Continúa la protesta que dificulta el acceso a los Valles por la ruta provincial 307

Desde las 8.30, un grupo de miembros de la Asamblea de Caciques de la Unión de Pueblos Diaguitas de Tucumán realiza un corte parcial en la ruta provincial 307, en la zona de La Angostura, en cercanías de la rotonda que divide los accesos a Tafí del Valle y El Mollar. Se extendería hasta las 18.

Santiago Mamani, uno de los voceros, informó que la apertura a la circulación de realiza cada hora, por un período de 10 minutos, pero las emergencias pasan con normalidad. En diálogo con LA GACETA explicó que con la medida de fuerza piden la liberación del cacique de la Comunidad India Quilmes, Francisco Chaile, quien se encuentra detenido desde hace 27 días en dependencias judiciales de los tribunales de Monteros.

El 6 de junio, LA GACETA informó que Chaile, un menor de edad y una mujer fueron detenidos por una enfrentamiento que se produjo en la Ciudad Sagrada de Quilmes ("Ruinas de Quilmes"), en un intento por desplazar a los actuales ocupantes del lugar histórico. 

Ayer, las comunidades diaguitas reclamaron la "libertad inmediata" con una marcha desde los tribunales hasta la comisaría de Monteros, ubicada 97 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán.

Los caciques llegados de los valles señalaron que fue injusta la detención de Chaile, en el marco de un enfrentamiento por el control de la Ciudad Sagrada, que involucra al empresario Héctor Cruz, señaló la agencia Télam.

Pelea de vieja data

"El empresario Cruz tiene títeres, el legítimo cacique es Chaile, no Juan Santos y así lo reconoce el INAI. Acá se avasallaron leyes de la Constitución", expresó Sergio Condorí, delegado de base del Pichao, uno de los parajes de los quilmes.

El enfrentamiento tiene origen en el manejo del sitio arqueológico, que para los Quilmes es "territorio, cultura y espiritualidad". Estalló en el contexto de un cuestionamiento a la autoridad de Chaile, cuya representatividad fue refrendada seis días después mediante una nota que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) le envió a la Fiscalía.

El episodio se enmarca en la pelea por los territorios por parte de intereses económicos ajenos a las comunidades con una larga historia judicial que incluye amparos, órdenes de desalojo, usurpaciones y, en este último caso, violencia y persecución al líder originario.

Aunque la fiscal pidió la prisión preventiva para Chaile por "robo agravado, uso de armas y amenazas", según la abogada Belén Leguizamón de Andhes (Abogados del Norte por los Derechos Humanos y Sociales) "no hay pruebas que lo vinculen con esa imputación".

De los doce detenidos durante el enfrentamiento sólo cuatro pertenecen a la Comunidad Indígena de Quilmes, mientras que el resto "ni siquiera viven en la zona y algunos están sindicados como barras bravas. Es decir, no son comuneros, como llaman en esta parte del norte argentino a integrantes de comunidades indígenas", señaló la letrada.

La CIQ y la Unión de Pueblos Indígenas de Tucumán exigen celeridad" en el proceso, castigo a los responsables ideológicos y materiales de los hechos y el "cumplimiento de medidas ya dictadas por la justicia provincial, en cuanto a los derechos que les asisten sobre la Ciudad Sagrada", señaló, consignó Télam.