Por Roberto Delgado
11 Julio 2015
El comisario que estaba en Los Sarmiento el año pasado enfrenta hoy una causa penal por falsificación de documento público, privación ilegítima de la libertad y exacciones ilegales (por ahora, supuestas). Había hecho poner una puerta reja en una habitación de la comisaría y ahí alojaba a detenidos contravencionales. Según se denunció, los fines de semana los agentes salían de razzia y él hacía actuaciones con falsos testimonios contra los detenidos y les cobraba multas para dejarlos en libertad.
El comisario que armó ese “quiosquito”, Alfredo Pineda, fue trasladado a la comisaría de Arcadia, cuenta el fiscal Edgardo Sánchez, quien lo citó dos veces a declarar como imputado y espera que concurra luego de la feria judicial.
Problemas de convivencia
Los procedimientos contra infractores a la convivencia son habituales en la Policía. Una alta fuente de Jefatura dice que son unos 40 por día y que llegan a 150 los fìnes de semana, por lo general por ebriedad o desórdenes (riñas). “Hay una incapacidad para resolver los conflictos por vía pacífica. La convivencia cada vez es más difícil”, explica. La Policía y una gran parte de la sociedad consideran que esta tarea de los uniformados es ineludible: no se controlan delitos sino infracciones a la convivencia, que tratados por personas que no sean la autoridad derivarían en incidentes y hasta en causas penales.
Pero la discrecionalidad de la Ley 5.140 de Contravenciones, que permite que la Policía tenga detenida a cualquier persona hasta 48 horas sin dar aviso al juez de turno, ha llevado a que la Corte de Justicia nacional declarara en 2010 inconstitucional esta norma (por el caso de José Gerardo Núñez), independientemente de que la 5.140 ha sido modificada después (para que se usen las contravenciones en la ley de Prostíbulos Cero) y se la trató de utilizar para los procedimientos de la Secretaría de Saneamiento de Higiene Pública de “Alito” Assán.
Ley fenecida, pero viva
Los legisladores, que desde 2012 han estado tratando de aunar criterios con respecto a la 5.140, han quedado empantanados entre los proyectos garantistas que no quieren que haya procedimientos contravencionales y el reclamo legítimo de la sociedad por seguridad, según comenta el legislador alperovichista José León. “Buscamos un equilibrio, y estamos a la espera de una reunión con la Corte Suprema”, explica. Mientras tanto, los pruritos sobre la ley siguen. Cuando fue el debate por la aplicación para la Secretaría de Saneamiento, el legislador oficialista Marcelo Caponio dijo que había cuestionamientos nacionales y provinciales para usar la 5.140 contra infractores que arrojen basura. “En este sentido, es una ley muerta”, dijo.
Sin embargo, esa “ley muerta” se usa, y mucho. Matías Lorenzo Pisarrello, de la organización Andhes (la ONG que inició en 2007 el cuestionamiento contra la 5.140 por el caso Núñez) cuenta que en 2012 se logró que la Policía informara sobre la cantidad de detenciones contravencionales: 2.000 por año, de las cuales el 12% (274) fueron apeladas ante el juez de turno (la ley permite la apelación una vez notificado el infractor, es decir, hasta 48 horas después de la detención). “El 90.6% era por desorden -Art 19, Inc C- y el 98% de las detenciones carecía de testigos, tenían sólo la firma de dos policías”, cuenta Lorenzo.
Mezclados y amontonados
Los detenidos son alojados en las comisarías y en las brigadas, ya saturadas con gente con causas penales (676, según se reveló hace dos semanas, cuando fue la tragedia de la Brigada Norte), lo cual da lugar al traslado constante de los aprehendidos contravencionales de una comisaría a otra en busca de lugar. “A veces se los encuentra sentados junto a los escritorios de los policías”, cuenta el fiscal Guillermo Herrera, quien dice que él envía a los ayudantes fiscales a hacer controles en las comisarías los fines de semana para ver si hay detenidos que no figuran en los libros.
