02 Julio 2015
Un abogado denuncia a casi toda la Corte
Sólo Sbdar se salvó de la acusación de Brito El abogado de Manzur anticipó que hoy cuestionará en sede penal a los cuatro integrantes varones del alto tribunal. Según el profesional, todos ellos habrían cometido múltiples delitos en 2011, al establecer el régimen de auditoría que considera inconstitucional. En simultáneo, siguen las repercusiones por las acciones que había desplegado la Asociación de Magistrados
PRESIDENTE ACTUAL. De Gandur dependen las fiscalizaciones internas. la gaceta / fotos de archivo
Hoy ingresará a la Fiscalía N°4 de Diego López Ávila (de turno) la enésima denuncia penal vinculada a la crisis judicial que se desató en febrero en virtud de una -ya lejana- acusación contra Alejandro Noguera, fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, según anunció Nicolás Pedro Brito, uno de los abogados del vicegobernador y candidato a gobernador Juan Manzur. Mediante dicha presentación, el letrado cuestiona a los cuatro vocales varones de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse. El denunciante manifestó que, al establecer el régimen de las auditorías judiciales, todos ellos habrían incurrido en los delitos de prevaricato; encubrimiento; abuso de autoridad; denegación y retardo de justicia; falsedad ideológica, e ignorancia supina e injustificada del derecho.
En el escrito que envió a este diario, Brito avisa que pedirá la intervención de la Justicia penal si los jueces y fiscales comienzan a excusarse de intervenir en su caso. “El previsible supuesto de inhibiciones sucesivas para eludir el deber de investigar pondría en evidencia que no se trata de un poder de la República sino de una corporación que se encubre utilizando a la Justicia”, advirtió.
Sólo la vocal Claudia Sbdar quedó afuera de la denuncia de Brito. Esa jueza había emitido un voto en disidencia en 2011, cuando sus pares aprobaron el manual de funciones y procedimientos del Cuerpo de Auditores creado en 2010, durante la presidencia de Estofán. Además de interrogarse acerca de quién audita a la Corte, el letrado de Manzur desarrolló la oposición de Sbdar al manifestar que las auditorías de reacción inmediata (proceden en virtud de una denuncia) violan la independencia judicial. El letrado sureño añadió que los jueces que denunciaban habían creado una “alarmante, descomunal y reprochable” crisis a partir del uso de esta herramienta.
“Ordenar auditorías a fin de que meros ‘infrafuncionarios’ investiguen a un funcionario constitucional significa un reprochable y jurídicamente inadmisible hecho contra la ley cuya inconstitucionalidad fluye”, opinó Brito sin referirse concretamente a la fiscalización ejecutada en una serie de causas del fiscal Guillermo Herrera (X Nominación) controvertidas por el Colegio de Abogados de la Capital. Esta auditoría de reacción inmediata tuvo origen en abril, en una orden de Gandur que luego, ante la resistencia del ministro público Edmundo Jiménez, fue refrendada dos veces por todos los miembros del alto tribunal, incluso Sbdar. Como consecuencia de ese control sobre las causas “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”, la Corte (sin el voto de Estofán, que se excusó por ser amigo de Herrera) dispuso la apertura del sumario administrativo que instruye la fiscala Juana Prieto.
Contra el plan piloto
El abogado de Manzur afirmó que los magistrados también debían gozar de independencia interna y que las auditorías de reacción inmediata implicaban la pesquisa de funcionarios con fueros que sólo podían ser investigados por los propios jueces (investigación jurisdiccional). Brito recordó que, a los efectos de la destitución, la comisión de un delito por parte de un magistrado o el mal desempeño de sus funciones debía ser juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento. “Así lo prevé la Constitución y tan excelsa manda no puede ser suplida por meras e inconstitucionales acordadas (de la Corte)”, dijo el denunciante que ya en 2013 había judicializado un fallido plan piloto de reforma procesal penal pergeñado por el alto tribunal.
