que se encuentren inscriptos todos los habitantes de la provincia que no cuenten con obra social, cobertura de medicina prepaga o medios económicos suficientes para afrontar el pago de las prestaciones médicas.
Hay, por cierto, otras situaciones que padecen los afiliados, cuyas quejas se publican con frecuencia en nuestra Sección Cartas de Lectores. Por ejemplo, la ley N° 24.901 de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral de las Personas con Discapacidad contempla todo tipo de prestaciones por parte de las obras sociales y reconoce medicamentos y productos que no se producen en Argentina. El Subsidio cuenta con 4.391 personas con discapacidad, que representan el 1,25% de sus 350.000 beneficiarios. Cuando se le niegan prestaciones a un afiliado, con frecuencia las acciones para conseguir el derecho a la salud alcanzan ribetes kafkianos, ya que este debe acudir a la Justicia, lo cual contribuye a empeorar el estado de un paciente por la demora en resolverse el pedido. Se supone que cuando se solicita una prestación específica es porque se la necesita, no porque se la inventa para provocarle un daño económico al SS.
Sería interesante que los candidatos que no lo hayan hecho aún, tuvieran la emocionante experiencia de convivir una mañana -como cualquier vecino- con los beneficiarios que pierden varias horas de su vida diaria en adquirir órdenes de consultas y recetarios o en autorizaciones, que conversaran con ancianos que necesitan más recetarios de los habituales por la cantidad de medicamentos que toman, con discapacitados o sus familiares que estuvieran en la cola. Tal vez tomarían mayor conciencia de ocuparse prioritariamente de un organismo que afecta la vida de más de 300.000 tucumanos.
El domingo pasado, los candidatos a gobernar a los tucumanos expusieron sus propuestas sobre qué acciones implementarán en beneficio de sus afiliados, que según denuncias, hay médicos que les cobran ahora dos órdenes más el honorario ilegal que varía entre los $50 y los $500 o más, sin darles un recibo.
Se propuso, por ejemplo, cesar con la intervención del Subsidio y que este sea dirigido por quienes deben; establecer un acuerdo paritario con los prestadores de salud, en el cual quede prohibido el cobro de cualquier plus; establecer el alcance de las prestaciones y la cobertura de los medicamentos. Definir si se trata o no de una obra social y a partir de allí negociar con los prestadores de salud condiciones dignas y transparentes de retribución de sus servicios y de atención a los afiliados. Se dijo también que uno de los grandes desafíos será lograr la cobertura universal de salud, teniendo en cuenta que en los últimos 12 años hubo una importante inversión en recursos físicos y equipamiento, y se triplicaron los recursos humanos. Se planteó la necesidad de crear de un padrón de beneficiarios del sistema público de salud en el que se encuentren inscriptos todos los habitantes de la provincia que no cuenten con obra social, cobertura de medicina prepaga o medios económicos suficientes para afrontar el pago de las prestaciones médicas.
Hay, por cierto, otras situaciones que padecen los afiliados, cuyas quejas se publican con frecuencia en nuestra Sección Cartas de Lectores. Por ejemplo, la ley N° 24.901 de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral de las Personas con Discapacidad contempla todo tipo de prestaciones por parte de las obras sociales y reconoce medicamentos y productos que no se producen en Argentina. El Subsidio cuenta con 4.391 personas con discapacidad, que representan el 1,25% de sus 350.000 beneficiarios. Cuando se le niegan prestaciones a un afiliado, con frecuencia las acciones para conseguir el derecho a la salud alcanzan ribetes kafkianos, ya que este debe acudir a la Justicia, lo cual contribuye a empeorar el estado de un paciente por la demora en resolverse el pedido. Se supone que cuando se solicita una prestación específica es porque se la necesita, no porque se la inventa para provocarle un daño económico al SS.
Sería interesante que los candidatos que no lo hayan hecho aún, tuvieran la emocionante experiencia de convivir una mañana -como cualquier vecino- con los beneficiarios que pierden varias horas de su vida diaria en adquirir órdenes de consultas y recetarios o en autorizaciones, que conversaran con ancianos que necesitan más recetarios de los habituales por la cantidad de medicamentos que toman, con discapacitados o sus familiares que estuvieran en la cola. Tal vez tomarían mayor conciencia de ocuparse prioritariamente de un organismo que afecta la vida de más de 300.000 tucumanos.
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