El mandamás de Economía
El cargo es preciado. Tal vez uno de los más importantes después de la fórmula de gobernador y vice. Ser ministro de Economía en Tucumán implica manejar $ 35.000 millones al año (esa puede ser la pauta para el año del Bicentenario). En el juego de números, aquella cifra puede significar también la administración de $ 96 millones diarios, cerca de $ 1,6 millón por hora o $ 27.000 por minuto. Claro está que todo bajo la atenta supervisión del gobernador de turno. De su experiencia anterior, José Alperovich ha aprendido que un fusible con tanto poder financiero no debe incursionar en política porque -con el paso del tiempo- puede llegar a convertirse en un adversario electoral. Jorge Jiménez ha transitado su gestión sobre aquellos lineamientos alperovichistas. Ha sido y es el que se encarga de sostener las finanzas a base de “no” a todo y a acceder a alguna ampliación de partida con la venia del mandatario. Como quien dice, se encarga de cuidar la caja. Nada sencillo en este período electoral. Semejante tarea es asimilable a la de alguien que juega al truco profesionalmente, que se niega a mostrar las cartas hasta que el otro canta puntos o decide arremeter con el truco.

En los últimos días, José Alperovich sentó a su ministro de Economía y al bendecido candidato a la sucesión, Juan Manzur, a comenzar a delinear el futuro, ese que arrancará después del 29 de octubre. Una de las “sugerencias” gubernamentales fue la continuidad de Jiménez, al menos por un tiempo, para que la situación fiscal tucumana perdure bajo el signo del equilibrio financiero. Sin embargo, Manzur tiene otros nombres en carpeta. Dos de ellos lo han acompañado -inclusive- en su paso por el Ministerio de Salud Pública de la Nación y en la Legislatura. Eduardo Garvich ha sido número puesto desde hace varias décadas. Es uno de los técnicos que más conoce las finanzas públicas y el que ha trasvasado los cambios de signos políticos en la gestión. El ex secretario de Hacienda de varios gobiernos se mete en la pelea por el Ministerio. Pero también se menciona a José Gandur, el actual secretario Ejecutivo-Administrativo Contable del Ministerio de Salud de Tucumán, en quien Manzur ha depositado su confianza para administrar al Siprosa. Más atrás aparece Rolando Steimberg, actual número dos del Palacio de Hacienda.

Por el lado del Acuerdo para el Bicentenario, la danza de nombres para el cargo de ministro de Economía es tan variada como heterogénea. Tanto desde el canismo como desde el amayismo, hay cierto consenso en una figura: Silvio Bellomío, secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Bellomío, por de pronto, se ha postulado para un cargo en la Legislatura. En la nómina también se inscribe otro colaborador del intendente Domingo Amaya: Álvaro Contreras, quien se viene desempeñando como subsecretario de Ingresos Municipales. Por el lado del equipo de José Cano, el economista Eduardo Robinson es el que viene trabajando con el actual diputado y postulante a la gobernación. De todas maneras, todo esto estará supeditado a lo que decidan los equipos de trabajo, cuyas cabezas visibles son el radical José Ascárate y el amayista Julio Figueroa. Ellos creen que la clave de la campaña pasa por la carga impositiva. Por eso prometen bajar la presión fiscal, eliminar impuestos distorsivos y promover incentivos por actividad productiva.

Los opositores son conscientes de que, sólo con palabras, no se gestiona. Muchos de ellos sostienen que hay “topos” en distintos ámbitos gubernamentales que pueden contribuir a la causa del Acuerdo del Bicentenario, aportando su experiencia en administración. “Están técnicamente preparados para colaborar cuando se les pida salir a flote”, indican.

Más allá de los nombres, importan los programas. El Gobierno ofrece tranquilidad financiera, con sueldos al día; la oposición, a su vez, alienta la reformulación tributaria. En el medio de esto está la necesidad de generar los millones de pesos que se requieren para sostener un aparato estatal que contiene no menos de 85.000 empleados públicos. La cuestión de fondo es saber de dónde provendrán los fondos que compensen un alivio en la carga fiscal. Ese es el interrogante que se le plantea al elector tucumano.

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