El gran problema es que la ley da lugar a irregularidades que sólo se pueden ver a través de denuncias. Una es el escándalo de la comisaría de Los Sarmiento. Otras son las que descubrieron los fiscales que investigaron los “sacapresos” de la Brigada capital en 2012. “Normalmente la Brigada tenía mucha gente por contravenciones. Muchos eran delincuentes con prontuario fortísimo, aprehendidos por la 5.140, que eran liberados sin que se avisara a la fiscalía. Eran negociados de ellos”, dice la fiscala Adriana Giannoni. En este sentido, hay prácticas peores, según cuenta Matías Lorenzo. Dice que en los talleres de estudio de violencia institucional que tiene Andhes se han sorprendido por lo que sucede en Tafí Viejo. “Es increíble la cantidad de detenciones sin registrar en la comisaría y en la Unidad Regional Norte. Los tienen dos o tres días detenidos, les cobran una multa de 700 u 800 pesos y recién los dejan libres, sin recibo”, relata. Lorenzo también alerta de que han recibido muchas denuncias por uso de picana en la Policía. “Si se reglamentara la ley contra la tortura se podría caer de sorpresa en las comisarías y se podrían ver los libros. Los fiscales y los jueces no van los sábados, nadie sabe quién está en los calabozos”, añade.
El karma de los pobres
El control social que hace la Policía es muy claro. “Es contra la gente pobre, no contra la que tiene determinado nivel social o económico”, define la fiscala Giannoni. Aunque hay muchas excepciones, por lo general terminan atrapados “los que no tienen los papeles en regla o no saben defenderse”. Ese fue el caso de Núñez, quien fue detenido por disturbios al término de un partido de fútbol en 2005 y como no tenía plata para pagar la multa pasó cinco días preso, sin que nadie en la Justicia supiera de su detención. El fiscal Herrera va más allá: “Esa ley es el arma que tiene la Policía para la coima. Van a los bailes y hacen redadas. Les dicen que llamen a sus padres y les cobran de acuerdo a la cara del cliente”, sentencia.
No obstante, Herrera reconoce que muchas veces la ley les ha sido útil a los mismos fiscales. “Yo la usé dos veces. En 2010, el comisario de San Pedro de Colalao me avisó que habían encontrado a un peligroso delincuente, El Pelao Herrera. “Ahí está machándose en un boliche”, me dijo. Yo le pedí que lo detenga por una contravención hasta que obtuviera la orden de detención. Ahora el tipo está condenado”, explicó.
Lentitud y oscuridad
¿Cuál es la salida? El Gobierno se queda callado. Los legisladores dicen que la Justicia debería crear los juzgados correccionales establecidos por la ley 6.756, y el presidente de la Corte, Antonio Gandur, replica que la Policía puede resolver casos contravencionales “siempre que haya un recurso judicial ágil”. En este sentido, el fiscal Sánchez dice que el artículo 5 de la ley de contravenciones establece que el arresto sólo se justifica cuando no se puede identificar a la persona, no se conoce su domicilio o tiene antecedentes. “Pero si es persona conocida, con domicilio y sin antecedentes, no se la debe detener”, añade. La complicación está en esas 48 horas que se toman los policías para identificar o revisar antecedentes. Por ahí se cuelan los negociados.
En el fondo, el problema no está tanto en la ley de Contravenciones como en la falta de transparencia policial. ¿Por qué tiene que ser la Justicia la que controle o actúe frente a las malas prácticas de los hombres de seguridad? ¿Por qué no se hace la reforma policial? ¿Por qué no hay Asuntos internos con injerencia de funcionarios y representantes de la Justicia y de la comunidad? Quizás sea porque la concepción de la seguridad es profundamente autoritaria: en una sociedad en la que se ha disparado la inseguridad, hay la falsa creencia de que una Policía democrática, respetuosa de los derechos, bien capacitada en procedimientos y en el manejo de la violencia, será débil frente al delito. Y por eso los funcionarios la mantienen oscura, represora, violenta y llena de negocios al margen de la ley. Ellos solamente cierran los ojos y esconden los escándalos bajo la alfombra.
