Firme respaldo de la Corte a las auditorías

Firme respaldo de la Corte a las auditorías

La vocal Claudia Sbdar votó en disidencia Con los votos de los cuatro vocales varones, el alto tribunal provincial rechazó una petición del gremio de los jueces

PRESIDENTE. Gandur preside la Corte, que ayer ratificó las auditorías. la gaceta / foto de hector peralta PRESIDENTE. Gandur preside la Corte, que ayer ratificó las auditorías. la gaceta / foto de hector peralta
04 Julio 2015
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) desestimó de plano “por resultar manifiestamente improcedente” la presentación de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) que exigía la remodelación del régimen de auditorías internas y el cese de las fiscalizaciones de “reacción inmediata” (proceden en virtud de una denuncia concreta). La decisión está contenida en la Acordada 722/2015, y fue adoptada con los votos de Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse. La vocal Claudia Sbdar se pronunció en disidencia, y reiteró que, si bien estaba de acuerdo con la creación del Cuerpo de Auditores, entendía que había que reformular sus reglas de actuación para proteger la garantía de la independencia judicial.

La mayoría recordó que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación también existía un equipo especializado para practicar las auditorías creado en la década de 1990 y ratificado en 2015. Asimismo, explicó que el Cuerpo de Auditores sólo analiza la gestión de los expedientes -es decir, su sujeción o no a los procedimientos previstos en los códigos procesales- y no el contenido de las decisiones jurisdiccionales. También expresó que en una acordada de 1995, la CSJT había establecido que, si bien las decisiones de los jueces no pueden ser modificadas o revocadas por vía de superintendencia, sí es posible, en cambio, detectar un comportamiento digno de sanción y que este mecanismo permite asegurar la efectiva administración de justicia que impone la Constitución Nacional. Gandur, Goane, Estofán y Posse pusieron hincapié en la necesidad de auditar los procedimientos: “no son atendibles los argumentos de los jueces fincados en providencias irregulares o en interpretaciones forzadas que no se compadecen con las normas y principios procesales, toda vez que los jueces no pueden crear procedimientos, pues, de ese modo, se convertirían en legisladores”.

Los vocales afirmaron que las garantías de independencia judicial y de confidencialidad -ejes del reclamo de la AMT- estaban expresamente consideradas en la normativa que regula el funcionamiento del Cuerpo de Auditores: “por ello, no se advierte razón alguna que justifique la suspensión del régimen vigente ni el dictado de una nueva reglamentación, tal como lo solicita la presentación (del gremio de los jueces)”. Roberto Paz, presidente de la AMT, y Liliana Vitar, secretaria de Defensa de la Magistratura de la Federación Argentina de la Magistratura, habían dado curso a dos acciones el 22 de junio pasado. Por un lado, se presentaron en sede penal para denunciar al funcionario Luis Lezana Flores, jefe del equipo que había auditado causas controvertidas del fiscal Guillermo Herrera. Por el otro, solicitaron a la Corte el replanteo del régimen de fiscalizaciones valiéndose, entre otros argumentos, de la posición disidente de Sbdar. En 2011, al tratar el manual de los auditores, esa vocal se había diferenciado de sus pares al establecer que el sistema colisionaba con la independencia judicial. Como consecuencia de esta presentación y de la denuncia contra Lezana Flores, más del 20% de los asociados presentaron su renuncia a la AMT.

“Incuestionables”

En el último día hábil antes del inicio de la feria corta de invierno, Gandur, Goane, Estofán y Posse manifestaron que la ley los obligaba a vigilar la conducta de jueces, funcionarios, auxiliares y empleados del Poder Judicial, y que el alto tribunal estaba facultado para designar, según su prudente criterio, a los integrantes del Cuerpo de Auditores. Por último, dijeron: “los resultados de las auditorías no son actos administrativos sino un mero dictamen no vinculante para la Corte, que es la que en definitiva resolverá lo que en cada caso corresponda. Por tal razón, resultan incuestionables”.

En el caso de la fiscalización de una serie de expedientes de Herrera, el alto tribunal actuó por unanimidad al refrendar dos veces la decisión de auditar que había tomado el presidente Gandur el 14 de abril y que había sido resistida por el ministro público Edmundo Jiménez. Luego y con un informe final que revelaba abundantes anomalías, todos los vocales menos Estofán (que se excusó por amistad) votaron a favor de someter a Herrera a un sumario administrativo, cuya instrucción quedó en manos de la fiscala Juana Prieto. Ese funcionario constitucional, que afronta al menos nueve denuncias en sede penal y un pedido de destitución en la Legislatura, expresó a los medios que el Cuerpo de Auditores actuaba como una “Gestapo” (policía secreta del nazismo), entre otras críticas.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios