05 Julio 2015
CRITICADO. Romero Lascano puede afrontar un Jury de Enjuiciamiento. la gaceta / foto de juan pablo sánchez noli
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) todavía no envió al alto tribunal local el expediente de Eduardo Romero Lascano, vocal de la Sala II de la Cámara Penal. Sucede que el juez interpuso un recurso de revocatoria ante el máximo tribunal del país con el fin de que este revise una sentencia desfavorable a sus intereses. Mientras el caso esté en la Ciudad de Buenos Aires, no será posible reanudar el proceso de destitución del camarista en el Jurado de Enjuiciamiento de Tucumán.
Y la CSJN no tiene plazos para resolver el planteo. A comienzos del mes pasado, los ministros Ricardo Lorenzetti (presidente), Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco desestimaron el recurso extraordinario de Romero Lascano contra la sentencia de una Corte Suprema de Justicia de Tucumán ad hoc que, en síntesis, había validado los actos de integración del Jurado. Este órgano encargado de desplazar a los jueces fue incorporado a la Constitución provincial en la reforma de 2006, pero nunca funcionó. A finales de 2012, el Gobierno se vio obligado a ponerlo en marcha por los pedidos de destitución que Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles “Marita” Verón, articuló contra Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena. Es decir, los tres magistrados que, luego de casi un año de juicio oral, absolvieron a todos los acusados de secuestrar y prostituir a “Marita”.
La comisión de Juicio Político de la Legislatura que preside el legislador ultraoficialista Sisto Terán dio trámite inmediato al requerimiento de Trimarco, pero, luego, la Justicia paralizó -con una medida cautelar- el comienzo del juicio en el Jurado. En el ínterin, Herrera Molina y Piedrabuena pudieron acceder, litigio mediante, a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. En virtud de ello, el proceso de destitución sólo puede proseguir respecto de Romero Lascano, el único autor de la sentencia absolutoria que sigue siendo juez después de ella.
Pero la medida cautelar que impide continuar sigue en pie, y sólo podrá ser levantada cuando la Corte de la Nación devuelva el caso y siempre que no haya variado su posición respecto del juicio. Es posible que la feria judicial de invierno, que empezó el viernes y se extenderá durante dos semanas, permita al camarista cuestionado por Trimarco ganar tiempo para evitar que el tratamiento de su caso en el Jurado coincida con las elecciones primarias del 9 de agosto y las elecciones generales provinciales del 23 de agosto.
Al margen del recurso presentado en la CSJN, el camarista promovió al menos otros dos juicios, todos dirigidos a controvertir el diseño del Jurado de Enjuiciamiento y el procedimiento de la remoción. Cabe recordar que el fallo absolutorio fue revocado parcialmente con los votos de tres miembros de la Corte local: Antonio Gandur (presidente), Antonio Estofán y Claudia Sbdar. Luego, el caso bajó a la Cámara Penal para que establezca las penas de los imputados condenados. Estos, a continuación, interpusieron un recurso de casación contra la nueva sentencia, que aún está pendiente de definición en el alto tribunal. René Goane, vocal decano de la Corte, y los camaristas Alicia Freidenberg y Alfonso Zóttoli integran el estrado que ha de emitir una sentencia definitiva en el expediente penal.
Y la CSJN no tiene plazos para resolver el planteo. A comienzos del mes pasado, los ministros Ricardo Lorenzetti (presidente), Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco desestimaron el recurso extraordinario de Romero Lascano contra la sentencia de una Corte Suprema de Justicia de Tucumán ad hoc que, en síntesis, había validado los actos de integración del Jurado. Este órgano encargado de desplazar a los jueces fue incorporado a la Constitución provincial en la reforma de 2006, pero nunca funcionó. A finales de 2012, el Gobierno se vio obligado a ponerlo en marcha por los pedidos de destitución que Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles “Marita” Verón, articuló contra Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena. Es decir, los tres magistrados que, luego de casi un año de juicio oral, absolvieron a todos los acusados de secuestrar y prostituir a “Marita”.
La comisión de Juicio Político de la Legislatura que preside el legislador ultraoficialista Sisto Terán dio trámite inmediato al requerimiento de Trimarco, pero, luego, la Justicia paralizó -con una medida cautelar- el comienzo del juicio en el Jurado. En el ínterin, Herrera Molina y Piedrabuena pudieron acceder, litigio mediante, a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. En virtud de ello, el proceso de destitución sólo puede proseguir respecto de Romero Lascano, el único autor de la sentencia absolutoria que sigue siendo juez después de ella.
Pero la medida cautelar que impide continuar sigue en pie, y sólo podrá ser levantada cuando la Corte de la Nación devuelva el caso y siempre que no haya variado su posición respecto del juicio. Es posible que la feria judicial de invierno, que empezó el viernes y se extenderá durante dos semanas, permita al camarista cuestionado por Trimarco ganar tiempo para evitar que el tratamiento de su caso en el Jurado coincida con las elecciones primarias del 9 de agosto y las elecciones generales provinciales del 23 de agosto.
Al margen del recurso presentado en la CSJN, el camarista promovió al menos otros dos juicios, todos dirigidos a controvertir el diseño del Jurado de Enjuiciamiento y el procedimiento de la remoción. Cabe recordar que el fallo absolutorio fue revocado parcialmente con los votos de tres miembros de la Corte local: Antonio Gandur (presidente), Antonio Estofán y Claudia Sbdar. Luego, el caso bajó a la Cámara Penal para que establezca las penas de los imputados condenados. Estos, a continuación, interpusieron un recurso de casación contra la nueva sentencia, que aún está pendiente de definición en el alto tribunal. René Goane, vocal decano de la Corte, y los camaristas Alicia Freidenberg y Alfonso Zóttoli integran el estrado que ha de emitir una sentencia definitiva en el expediente penal.
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