El comisario que armó ese “quiosquito”, Alfredo Pineda, fue trasladado a la comisaría de Arcadia, cuenta el fiscal Edgardo Sánchez, quien lo citó dos veces a declarar como imputado y espera que concurra luego de la feria judicial.
Problemas de convivencia
Los procedimientos contra infractores a la convivencia son habituales en la Policía. Una alta fuente de Jefatura dice que son unos 40 por día y que llegan a 150 los fìnes de semana, por lo general por ebriedad o desórdenes (riñas). “Hay una incapacidad para resolver los conflictos por vía pacífica. La convivencia cada vez es más difícil”, explica. La Policía y una gran parte de la sociedad consideran que esta tarea de los uniformados es ineludible: no se controlan delitos sino infracciones a la convivencia, que tratados por personas que no sean la autoridad derivarían en incidentes y hasta en causas penales.
Pero la discrecionalidad de la Ley 5.140 de Contravenciones, que permite que la Policía tenga detenida a cualquier persona hasta 48 horas sin dar aviso al juez de turno, ha llevado a que la Corte de Justicia nacional declarara en 2010 inconstitucional esta norma (por el caso de José Gerardo Núñez), independientemente de que la 5.140 ha sido modificada después (para que se usen las contravenciones en la ley de Prostíbulos Cero) y se la trató de utilizar para los procedimientos de la Secretaría de Saneamiento de Higiene Pública de “Alito” Assán.
Ley fenecida, pero viva
Los legisladores, que desde 2012 han estado tratando de aunar criterios con respecto a la 5.140, han quedado empantanados entre los proyectos garantistas que no quieren que haya procedimientos contravencionales y el reclamo legítimo de la sociedad por seguridad, según comenta el legislador alperovichista José León. “Buscamos un equilibrio, y estamos a la espera de una reunión con la Corte Suprema”, explica. Mientras tanto, los pruritos sobre la ley siguen. Cuando fue el debate por la aplicación para la Secretaría de Saneamiento, el legislador oficialista Marcelo Caponio dijo que había cuestionamientos nacionales y provinciales para usar la 5.140 contra infractores que arrojen basura. “En este sentido, es una ley muerta”, dijo.
Sin embargo, esa “ley muerta” se usa, y mucho. Matías Lorenzo Pisarrello, de la organización Andhes (la ONG que inició en 2007 el cuestionamiento contra la 5.140 por el caso Núñez) cuenta que en 2012 se logró que la Policía informara sobre la cantidad de detenciones contravencionales: 2.000 por año, de las cuales el 12% (274) fueron apeladas ante el juez de turno (la ley permite la apelación una vez notificado el infractor, es decir, hasta 48 horas después de la detención). “El 90.6% era por desorden -Art 19, Inc C- y el 98% de las detenciones carecía de testigos, tenían sólo la firma de dos policías”, cuenta Lorenzo.
Mezclados y amontonados
Los detenidos son alojados en las comisarías y en las brigadas, ya saturadas con gente con causas penales (676, según se reveló hace dos semanas, cuando fue la tragedia de la Brigada Norte), lo cual da lugar al traslado constante de los aprehendidos contravencionales de una comisaría a otra en busca de lugar. “A veces se los encuentra sentados junto a los escritorios de los policías”, cuenta el fiscal Guillermo Herrera, quien dice que él envía a los ayudantes fiscales a hacer controles en las comisarías los fines de semana para ver si hay detenidos que no figuran en los libros.
