Por Roberto Delgado
04 Julio 2015
“A la cárcel de Villa Urquiza se le están haciendo remodelaciones para que pueda recibir más gente... sabemos perfectamente que estamos en una situación de emergencia”, decía en octubre de 2005 el entonces secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Bernardo Lobo Bugeau, ante el escándalo de un preso, apodado “Ranita”, que estaba hacinado en la comisaría de Alderetes. Padecía sarna y en ese entonces la Justicia ordenó que se le hiciera tratamiento médico. Entonces se calculaba que había 100 detenidos en las comisarías. Hoy son unos 750 (676, dice el informe que el Ministerio de Seguridad envió a la Corte Suprema) y el problema es el mismo: la cárcel no tiene cupo y las seccionales carecen de lugar adecuado para tratar a detenidos peligrosos y también para alojar a personas aprehendidas por contravenciones. En estos diez años hubo varios reclamos: un planteo fiscal por las condiciones pésimas de alojamiento de detenidos en comisarías (2005); varios informes de 2009, 2012, 2013 y 2014 recordando una resolución de la Corte del 96 que advierte al Gobierno que no se puede tener personas privadas de su libertad en las seccionales (son lugares de tránsito de personas con problemas con la ley, hasta que se resuelve su situación) y un hábeas corpus (de estos días) ante la tragedia de la Brigada Norte, donde murieron dos presos quemados durante un motín que terminó en incendio.
No es solamente que las cosas no han cambiado en estos diez años. Hoy el Gobierno se jacta de tener un programa integral de seguridad, de haber duplicado la planta policial (de 4.000 a 8.000 agentes), de haber invertido en autos, motos, armas y cámaras de seguridad; y de haber iniciado la remodelación de comisarías (la 1a, inaugurada hace poco, y la 4a). También se jacta, aunque no sabe bien por qué, de que detiene gente a granel. Hace una década el gobernador, José Alperovich, decía que si se detenía a “los 400 delincuentes” que había en la provincia, se terminaban los problemas de inseguridad. También la inflación llegó a los calabozos: los detenidos se han quintuplicado, si contamos los de las cárceles y los de las comisarías. Es decir, el problema se ha agravado.
La gravedad radica en que ese mundo secreto ya es ominoso. ¿Cuántos detenidos hay por contravenciones en las comisarías? “No sabemos”, reniega el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, porque precisamente la ley de Contravenciones hace cinco años ha sido declarada inconstitucional, ya que la Policía detiene y multa a las personas sin dar intervención a la Justicia. ¿Cuántas denuncias hay por malos abusos policiales, o por torturas? “Tampoco se sabe. En la Corte se iba a implementar un programa en febrero para las fiscalías. Pero no se aplicó aún”. ¿Cómo impacta la ley de flagrancia en el aumento de detenidos? “No hay estadísticas”, sentencia. Y agrega: “a la fiscalía de turno llegan 3.400 causas cada 12 días. Divido eso en seis horas diarias, es una causa por minuto. La justicia está colapsada”. Es decir, ha sido como un manotazo de ahogado el planteo de hábeas corpus de los fiscales frente al incumplimiento del Gobierno, que tras decir que no tenía lugar ahora ha entregado un cronograma para sacar los presos de las comisarías en seis meses. Tuvieron que morir dos detenidos para que se llegara a esta situación.
Iceberg oscuro
Esta tragedia -relatada de modo sobrecogedor por los bomberos de Yerba Buena- no es más que la punta de un iceberg oscuro, referido con la forma en que se brinda seguridad, tanto en lo que hace a sacar de circulación a personas supuestamente peligrosas para la sociedad como en lo que se vincula con la prevención. Porque no sólo se detiene y manda a calabozos a delincuentes sino también a infractores por contravenciones. Puede ser el hijo de cualquiera detenido por carecer de la tarjeta azul, o por haber hecho algo en la calle que le pareció mal a un agente. ¿Cómo es posible que a pesar del fallo de 2010 contra la ley de Contravenciones la Justicia no sepa quiénes están detenidos en la provincia por este motivo? Probablemente, porque eso genera un movimiento de dinero enorme, que va a la caja policial, y por eso no hay informaciones. Pero un hijo de cualquiera podría haber estado en el incendio de la Brigada Norte: había allí 18 presos “peligrosos” y un contraventor.
