30 Julio 2015
LA FOTO POLÉMICA. En abril, opositores al intendente fotografiaron a un camión (propiedad de su pareja) descargando mercadería en el municipio. archivo
La decisión del intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, de contratar a su pareja, Nerina Julieta Mustafá, como proveedora del municipio, fue el disparador de una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito en contra del jefe municipal tafinisto. Y a tres meses de aquella presentación -en ese lapso hubo ampliaciones de la demanda- realizada por el concejal Daniel Arnedo y por el dirigente Sebastián Salazar, el juez de Instrucción de Monteros Mario Velázquez solicitó formalmente el desafuero del intendente para poder someterlo a una investigación jurisdiccional. Le endilga la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, defraudación por administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito.
En las ampliaciones de la denuncia patrocinada por el abogado Oscar López, los dirigentes adujeron que Yapura Astorga se vio beneficiado económicamente. Como prueba de estas aseveraciones, Arnedo y Luna sostuvieron en un escrito presentado ante el juez que los integrantes de la familia Yapura Astorga poseen vehículos en propiedad que casi ascienden a los $ 2 millones. “No hay manera que pueda justificar la flota vehicular que posee con el sueldo de intendente, que no supera los $ 12.000”, había señalado Arnedo.
En la denuncia judicial detallaron que el hijo del jefe municipal posee dos vehículos que figurarían a su nombre. “Posee un auto Mercedes Benz C 250 modelo 2013 valuado en $ 600.000. También tiene un Wolkswagen Vento valuado en $ 200.000. Su hija tiene un Toyota Corolla valuado en $ 250.000 y su esposa un camión Mercedes Benz valuado en más de $ 700.000”, informaron los demandantes en la ampliatoria.
Ayer, el juez Veláquez envió al Concejo Deliberante de la capital el pedido de desafuero de Yapura Astorga para poder abrir una investigación y procesar al funcionario alperovichista si es que lo considera necesario.
De acuerdo a lo que estipulan la Ley Orgánica de Municipalidades y el Código Procesal Penal de Tucumán, el cuerpo legisferante de Tafí del Valle cuenta con 15 días desde el momento de la notificación -ese acto administrativo se produjo ayer- para conceder o denegar el pedido del magistrado. Ocurre que para que Yapura Astorga sea juzgado, primero debe ser desposeído de los privilegios constitucionales (fueros). Para que prospere el pedido del juez, el desafuero debe ser avalado por los dos tercios de los votos (cuatro de los seis concejales que conforman el cuerpo deliberativo municipal). De acuerdo a lo que establecen las normas, si en los próximos 15 días el Concejo no se pronuncia sobre la solicitud de Velázquez, se considera que fue concedida de manera tácita. Y en caso de que denieguen el pedido, esa decisión debe ser fundada por los concejales y comunicada.
El magistrado sostiene en su resolución que existe “mérito suficiente” para iniciar una investigación jurisdiccional en contra del jefe municipal.
Con la modificación de la Constitución provincial de 2006, los intendentes también modificaron su status político y obtuvieron privilegios constitucionales, equiparables a los que posee el gobernador. El artículo 138 de la nueva Carta Magna provincial expresa: “el intendente municipal, cuando sea sujeto de actuaciones en sede judicial, tendrá prerrogativas procesales equivalentes a la del titular del Poder Ejecutivo. Los concejales no podrán ser molestados por los dichos emitidos en el seno del recinto”.
El intendente tafinisto no es el único denunciado por haber cometido un presunto fraude en contra de la Municipalidad. También fue demandada su concubina, Mustafá; la hija del jefe municipal y a la vez secretaria de Bienestar Social del municipio, Yessica Yapura Astorga; y la secretaria de Gobierno, Sonia del Valle Saavedra.
La pesquisa que lleva a cabo la Justicia penal alcanza también al contador General de la Municipalidad de Tafí del Valle, Julio Antonio Mercado, quien fue denunciado como coautor del presunto delito de enriquecimiento ilícito, a instancias de haber adquirido vehículos -según la demanda efectuada por Arnedo y Salazar- por casi $ 2 millones, cuando su sueldo mensual no superaría los $ 10.000, según relataron los denunciantes.
En su descargo ante LA GACETA, Mercado había expresado: “es todo mentira. Poseo una empresa de transporte desde el año 2000. Estoy inscripto en la AFIP y además tengo mi actividad particular por mi estudio contable. Todo lo que tengo es un auto y una camioneta. Es mentira que tenga vehículos por $ 2 millones”.
“No fui notificado”
Ayer, al ser consultado por este diario, Yapura Astorga aseguró que aún no había sido notificado de la medida judicial, al tiempo que relativizó el pedido del juez al calificarla de “medida política”.
“Es muy raro que Velázquez haya pedido un desafuero cuando tiene un pedido de juicio político por ignorancia supina del derecho. Lo que quiero decir es que el contador Mercado presentó un pedido de juicio político y lo ratificó ante la Legislatura. No estoy ahora en Tucumán, sino les mostraría todas las barbaridades que ha escrito este juez, aunque a mí todavía no me notificó”, se defendió Yapura Astorga.
