Convocan a una audiencia por la crisis carcelaria

La denuncia que realizaron los fiscales es grave y es necesario constatar si la Provincia cumple con los tratados internacionales de Derechos Humanos. Ese fue parte del razonamiento que realizaron los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, al convocar a una audiencia para el martes 14 de julio a las 10 en la “Sala de Acuerdos”, ubicada en el segundo piso del Palacio de Justicia, en La Madrid al 400.

Los vocales del máximo tribunal estimaron que antes de resolver el planteo de los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni, quienes habían pedido que se declare la emergencia carcelaria y se disponga el traslado de los presos de las comisarías, es necesario convocar a una audiencia para “abordar ampliamente la problemática en cuestión”.

La Corte convocó al fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Jorge Gassenbauer, al secretario de Derechos Humanos Humberto Rava, al director de Institutos Penales, Guillermo Snaider, al ministro Fiscal Edmundo Jiménez, al presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Eudoro Albo y a los denunciantes López Ávila y Giannoni.

Antecedente

La decisión de la Corte Suprema lleva la firma de sus cinco integrantes: Antonio Gandur (presidente), Antonio Estofán, Claudia Sbdar, Daniel Posse y René Goane. Los vocales tomaron como antecedente el fallo “Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus” de la Corte de la Nación, dictado en el 2005.

En el caso citado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (que preside el periodista Horacio Verbitsky) había planteado la situación de alrededor de 6.000 personas detenidas en comisarías de la Provincia de Buenos Aires en espera de ser juzgadas penalmente.

Antes de dictar su fallo, la Corte Suprema de la Nación había convocado a una audiencia pública en la que había escuchado a todas las partes. En el caso de Tucumán, el máximo tribunal se cuidó de no utilizar la palabra “pública” en la convocatoria, por lo que el debate sería a puertas cerradas.

Las ocho personas convocadas deberán asistir con toda la información que consideren útil para solucionar la crisis del sistema carcelario. Concretamente, la Corte mencionó en los fundamentos de la resolución que espera que le acerquen a la audiencia las informaciones “que sean relativas a las condiciones personales de los privados de su libertad (causa, fecha desde la que se encuentran detenidos, establecimientos, comisarías o institutos donde se alojan...) y al lugar en el que se encuentren (condiciones generales de infraestructura, cantidad de alojados, alimentación, asistencia sanitaria, esparcimiento, contacto con la luz, aire acondicionado, calefacción, ropa de cama, medidas de seguridad contra incendios, etc)”.

Ayer el mediodía comenzaron a llegar las citaciones a las audiencias, según confirmaron algunos de los convocados. El lunes comienza la feria judicial, pero como el trámite del hábeas corpus no tiene días y horas inhábiles, no había inconvenientes en que la medida se lleve a cabo durante el receso en tribunales.

El planteo

López Ávila y Giannoni habían presentado el hábeas corpus luego de la muerte de dos detenidos que estaban alojados en la Brigada de Investigaciones Norte, el lunes a la mañana.

Ese día se estaba por realizar una requisa de rutina, pero los presos se resistieron a que los policías ingresaran a la celda y comenzó un motín. Uno de los detenidos prendió fuego a un colchón, lo que provocó que la mayoría de ellos inhalara monóxido de carbono. Fuentes judiciales indicaron que había 18 personas en el calabozo en ese momento.

“Pese a las órdenes de traslado dispuestas por los titulares de los ministerios públicos hacia el penal de Villa Urquiza, resultan múltiples y constantes las respuestas negativas al respecto invocando superpoblación carcelaria, y manteniendolos alojados hasta nuevos cupos, en comisarías, brigadas de investigaciones y demás en franca violación a la ley”, expresaron los fiscales cuando presentaron el hábeas corpus al juez de Instrucción Alejandro Tomas, quien luego lo elevó a la Corte Suprema.

El planteo tiene tres pedidos concretos. En primer lugar, los fiscales solicitaron que se declare la emergencia en materia carcelaria. En segundo lugar, que los presos sean sacados de las dependencias policiales y trasladados a un lugar acorde para alojar detenidos; y por último que los traslados y las custodias no sea realizadas por policías, sino por personal del servicio penitenciario de la provincia, que está preparado para tratar con personas privadas de su libertad.

Las respuestas al pedido surgirán de la audiencia del 14 de julio, buscando poner fin a la crisis que generó la superpoblación carcelaria.