El gran problema es que la ley da lugar a irregularidades que sólo se pueden ver a través de denuncias. Una es el escándalo de la comisaría de Los Sarmiento. Otras son las que descubrieron los fiscales que investigaron los “sacapresos” de la Brigada capital en 2012. “Normalmente la Brigada tenía mucha gente por contravenciones. Muchos eran delincuentes con prontuario fortísimo, aprehendidos por la 5.140, que eran liberados sin que se avisara a la fiscalía. Eran negociados de ellos”, dice la fiscala Adriana Giannoni. En este sentido, hay prácticas peores, según cuenta Matías Lorenzo. Dice que en los talleres de estudio de violencia institucional que tiene Andhes se han sorprendido por lo que sucede en Tafí Viejo. “Es increíble la cantidad de detenciones sin registrar en la comisaría y en la Unidad Regional Norte. Los tienen dos o tres días detenidos, les cobran una multa de 700 u 800 pesos y recién los dejan libres, sin recibo”, relata. Lorenzo también alerta de que han recibido muchas denuncias por uso de picana en la Policía. “Si se reglamentara la ley contra la tortura se podría caer de sorpresa en las comisarías y se podrían ver los libros. Los fiscales y los jueces no van los sábados, nadie sabe quién está en los calabozos”, añade.
El karma de los pobres
El control social que hace la Policía es muy claro. “Es contra la gente pobre, no contra la que tiene determinado nivel social o económico”, define la fiscala Giannoni. Aunque hay muchas excepciones, por lo general terminan atrapados “los que no tienen los papeles en regla o no saben defenderse”. Ese fue el caso de Núñez, quien fue detenido por disturbios al término de un partido de fútbol en 2005 y como no tenía plata para pagar la multa pasó cinco días preso, sin que nadie en la Justicia supiera de su detención. El fiscal Herrera va más allá: “Esa ley es el arma que tiene la Policía para la coima. Van a los bailes y hacen redadas. Les dicen que llamen a sus padres y les cobran de acuerdo a la cara del cliente”, sentencia.
No obstante, Herrera reconoce que muchas veces la ley les ha sido útil a los mismos fiscales. “Yo la usé dos veces. En 2010, el comisario de San Pedro de Colalao me avisó que habían encontrado a un peligroso delincuente, El Pelao Herrera. “Ahí está machándose en un boliche”, me dijo. Yo le pedí que lo detenga por una contravención hasta que obtuviera la orden de detención. Ahora el tipo está condenado”, explicó.
Lentitud y oscuridad
¿Cuál es la salida? El Gobierno se queda callado. Los legisladores dicen que la Justicia debería crear los juzgados correccionales establecidos por la ley 6.756, y el presidente de la Corte, Antonio Gandur, replica que la Policía puede resolver casos contravencionales “siempre que haya un recurso judicial ágil”. En este sentido, el fiscal Sánchez dice que el artículo 5 de la ley de contravenciones establece que el arresto sólo se justifica cuando no se puede identificar a la persona, no se conoce su domicilio o tiene antecedentes. “Pero si es persona conocida, con domicilio y sin antecedentes, no se la debe detener”, añade. La complicación está en esas 48 horas que se toman los policías para identificar o revisar antecedentes. Por ahí se cuelan los negociados.
En el fondo, el problema no está tanto en la ley de Contravenciones como en la falta de transparencia policial. ¿Por qué tiene que ser la Justicia la que controle o actúe frente a las malas prácticas de los hombres de seguridad? ¿Por qué no se hace la reforma policial? ¿Por qué no hay Asuntos internos con injerencia de funcionarios y representantes de la Justicia y de la comunidad? Quizás sea porque la concepción de la seguridad es profundamente autoritaria: en una sociedad en la que se ha disparado la inseguridad, hay la falsa creencia de que una Policía democrática, respetuosa de los derechos, bien capacitada en procedimientos y en el manejo de la violencia, será débil frente al delito. Y por eso los funcionarios la mantienen oscura, represora, violenta y llena de negocios al margen de la ley. Ellos solamente cierran los ojos y esconden los escándalos bajo la alfombra.
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