Por Marcelo Aguaysol
08 Julio 2015
Se viene un fin de gestión a toda moratoria. El Gobierno de José Alperovich apela otra vez al resurgimiento de los planes de facilidades de pago con la intención de que las deudas no expiren y que los contribuyentes morosos renueven las obligaciones que, hasta ahora, no cumplieron. Si bien la norma que votará la Legislatura prevé una vigencia hasta fines de agosto, nada dificulta que eso sea prorrogado hasta el final del mandato, que ocurrirá el 29 de octubre.
La capacidad de respuesta a los planes que se lanzan a través de la Dirección General de Rentas siempre ha sido la misma: los contribuyentes de los impuestos patrimoniales son los que más los aprovechan o, en el mejor de los casos, son los que tienen mayor inclinación a regularizar su situación.
Rentas siempre ha puesto el foco en los automóviles y en las viviendas, pero poco se sabe qué sucede con las grandes industrias que acumulan endeudamientos millonarios, de difícil cobro. No en vano cada vez que se lanza una moratoria, las autoridades estiman que los incumplimientos de la franja de grandes contribuyentes excede los $ 500 millones, a valores históricos. Para usar algunas equivalencias, esa cifra representa una recaudación mensual de impuestos, o tal vez lo que podría invertirse en un plan de viviendas tipo Fonavi con no menos de 1.200 unidades. También equivale a un 40% de la planilla salarial mensual del sector público.
De aquella millonaria cifra es posible que -en la próxima moratoria- se logre renovar el compromiso de pago de unos $ 30 millones. Esa es, al menos, la expectativa oficial.
Durante el primer semestre, el Gobierno ha logrado recolectar unos $ 3.500 millones a través del cobro de los impuestos provinciales, con una tendencia cada vez más profunda: Ingresos Brutos, un impuesto declarativo, implica ocho de cada 10 pesos que recauda Rentas. Y eso habla, en términos generales, de que en Tucumán la caída de la actividad no ha sido tan pronunciada como en otras jurisdicciones. En efecto, ese impuesto ha crecido un 39% interanual (por encima de la ecuación de inflación más crecimiento). Si bien hubo un repunte del consumo, por efecto de los incrementos en los ingresos de los asalariados autorizados por el Gobierno nacional, aquella expansión también denota una mayor presión sobre la actividad económica. Este mes la situación puede cambiar: el turismo no deja tantas divisas como las compras de los consumidores en tiempos de celebraciones.
Más allá de ese efecto estacional, los empresarios suelen quejarse de la fuerte presión fiscal sobre los distintos sectores. Particularmente, los lamentos que se escuchan están relacionados con la decisiva política oficial de cazar dentro del zoológico, es decir, a los mismos contribuyentes inscriptos, sin arriesgarse el fisco a ampliar sus operativos en aquel 40% de la economía que está en la informalidad.
Que la recaudación recupere terreno en capacidad de compra dependerá del efecto que tengan las medidas de estímulo al consumo por parte del gobierno nacional y el efecto multiplicador sobre las economías provinciales del impulso electoral a la obra pública, en la medida que la tasa de inflación no se acelere durante la segunda mitad del año, advertía hace algunas semanas un informe de la consultora NOAnomics. No obstante, nada de eso garantiza un cierre de ciclo con pingües ganancias en materia de cobro de impuestos provinciales.
Si bien Tucumán ha recuperado cierta autonomía financiera al comparar la recaudación propia con las transferencias de recursos nacionales (tres de cada 10 pesos que ingresan a Rentas Generales son por impuestos provinciales), nada garantiza que eso se mantendrá en el tiempo. De allí la necesidad del fisco por salir a buscar dinero y por robustecer sus políticas de fiscalización en todas las franjas de contribuyentes.
La moratoria que se viene es un último esfuerzo por asegurar la meta de recaudación presupuestada (unos $ 6.100 millones). La otra parte llegará desde la Nación; son otros $ 18.000 millones. El plan de facilidades de pago es un modo de que la gestión de Alperovich logre captar una determinada franja de votantes que, por efecto del “perdón fiscal”, pueden sentir que el Estado les da otra la oportunidad.
