05 Julio 2015
Un preso que estaba alojado en la alcaldía de la Dirección de General Investigaciones, en Junín al 800, prendió fuego a un colchón a mediados de octubre de 2009 y en pocos segundos el lugar se había llenado de humo. Bomberos habían tenido que romper rejas y paredes para auxiliar a los detenidos. Uno de ellos, incluso, ya había sido condenado pero no lo habían traslado a Villa Urquiza por falta de cupos en el penal. En ese momento se informó que la cantidad de presos alojados en dependencias policiales era la mitad de los que hay en la actualidad, y ya la situación había sido considerada como límite. “Las comisarías no son lugares habilitados para mantener personas detenidas. Si no hay dónde llevarlos, realmente es un problema serio. Pero desde la Corte Suprema siempre se sostuvo que la Provincia debe habilitar edificios especializados”, había manifestado entonces Antonio Gandur, hoy presidente del máximo tribunal, quien recordó que una acordada de la Corte prohibía el alojamiento de presos con causas penales en dependencias policiales. Pero esa acordada ya es letra muerta.
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