¿Es esa la única caja policial? No se sabe. La hermana de uno de los muertos, Lourdes Gallardo, denunció ante la Fiscalía III que ella y sus hermanos (que reconocen ser delincuentes) “trabajan para la Policía”. Dijo que los mandan a delinquir con motos robadas, un procedimiento delictivo que ya fue puesto en conocimiento público hace dos años, con los “sacapresos” de la Brigada de la capital, que enviaban a detenidos a robar en countries. Además, esta nueva denuncia incluyó la comisión de otro posible delito. Lourdes Gallardo dijo que su hermano se comunicaba por celular con ellos desde la Brigada, y que les avisó del motín y de que iban a quemar el colchón para evitar la requisa. De esto se desprende que alguien les permitía tener celular y que de algún modo se daba el trasiego de elementos acopiados por los detenidos en el colchón.
Escándalos sin aclarar
La oscuridad da lugar a sospechas sobre los motivos para mantener el statu quo. Detenidos mezclados con contraventores hubo en las recientes fugas de las comisarías 6a, 10a y 12a. En la 12a, hace dos semanas, hubo además una falla espantosa de protocolos, ya que uno de los detenidos -que estaba desde hace ocho meses allí- se escapó hacia un campito donde había chicos jugando a la pelota. Se generó un incidente porque, según la Policía, el preso robó un arma policial e hizo un disparo que rozó en la pierna a una adolescente. Pero una vecina denunció que el preso no tenía arma. ¿De dónde salió el disparo? Una fuente de la Fiscalía III dice que el tiro lo hizo un policía de la seccional 4a que había llegado en ese momento a la 12a. La Policía se calla ante estos hechos y, en lugar de revisar las fallas, dice que se trata de hechos aislados. Y ante el escándalo hace sumarios, como en el caso del policía vial que agredió a un camionero hace unos días en Trancas.
El secreto del sistema es lo que permite al jefe de la Regional Norte, comisario Luis Mansilla, decir que ese calabozo donde ocurrió el incendio “es un alojamiento que cuenta con todas las medidas de seguridad para este tipo de detenidos (peligrosos)”. Los colchones no eran ignífugos y había cables en las paredes (según contaron los bomberos), lo cual es riesgoso. Y había contraventores allí. Son las mismas contradicciones del secreto en procedimientos y formas que aparecieron en el escándalo con los detenidos de la Brigada capital, o con el extraño operativo de detención del “Chaqueño” hace dos años, que denunció por coimas a la Brigada Norte. Igual que con las torturas al detenido al que lo hacían “cantar” como los animalitos hace casi un año en la seccional 5a. Dicho sea de paso: el Gobierno no ha reglamentado la ley contra la tortura, que se sancionó en apoyo al protocolo establecido a nivel nacional en 2012. La ley contra la tortura hubiera dado elementos -si no impedido- para evitar las malas condiciones de detención en la Brigada Norte.
Sólo la superficie
Esa oscuridad es el trasfondo de un sistema de seguridad autoritario y secreto, que determina que al marginal hay que tratarlo como escoria (y, según las denuncias, sacarle dividendos) y que al que no es marginal hay que ponerlo a raya con la ley de Contravenciones. No es un trabajo fácil. Pero la Policía, con su modelo, en el fondo lo que hace es atender las manifestaciones superficiales de los problemas y lo hace sacando de circulación a los actores, pero no indaga en las causas. ¿Por qué no se actúa en busca de otra forma de trabajo policial? Porque la sociedad no sabe cómo debatirlo; porque los funcionarios del Ministerio de Seguridad dicen que ellos tienen resueltos los conflictos -aunque la realidad les golpee en la cara-; y porque la Justicia apenas si se muestra impotente para enfrentar los problemas cotidianos y sólo en las emergencias actúa más enérgicamente, como ha ocurrido ahora.