En suma, estamos frente a un cierre de ciclo institucional con una moratoria que, a todas luces, parece ser más política-electoral que siempre.
La capacidad de respuesta a los planes que se lanzan a través de la Dirección General de Rentas siempre ha sido la misma: los contribuyentes de los impuestos patrimoniales son los que más los aprovechan o, en el mejor de los casos, son los que tienen mayor inclinación a regularizar su situación.
Rentas siempre ha puesto el foco en los automóviles y en las viviendas, pero poco se sabe qué sucede con las grandes industrias que acumulan endeudamientos millonarios, de difícil cobro. No en vano cada vez que se lanza una moratoria, las autoridades estiman que los incumplimientos de la franja de grandes contribuyentes excede los $ 500 millones, a valores históricos. Para usar algunas equivalencias, esa cifra representa una recaudación mensual de impuestos, o tal vez lo que podría invertirse en un plan de viviendas tipo Fonavi con no menos de 1.200 unidades. También equivale a un 40% de la planilla salarial mensual del sector público.
De aquella millonaria cifra es posible que -en la próxima moratoria- se logre renovar el compromiso de pago de unos $ 30 millones. Esa es, al menos, la expectativa oficial.
Durante el primer semestre, el Gobierno ha logrado recolectar unos $ 3.500 millones a través del cobro de los impuestos provinciales, con una tendencia cada vez más profunda: Ingresos Brutos, un impuesto declarativo, implica ocho de cada 10 pesos que recauda Rentas. Y eso habla, en términos generales, de que en Tucumán la caída de la actividad no ha sido tan pronunciada como en otras jurisdicciones. En efecto, ese impuesto ha crecido un 39% interanual (por encima de la ecuación de inflación más crecimiento). Si bien hubo un repunte del consumo, por efecto de los incrementos en los ingresos de los asalariados autorizados por el Gobierno nacional, aquella expansión también denota una mayor presión sobre la actividad económica. Este mes la situación puede cambiar: el turismo no deja tantas divisas como las compras de los consumidores en tiempos de celebraciones.
Más allá de ese efecto estacional, los empresarios suelen quejarse de la fuerte presión fiscal sobre los distintos sectores. Particularmente, los lamentos que se escuchan están relacionados con la decisiva política oficial de cazar dentro del zoológico, es decir, a los mismos contribuyentes inscriptos, sin arriesgarse el fisco a ampliar sus operativos en aquel 40% de la economía que está en la informalidad.
Que la recaudación recupere terreno en capacidad de compra dependerá del efecto que tengan las medidas de estímulo al consumo por parte del gobierno nacional y el efecto multiplicador sobre las economías provinciales del impulso electoral a la obra pública, en la medida que la tasa de inflación no se acelere durante la segunda mitad del año, advertía hace algunas semanas un informe de la consultora NOAnomics. No obstante, nada de eso garantiza un cierre de ciclo con pingües ganancias en materia de cobro de impuestos provinciales.
Si bien Tucumán ha recuperado cierta autonomía financiera al comparar la recaudación propia con las transferencias de recursos nacionales (tres de cada 10 pesos que ingresan a Rentas Generales son por impuestos provinciales), nada garantiza que eso se mantendrá en el tiempo. De allí la necesidad del fisco por salir a buscar dinero y por robustecer sus políticas de fiscalización en todas las franjas de contribuyentes.
La moratoria que se viene es un último esfuerzo por asegurar la meta de recaudación presupuestada (unos $ 6.100 millones). La otra parte llegará desde la Nación; son otros $ 18.000 millones. El plan de facilidades de pago es un modo de que la gestión de Alperovich logre captar una determinada franja de votantes que, por efecto del “perdón fiscal”, pueden sentir que el Estado les da otra la oportunidad.
En suma, estamos frente a un cierre de ciclo institucional con una moratoria que, a todas luces, parece ser más política-electoral que siempre.
Lo más popular