La acusación de Brito se suma a la denuncia mediática que había formulado el propio Herrera, que dijo que un vocal de la Corte había intentado, indirectamente, “torcer” su voluntad en la causa “Delgado” (por orden de Jiménez, esa versión está en manos del fiscal Washington Navarro Dávila). Respecto de Herrera, lo que se conoce como “crisis judicial” comprende, además, al menos nueve denuncias penales -todas radicadas en la Fiscalía de López Ávila- y un pedido de destitución presentado en la Legislatura por Walter Fabián Delgado. También tienen denuncias en su contra los jueces Francisco Pisa y Marcelo Mendilaharzu, y los fiscales Noguera y Arnaldo Suasnábar (estas presentaciones están en manos de López Ávila). Asimismo, la Asociación de Magistrados pidió a la Justicia que investigue a Luis Lezana Flores, jefe de los auditores penales de la Corte, por su proceder durante la fiscalización de Herrera, acusación que recayó en la Fiscalía de María de las Mercedes Carrizo.
En el escrito que envió a este diario, Brito avisa que pedirá la intervención de la Justicia penal si los jueces y fiscales comienzan a excusarse de intervenir en su caso. “El previsible supuesto de inhibiciones sucesivas para eludir el deber de investigar pondría en evidencia que no se trata de un poder de la República sino de una corporación que se encubre utilizando a la Justicia”, advirtió.
Sólo la vocal Claudia Sbdar quedó afuera de la denuncia de Brito. Esa jueza había emitido un voto en disidencia en 2011, cuando sus pares aprobaron el manual de funciones y procedimientos del Cuerpo de Auditores creado en 2010, durante la presidencia de Estofán. Además de interrogarse acerca de quién audita a la Corte, el letrado de Manzur desarrolló la oposición de Sbdar al manifestar que las auditorías de reacción inmediata (proceden en virtud de una denuncia) violan la independencia judicial. El letrado sureño añadió que los jueces que denunciaban habían creado una “alarmante, descomunal y reprochable” crisis a partir del uso de esta herramienta.
“Ordenar auditorías a fin de que meros ‘infrafuncionarios’ investiguen a un funcionario constitucional significa un reprochable y jurídicamente inadmisible hecho contra la ley cuya inconstitucionalidad fluye”, opinó Brito sin referirse concretamente a la fiscalización ejecutada en una serie de causas del fiscal Guillermo Herrera (X Nominación) controvertidas por el Colegio de Abogados de la Capital. Esta auditoría de reacción inmediata tuvo origen en abril, en una orden de Gandur que luego, ante la resistencia del ministro público Edmundo Jiménez, fue refrendada dos veces por todos los miembros del alto tribunal, incluso Sbdar. Como consecuencia de ese control sobre las causas “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”, la Corte (sin el voto de Estofán, que se excusó por ser amigo de Herrera) dispuso la apertura del sumario administrativo que instruye la fiscala Juana Prieto.
Contra el plan piloto
El abogado de Manzur afirmó que los magistrados también debían gozar de independencia interna y que las auditorías de reacción inmediata implicaban la pesquisa de funcionarios con fueros que sólo podían ser investigados por los propios jueces (investigación jurisdiccional). Brito recordó que, a los efectos de la destitución, la comisión de un delito por parte de un magistrado o el mal desempeño de sus funciones debía ser juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento. “Así lo prevé la Constitución y tan excelsa manda no puede ser suplida por meras e inconstitucionales acordadas (de la Corte)”, dijo el denunciante que ya en 2013 había judicializado un fallido plan piloto de reforma procesal penal pergeñado por el alto tribunal.
La acusación de Brito se suma a la denuncia mediática que había formulado el propio Herrera, que dijo que un vocal de la Corte había intentado, indirectamente, “torcer” su voluntad en la causa “Delgado” (por orden de Jiménez, esa versión está en manos del fiscal Washington Navarro Dávila). Respecto de Herrera, lo que se conoce como “crisis judicial” comprende, además, al menos nueve denuncias penales -todas radicadas en la Fiscalía de López Ávila- y un pedido de destitución presentado en la Legislatura por Walter Fabián Delgado. También tienen denuncias en su contra los jueces Francisco Pisa y Marcelo Mendilaharzu, y los fiscales Noguera y Arnaldo Suasnábar (estas presentaciones están en manos de López Ávila). Asimismo, la Asociación de Magistrados pidió a la Justicia que investigue a Luis Lezana Flores, jefe de los auditores penales de la Corte, por su proceder durante la fiscalización de Herrera, acusación que recayó en la Fiscalía de María de las Mercedes Carrizo.
Lo más popular
