Por LA GACETA
22 Junio 2015
Salvo que se tenga una jubilación de privilegio, llegar a la vejez en nuestro país implica incursionar en árido territorio de la desdicha y de la ingratitud, porque los escasos dineros que cobra mensualmente la gran mayoría de los adultos mayores están más próximos a la humillación que al reconocimiento por haber entregado su esfuerzo al país.
Casi todos pertenecen al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), una de las obras sociales más populosas de Sudamérica, con más de 4 millones de afiliados. Fue creada el 13 de mayo de 1971, por el ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique, para que fuera administrada por sus beneficiarios. Pero este hecho nunca se cumplió, porque desde su creación el presidente de su directorio fue designado por el gobierno de turno, fuera de facto o democrático.
Con frecuencia, los afiliados padecen todo tipo de inconvenientes, desde el otorgamiento de turnos con especialistas para dentro de dos meses, dificultades en la obtención de drogas para enfermedades específicas o de prótesis traumatológicas hasta conseguir medicamentos.
El 11 de mayo pasado, fue nombrado un nuevo interventor, que al igual que el anterior, dijo pertenecer “La Cámpora”. “Es un desafío muy grande para nosotros, nuestra organización y nuestra Presidenta el hecho de haber recuperado el PAMI. Nosotros llegamos hace dos años a la institución con la misión de profundizar las políticas del modelo y llegar a los afiliados de manera fluida. Y en estos dos años no logramos eso. Pero ahora... vamos a convocar a los empleados y a los afiliados del PAMI a trabajar para profundizar el modelo al que representamos, a pesar de las dificultades que tuvimos en todo este tiempo”, dijo el futuro arquitecto.
El 15 de mayo, las farmacias cortaron el servicio al PAMI por la abultada deuda que la obra social mantenía con el sector. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) señaló que no podía garantizar la continuidad de las prestaciones a los afiliados por una deuda de más de $ 1.000 millones que tiene el PAMI con la red de salud. El titular del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán explicó: “Las farmacias se quedan sin provisiones de las droguerías, ya que todos tenemos un monto determinado de crédito. El sistema es perverso y se tiene que terminar. Pagamos mucho antes de cobrar. Eso nos lleva a la desfinanciación tan grande que el servicio que se presta es malo y se sigue concentrando en las grandes cadenas. Están destruyendo la red farmacéutica de la provincia”, señaló.
Esta situación no es nueva. La víctima de los desaguisados de los interventores de turno a nivel nacional y provincial siempre es el afiliado. ¿Quién se hace cargo cuando se muere una persona por falta de atención, provisión de medicamentos, por demoras de prótesis o porque no hay lugar para ellos en los sanatorios? ¿Algún funcionario es sancionado? ¿A alguien le interesa lo que le suceda a los jubilados? ¿El responsable siempre es el Estado, es decir, nadie?
A lo largo de sus 44 años de existencia, el PAMI ha cosechado una triste fama por sus hechos de corrupción. Si desde su creación está intervenido y en consecuencia, la ley no se respeta, por qué no derogarla. Esta realidad refleja que es más importante para los gobiernos de turno tener al PAMI como un bastión de poder, que devolverles la obra social a sus afiliados. ¿Acaso es más importante la política partidaria y el dinero que la salud de nuestros mayores?
Casi todos pertenecen al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), una de las obras sociales más populosas de Sudamérica, con más de 4 millones de afiliados. Fue creada el 13 de mayo de 1971, por el ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique, para que fuera administrada por sus beneficiarios. Pero este hecho nunca se cumplió, porque desde su creación el presidente de su directorio fue designado por el gobierno de turno, fuera de facto o democrático.
Con frecuencia, los afiliados padecen todo tipo de inconvenientes, desde el otorgamiento de turnos con especialistas para dentro de dos meses, dificultades en la obtención de drogas para enfermedades específicas o de prótesis traumatológicas hasta conseguir medicamentos.
El 11 de mayo pasado, fue nombrado un nuevo interventor, que al igual que el anterior, dijo pertenecer “La Cámpora”. “Es un desafío muy grande para nosotros, nuestra organización y nuestra Presidenta el hecho de haber recuperado el PAMI. Nosotros llegamos hace dos años a la institución con la misión de profundizar las políticas del modelo y llegar a los afiliados de manera fluida. Y en estos dos años no logramos eso. Pero ahora... vamos a convocar a los empleados y a los afiliados del PAMI a trabajar para profundizar el modelo al que representamos, a pesar de las dificultades que tuvimos en todo este tiempo”, dijo el futuro arquitecto.
El 15 de mayo, las farmacias cortaron el servicio al PAMI por la abultada deuda que la obra social mantenía con el sector. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) señaló que no podía garantizar la continuidad de las prestaciones a los afiliados por una deuda de más de $ 1.000 millones que tiene el PAMI con la red de salud. El titular del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán explicó: “Las farmacias se quedan sin provisiones de las droguerías, ya que todos tenemos un monto determinado de crédito. El sistema es perverso y se tiene que terminar. Pagamos mucho antes de cobrar. Eso nos lleva a la desfinanciación tan grande que el servicio que se presta es malo y se sigue concentrando en las grandes cadenas. Están destruyendo la red farmacéutica de la provincia”, señaló.
Esta situación no es nueva. La víctima de los desaguisados de los interventores de turno a nivel nacional y provincial siempre es el afiliado. ¿Quién se hace cargo cuando se muere una persona por falta de atención, provisión de medicamentos, por demoras de prótesis o porque no hay lugar para ellos en los sanatorios? ¿Algún funcionario es sancionado? ¿A alguien le interesa lo que le suceda a los jubilados? ¿El responsable siempre es el Estado, es decir, nadie?
A lo largo de sus 44 años de existencia, el PAMI ha cosechado una triste fama por sus hechos de corrupción. Si desde su creación está intervenido y en consecuencia, la ley no se respeta, por qué no derogarla. Esta realidad refleja que es más importante para los gobiernos de turno tener al PAMI como un bastión de poder, que devolverles la obra social a sus afiliados. ¿Acaso es más importante la política partidaria y el dinero que la salud de nuestros mayores?
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