“Hubo una gran capitulación del Poder Judicial en la Dictadura”

Juan Pablo Bohoslavsky, especialista en Deuda Externa y Derechos Humanos, presentó en Tucumán su libro “¿Usted También, Doctor? Complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura”. En diálogo con LA GACETA, el editor planteó interrogantes respecto del rol de los miembros de la Justicia, de los profesores de Derecho, de los colegios profesionales en Tucumán y de los abogados en el país durante el terrorismo de Estado. Su trabajo, que recopila 28 textos de referentes en la materia y que fue prologado por Baltasar Garzón, fue presentado como documentación por las querellas en el juicio en el que se condenó recientemente al ex juez federal de Tucumán, Manlio Martínez, por crímenes de lesa humanidad.

- ¿A qué conclusión llegó respecto del rol de la Justicia en el terrorismo de Estado?

- Hubo una gran capitulación del Poder Judicial, que garantizó la impunidad y que, en algunos casos, participó de manera activa en la comisión de los crímenes. El libro identificó tres grandes grupos de funcionarios judiciales. El primer grupo es el de los “cómplices militantes”, que se identificaban ideológicamente con la Junta (y tuvieron una participación activa y directa). La inmensa mayoría del Poder Judicial se ubicó en los “cómplices banales”, cuya implicación se limitó al rechazo de habeas corpus, por ejemplo. El último grupo es el de los jueces independientes que ejercieron su labor, pero el libro pudo identificar un puñado.

- ¿Cree que hubiera sido diferente la historia si los jueces y fiscales hubiesen renunciado?

- Era muy importante para la Junta mantener la pantomima de que había una Justicia independiente en pie en el país y el Poder Judicial era funcional a ese juego. La Corte Suprema desempeñó un papel muy importante en el préstamo de legitimidad; fue designada por la Junta, rápidamente convalidó la estructura jurídica de la Junta, les leyes represivas, etcétera. Ocasionalmente hacía algunos ajustes en cuestiones ornamentales de la acción represiva de la Junta, siempre y cuando para no mostrar la dimensión sistemática en la relación de los derechos humanos. Sin la colaboración, no se hubiera podido llegar a este punto de apoyo político, económico.

- ¿Cree que hay una conciencia en la sociedad de lo que fueron las complicidades civiles?

- Hay una conciencia creciente y hay comportamientos que podemos considerar cómplices pero que no necesariamente tienen una sanción penal. Pero aun así tienen un significado político y simbólico determinante. ¿Cómo debería reaccionar el derecho frente a esta mayoría de funcionarios judiciales que compusieron la categoría de cómplices banales que simplemente rechazaban habeas corpus, porque entendían que no había mayores indagaciones para hacer porque la respuesta formal era que aquella persona no estaba detenida? ¿Puede considerarse eso un delito de lesa humanidad? Esa es una pregunta abierta, pero aun cuando uno puede considerar eso un delito de lesa humanidad, eso no significa que las víctimas no tengan derecho por ejemplo a leer los expedientes judiciales en dónde se rechazaban esos habeas corpus.

- ¿Cuáles serían las alternativas extrajurídicas que plantea el libro?

- Una es como se hacía antes la creación de una comisión nacional de la verdad, integrada por los tres poderes, académicos, las propias víctimas, para conocer más sobre qué pasó en el Poder Judicial. Solamente la Conadep identificó 5.400 casos de habeas corpus rechazados; probablemente hay más. La otra propuesta del libro es que la Corte Suprema actual reflexione sobre el rol del Poder durante la Dictadura. Y que actualmente pida disculpas a la sociedad y a las víctimas por la capitulación del poder judicial. Porque cuando más las víctimas necesitaban a los jueces, los jueces más desamparados las dejaron.