Según el ministro fiscal, ya se hubieran podido acomodar provisoriamente galpones del Ejército detrás de la Jefatura o se hubiera podido hacer lugar en la misma cárcel para unos 150 detenidos. Pero igual acá faltan estadísticas, protocolos, equipos técnicos, análisis de delitos, análisis de gestión de seguridad y acción más rápida y eficaz de la Justicia. Aunque el Poder Ejecutivo cumpla con su promesa, arregle la cárcel y traslade a los detenidos, ¿cuánto tiempo pasará hasta el próximo estallido? No se sabe. Este asunto sólo se trata en emergencias y se mide en tragedias.
No es solamente que las cosas no han cambiado en estos diez años. Hoy el Gobierno se jacta de tener un programa integral de seguridad, de haber duplicado la planta policial (de 4.000 a 8.000 agentes), de haber invertido en autos, motos, armas y cámaras de seguridad; y de haber iniciado la remodelación de comisarías (la 1a, inaugurada hace poco, y la 4a). También se jacta, aunque no sabe bien por qué, de que detiene gente a granel. Hace una década el gobernador, José Alperovich, decía que si se detenía a “los 400 delincuentes” que había en la provincia, se terminaban los problemas de inseguridad. También la inflación llegó a los calabozos: los detenidos se han quintuplicado, si contamos los de las cárceles y los de las comisarías. Es decir, el problema se ha agravado.
La gravedad radica en que ese mundo secreto ya es ominoso. ¿Cuántos detenidos hay por contravenciones en las comisarías? “No sabemos”, reniega el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, porque precisamente la ley de Contravenciones hace cinco años ha sido declarada inconstitucional, ya que la Policía detiene y multa a las personas sin dar intervención a la Justicia. ¿Cuántas denuncias hay por malos abusos policiales, o por torturas? “Tampoco se sabe. En la Corte se iba a implementar un programa en febrero para las fiscalías. Pero no se aplicó aún”. ¿Cómo impacta la ley de flagrancia en el aumento de detenidos? “No hay estadísticas”, sentencia. Y agrega: “a la fiscalía de turno llegan 3.400 causas cada 12 días. Divido eso en seis horas diarias, es una causa por minuto. La justicia está colapsada”. Es decir, ha sido como un manotazo de ahogado el planteo de hábeas corpus de los fiscales frente al incumplimiento del Gobierno, que tras decir que no tenía lugar ahora ha entregado un cronograma para sacar los presos de las comisarías en seis meses. Tuvieron que morir dos detenidos para que se llegara a esta situación.
Iceberg oscuro
Esta tragedia -relatada de modo sobrecogedor por los bomberos de Yerba Buena- no es más que la punta de un iceberg oscuro, referido con la forma en que se brinda seguridad, tanto en lo que hace a sacar de circulación a personas supuestamente peligrosas para la sociedad como en lo que se vincula con la prevención. Porque no sólo se detiene y manda a calabozos a delincuentes sino también a infractores por contravenciones. Puede ser el hijo de cualquiera detenido por carecer de la tarjeta azul, o por haber hecho algo en la calle que le pareció mal a un agente. ¿Cómo es posible que a pesar del fallo de 2010 contra la ley de Contravenciones la Justicia no sepa quiénes están detenidos en la provincia por este motivo? Probablemente, porque eso genera un movimiento de dinero enorme, que va a la caja policial, y por eso no hay informaciones. Pero un hijo de cualquiera podría haber estado en el incendio de la Brigada Norte: había allí 18 presos “peligrosos” y un contraventor.
¿Es esa la única caja policial? No se sabe. La hermana de uno de los muertos, Lourdes Gallardo, denunció ante la Fiscalía III que ella y sus hermanos (que reconocen ser delincuentes) “trabajan para la Policía”. Dijo que los mandan a delinquir con motos robadas, un procedimiento delictivo que ya fue puesto en conocimiento público hace dos años, con los “sacapresos” de la Brigada de la capital, que enviaban a detenidos a robar en countries. Además, esta nueva denuncia incluyó la comisión de otro posible delito. Lourdes Gallardo dijo que su hermano se comunicaba por celular con ellos desde la Brigada, y que les avisó del motín y de que iban a quemar el colchón para evitar la requisa. De esto se desprende que alguien les permitía tener celular y que de algún modo se daba el trasiego de elementos acopiados por los detenidos en el colchón.