“Todos los informes solicitados por Velázquez fueron contestados por el contador Mercado, por la secretaria de Bienestar Social y por el Concejo Deliberante. Si este juez tiene un pedido de juicio político, lo menos que podría haber hecho un hombre de bien es excusarse. Me parece que es una medida política, y más ahora que se vienen las elecciones”, cuestionó el jefe municipal.
En las ampliaciones de la denuncia patrocinada por el abogado Oscar López, los dirigentes adujeron que Yapura Astorga se vio beneficiado económicamente. Como prueba de estas aseveraciones, Arnedo y Luna sostuvieron en un escrito presentado ante el juez que los integrantes de la familia Yapura Astorga poseen vehículos en propiedad que casi ascienden a los $ 2 millones. “No hay manera que pueda justificar la flota vehicular que posee con el sueldo de intendente, que no supera los $ 12.000”, había señalado Arnedo.
En la denuncia judicial detallaron que el hijo del jefe municipal posee dos vehículos que figurarían a su nombre. “Posee un auto Mercedes Benz C 250 modelo 2013 valuado en $ 600.000. También tiene un Wolkswagen Vento valuado en $ 200.000. Su hija tiene un Toyota Corolla valuado en $ 250.000 y su esposa un camión Mercedes Benz valuado en más de $ 700.000”, informaron los demandantes en la ampliatoria.
Ayer, el juez Veláquez envió al Concejo Deliberante de la capital el pedido de desafuero de Yapura Astorga para poder abrir una investigación y procesar al funcionario alperovichista si es que lo considera necesario.
De acuerdo a lo que estipulan la Ley Orgánica de Municipalidades y el Código Procesal Penal de Tucumán, el cuerpo legisferante de Tafí del Valle cuenta con 15 días desde el momento de la notificación -ese acto administrativo se produjo ayer- para conceder o denegar el pedido del magistrado. Ocurre que para que Yapura Astorga sea juzgado, primero debe ser desposeído de los privilegios constitucionales (fueros). Para que prospere el pedido del juez, el desafuero debe ser avalado por los dos tercios de los votos (cuatro de los seis concejales que conforman el cuerpo deliberativo municipal). De acuerdo a lo que establecen las normas, si en los próximos 15 días el Concejo no se pronuncia sobre la solicitud de Velázquez, se considera que fue concedida de manera tácita. Y en caso de que denieguen el pedido, esa decisión debe ser fundada por los concejales y comunicada.
El magistrado sostiene en su resolución que existe “mérito suficiente” para iniciar una investigación jurisdiccional en contra del jefe municipal.
Con la modificación de la Constitución provincial de 2006, los intendentes también modificaron su status político y obtuvieron privilegios constitucionales, equiparables a los que posee el gobernador. El artículo 138 de la nueva Carta Magna provincial expresa: “el intendente municipal, cuando sea sujeto de actuaciones en sede judicial, tendrá prerrogativas procesales equivalentes a la del titular del Poder Ejecutivo. Los concejales no podrán ser molestados por los dichos emitidos en el seno del recinto”.
El intendente tafinisto no es el único denunciado por haber cometido un presunto fraude en contra de la Municipalidad. También fue demandada su concubina, Mustafá; la hija del jefe municipal y a la vez secretaria de Bienestar Social del municipio, Yessica Yapura Astorga; y la secretaria de Gobierno, Sonia del Valle Saavedra.
La pesquisa que lleva a cabo la Justicia penal alcanza también al contador General de la Municipalidad de Tafí del Valle, Julio Antonio Mercado, quien fue denunciado como coautor del presunto delito de enriquecimiento ilícito, a instancias de haber adquirido vehículos -según la demanda efectuada por Arnedo y Salazar- por casi $ 2 millones, cuando su sueldo mensual no superaría los $ 10.000, según relataron los denunciantes.
En su descargo ante LA GACETA, Mercado había expresado: “es todo mentira. Poseo una empresa de transporte desde el año 2000. Estoy inscripto en la AFIP y además tengo mi actividad particular por mi estudio contable. Todo lo que tengo es un auto y una camioneta. Es mentira que tenga vehículos por $ 2 millones”.
“No fui notificado”
Ayer, al ser consultado por este diario, Yapura Astorga aseguró que aún no había sido notificado de la medida judicial, al tiempo que relativizó el pedido del juez al calificarla de “medida política”.
“Es muy raro que Velázquez haya pedido un desafuero cuando tiene un pedido de juicio político por ignorancia supina del derecho. Lo que quiero decir es que el contador Mercado presentó un pedido de juicio político y lo ratificó ante la Legislatura. No estoy ahora en Tucumán, sino les mostraría todas las barbaridades que ha escrito este juez, aunque a mí todavía no me notificó”, se defendió Yapura Astorga.
“Todos los informes solicitados por Velázquez fueron contestados por el contador Mercado, por la secretaria de Bienestar Social y por el Concejo Deliberante. Si este juez tiene un pedido de juicio político, lo menos que podría haber hecho un hombre de bien es excusarse. Me parece que es una medida política, y más ahora que se vienen las elecciones”, cuestionó el jefe municipal.
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