“El gobierno, esta vez, no tiene manera de negarse a pagar”

Los cabellos canos, los zapatos gastados, la voz ronca de tanto gritar en la plaza Independencia. Francisco Ismael Saleh y José Ricardo Mattassini estaban hartos de puertas cerradas. Después de años de trabajo en la Legislatura, se encontraron con la paradoja de que ninguna ley les garantizaba la movilidad de los haberes jubilatorios. Vieron a compañeros de lucha dejando literalmente la vida en esa pelea, y decidieron que iban a hacer lo posible por torcer la historia. Comenzaron a leer normativas, a consultar abogados y a indagar sobre los derechos del sector pasivo. Así, los septuagenarios acabaron con un libro en sus manos que les abrió el camino hacia su objetivo: Amparo de derechos fundamentales, redactado por la actual vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Beatriz Sbdar.

“Así vimos que la acción de amparo era la vía ideal para hacer nuestro reclamo. Pero ningún abogado quería hacerse cargo, hasta que a fines del año pasado nos dimos con Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada. Ellos no se dedican a este tipo de trámites, pero tomaron el caso como propio. Y en siete meses llegó la sentencia. Ojalá que esto les abra la puerta a los miles de jubilados que están en esta situación”, dijo Saleh en diálogo con LA GACETA, sosteniendo una copia del fallo judicial a favor del 82% móvil.

El lunes, el ex empleado legislativo se enteró de la sentencia de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Los vocales Salvador Ruiz y Horacio Castellanos consideraron que es obligación de la Provincia afrontar la movilidad de los haberes jubilatorios, y otorgaron el amparo que había planteado Saleh. Su ex colega Mattassini aguarda una resolución en una causa idéntica, que está demorada por un pedido de informes a Anses. Tras más de una década de marchas frente a la Casa de Gobierno, los integrantes de Jubilados de la Plaza sienten que al fin tienen armas para combatir en esa batalla.

“Esto ha comenzado en 2004, con los juicios ordinarios que se iniciaron, y que todavía la inmensa mayoría de la gente no ha cobrado. Y los que cobran, lo hacen de forma imparcial, incompleta. Sin lugar a dudas, este es un trámite que no comprende la urgencia de los jubilados. Se ha muerto la mitad de los transferidos sin cobrar. Y, de los que estamos con vida, ni el 1% lo consiguió. Desde hace cuatro años que veníamos bregando por una vía expedita, porque el Poder Ejecutivo se da el lujo de tratar las sentencias como se le da la gana”, relató Saleh, que obtuvo la jubilación definitiva como director del Cuerpo de Taquígrafos de la Legislatura en 1998, y sueña con recibir sus haberes completos por primera vez.

Agregó que, cuando comenzó a hacer rondas de consultas con abogados junto a Mattassini, la mayoría se resistía a plantear una acción de amparo. “Consideraban que la mentalidad de los jueces era la de aplicar esta vía para otros asuntos extremos, como de salud o de trabajo. Pero el tema de los jubilados encuadra perfectamente con el amparo. Vimos que es un derecho garantizado en la Constitución, y el daño es evidente. Además, era patente la arbitrariedad del Gobierno provincial, que incluso se manifiesta en el incumplimiento de sentencias. Esto hace que no haya una vía más adecuada para acudir. Llevamos el planteo en diciembre y ahora salió”, comentó Saleh, satisfecho. Y junto a Mattassini recordó a los jubilados que murieron durante estos años de reclamos y litigios. “Es imposible no reconocer a los luchadores más fuertes de los Jubilados de la Plaza. Los voy nombrando por el orden en que han fallecido: Carlos Martínez, un enorme batallador, Mario Carabajal, otro tremendo luchador, y la última en despedirse, Florinda Leguizamón. Todos ellos pusieron todo para lograr algo de lo que correspondía. Lamentablemente no se consiguió en su momento”, apuntó emocionado Saleh.

Luego se mostró esperanzado con la chance de que otros miembros del sector pasivo utilicen su acción de amparo como doctrina legal. “La sentencia le abre la puerta a la vía expedita, que en realidad siempre debió haber estado abierta. Cuando se dispone la transferencia (de jubilados) a la Nación, hubo recursos de amparo para que se evitara (ese trámite). La Corte consideró que no se podía impedir el traspaso, pero ordenó al Gobierno que debía garantizar el cumplimiento de las obligaciones (con el sector pasivo). En Fiscalía de Estado por supuesto que conocen este amparo, pero lo ignoran, hacen un papel de no sé qué. Porque, al final, esto termina en juicios ordinarios que se hacen interminables”, indicó Saleh. Remarcó que, una vez que comience a cobrar con el cálculo del 82% de movilidad, sus haberes se duplicarán. “Cada año, me ‘comían’ el valor de un auto por no reconocerme el derecho. Esta sentencia no es retroactiva, pero es un paso importantísimo. El Gobierno siempre dice que le gusta respetar los fallos, pero en la práctica no se da. Esta vez no tiene manera de negarse a pagar”, se esperanzó Saleh.