Escándalos sin aclarar
La oscuridad da lugar a sospechas sobre los motivos para mantener el statu quo. Detenidos mezclados con contraventores hubo en las recientes fugas de las comisarías 6a, 10a y 12a. En la 12a, hace dos semanas, hubo además una falla espantosa de protocolos, ya que uno de los detenidos -que estaba desde hace ocho meses allí- se escapó hacia un campito donde había chicos jugando a la pelota. Se generó un incidente porque, según la Policía, el preso robó un arma policial e hizo un disparo que rozó en la pierna a una adolescente. Pero una vecina denunció que el preso no tenía arma. ¿De dónde salió el disparo? Una fuente de la Fiscalía III dice que el tiro lo hizo un policía de la seccional 4a que había llegado en ese momento a la 12a. La Policía se calla ante estos hechos y, en lugar de revisar las fallas, dice que se trata de hechos aislados. Y ante el escándalo hace sumarios, como en el caso del policía vial que agredió a un camionero hace unos días en Trancas.
El secreto del sistema es lo que permite al jefe de la Regional Norte, comisario Luis Mansilla, decir que ese calabozo donde ocurrió el incendio “es un alojamiento que cuenta con todas las medidas de seguridad para este tipo de detenidos (peligrosos)”. Los colchones no eran ignífugos y había cables en las paredes (según contaron los bomberos), lo cual es riesgoso. Y había contraventores allí. Son las mismas contradicciones del secreto en procedimientos y formas que aparecieron en el escándalo con los detenidos de la Brigada capital, o con el extraño operativo de detención del “Chaqueño” hace dos años, que denunció por coimas a la Brigada Norte. Igual que con las torturas al detenido al que lo hacían “cantar” como los animalitos hace casi un año en la seccional 5a. Dicho sea de paso: el Gobierno no ha reglamentado la ley contra la tortura, que se sancionó en apoyo al protocolo establecido a nivel nacional en 2012. La ley contra la tortura hubiera dado elementos -si no impedido- para evitar las malas condiciones de detención en la Brigada Norte.
Sólo la superficie
Esa oscuridad es el trasfondo de un sistema de seguridad autoritario y secreto, que determina que al marginal hay que tratarlo como escoria (y, según las denuncias, sacarle dividendos) y que al que no es marginal hay que ponerlo a raya con la ley de Contravenciones. No es un trabajo fácil. Pero la Policía, con su modelo, en el fondo lo que hace es atender las manifestaciones superficiales de los problemas y lo hace sacando de circulación a los actores, pero no indaga en las causas. ¿Por qué no se actúa en busca de otra forma de trabajo policial? Porque la sociedad no sabe cómo debatirlo; porque los funcionarios del Ministerio de Seguridad dicen que ellos tienen resueltos los conflictos -aunque la realidad les golpee en la cara-; y porque la Justicia apenas si se muestra impotente para enfrentar los problemas cotidianos y sólo en las emergencias actúa más enérgicamente, como ha ocurrido ahora.
Según el ministro fiscal, ya se hubieran podido acomodar provisoriamente galpones del Ejército detrás de la Jefatura o se hubiera podido hacer lugar en la misma cárcel para unos 150 detenidos. Pero igual acá faltan estadísticas, protocolos, equipos técnicos, análisis de delitos, análisis de gestión de seguridad y acción más rápida y eficaz de la Justicia. Aunque el Poder Ejecutivo cumpla con su promesa, arregle la cárcel y traslade a los detenidos, ¿cuánto tiempo pasará hasta el próximo estallido? No se sabe. Este asunto sólo se trata en emergencias y se mide en tragedias.
Temas
Penal de Villa Urquiza
Lo más popular
