12 Junio 2015
ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hoy se escuchará por primera vez en el Tribunal Oral Federal (TOF) local el fallo de un juicio que tiene como imputado a un ex juez federal por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
A primera hora de la mañana, Manlio Torcuato Martínez podrá hablar por última vez ante los jueces Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón. Al mediodía, se conocerá la sentencia.
La causa es una derivación de la conocida como “Romero Niklison” (2011), que condenó a Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “El Tuerto” Albornoz a perpetua. Ese proceso había abordado las ejecuciones de cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen) el 20 de mayo de 1976. Ese día, policías y militares los asesinaron durante un allanamiento ilegal en una casa de Azcuénaga al 1.800, que pertenecía a Miguel Romano. El rol de Martínez tras ese episodio se puso bajo la lupa en el juicio. Las imputaciones a Martínez están divididas en las relacionadas con las cinco víctimas y las derivadas de la posterior detención de Romano. Por un lado, está acusado por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación de justicia y como partícipe de los homicidios calificados. Por otro, de prevaricato y privación de la libertad. Se lo sindica también como presunto miembro de una asociación ilícita.
Su versión
Martínez negó todos los cargos
El ex juez Manlio Martínez declaró varias veces en el juicio y sostuvo que es inocente en todas ellas. Afirmó que estuvo amenazado por los militares y que, inclusive, detonaron una bomba en su casa. También consignó que su esposa fue perseguida en esa época y que familiares tuvieron que exiliarse. Respecto de los casos específicos, consignó que no tenía competencia para actuar tras los asesinatos y que sus decisiones en el caso Romano fueron ratificadas en instancias superiores.
Acusación
“Complicidad” e “inacción”
Tanto los fiscales como los querellantes apuntaron a la “inacción” del ex juez en la investigación de los asesinatos de los cinco militantes y a su presunta “complicidad” con el terrorismo de Estado. Remarcaron durante el juicio el rechazo “sistemático” de habeas corpus por detenidos-desaparecidos. De acuerdo con la acusación, sus “acciones y omisiones” habrían legitimado la ejecución extrajudicial y “asegurado” la impunidad para quienes la llevaron adelante.
En defensa
Empleados y colegas avalaron al ex juez
Entre los testigos de la Defensa, hubo ex empleados del Juzgado que consignaron que no se habría tomado declaraciones a detenidos esposados y que el ex magistrado, incluso, habría ayudado a familiares de desaparecidos. Por otro lado, abogados que se desempeñaban en ese momento y que tuvieron familiares apresados afirmaron que las causas tenían un tratamiento adecuado. Los defensores pidieron que Martínez fuera absuelto y puesto en libertad.
Testimonios
Amenazas y causas “armadas”
Ex presos políticos y sobrevivientes que prestaron declaración por las partes acusadoras coincidieron en que en el Juzgado de Martínez se les habría tomado declaración “esposados” y con visibles rastros de maltratos. Aseguraron que allí no querían dejar asentadas las denuncias por torturas y que eran amenazados con ser devueltos a centros clandestinos. También dieron cuenta de que se “armaban causas”. Los acusadores pidieron hasta 25 años de prisión en cárcel común.
Juicio inédito
Un sólo funcionario está condenado
El único funcionario judicial condenado en el país por crímenes durante el terrorismo de Estado es Víctor Hermes Brusa, de Santa Fe, quien era secretario de un juzgado en los ‘70. Sin embargo, son 24 los jueces o ex jueces imputados, según un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
En Tucumán, el juicio es inédito porque es la primer fallo que se emitirá en un caso de estas características. Por otro lado, Martínez es el tercer civil que llega a juicio en la provincia en el contexto de causas de Derechos Humanos. Los dos anteriores fueron absueltos.
Particular
Un proceso oral complejo
El juicio se celebra desde el 12 de marzo. En un principio, comenzaría en octubre, pero Martínez recusó a la jueza Alicia Noli (ella se excusó para evitar que el proceso se demore). En total, fueron una docena las excusaciones y recusaciones de miembros de la Justicia. Sucede que muchos conocían o trabajaron con el ex juez o sus familiares. Es el onceavo juicio por crímenes de lesa humanidad en Tucumán. Martínez, de 70 años, permanece bajo arresto domiciliario por cuestiones de salud.
A primera hora de la mañana, Manlio Torcuato Martínez podrá hablar por última vez ante los jueces Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón. Al mediodía, se conocerá la sentencia.
La causa es una derivación de la conocida como “Romero Niklison” (2011), que condenó a Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “El Tuerto” Albornoz a perpetua. Ese proceso había abordado las ejecuciones de cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen) el 20 de mayo de 1976. Ese día, policías y militares los asesinaron durante un allanamiento ilegal en una casa de Azcuénaga al 1.800, que pertenecía a Miguel Romano. El rol de Martínez tras ese episodio se puso bajo la lupa en el juicio. Las imputaciones a Martínez están divididas en las relacionadas con las cinco víctimas y las derivadas de la posterior detención de Romano. Por un lado, está acusado por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación de justicia y como partícipe de los homicidios calificados. Por otro, de prevaricato y privación de la libertad. Se lo sindica también como presunto miembro de una asociación ilícita.
Su versión
Martínez negó todos los cargos
El ex juez Manlio Martínez declaró varias veces en el juicio y sostuvo que es inocente en todas ellas. Afirmó que estuvo amenazado por los militares y que, inclusive, detonaron una bomba en su casa. También consignó que su esposa fue perseguida en esa época y que familiares tuvieron que exiliarse. Respecto de los casos específicos, consignó que no tenía competencia para actuar tras los asesinatos y que sus decisiones en el caso Romano fueron ratificadas en instancias superiores.
Acusación
“Complicidad” e “inacción”
Tanto los fiscales como los querellantes apuntaron a la “inacción” del ex juez en la investigación de los asesinatos de los cinco militantes y a su presunta “complicidad” con el terrorismo de Estado. Remarcaron durante el juicio el rechazo “sistemático” de habeas corpus por detenidos-desaparecidos. De acuerdo con la acusación, sus “acciones y omisiones” habrían legitimado la ejecución extrajudicial y “asegurado” la impunidad para quienes la llevaron adelante.
En defensa
Empleados y colegas avalaron al ex juez
Entre los testigos de la Defensa, hubo ex empleados del Juzgado que consignaron que no se habría tomado declaraciones a detenidos esposados y que el ex magistrado, incluso, habría ayudado a familiares de desaparecidos. Por otro lado, abogados que se desempeñaban en ese momento y que tuvieron familiares apresados afirmaron que las causas tenían un tratamiento adecuado. Los defensores pidieron que Martínez fuera absuelto y puesto en libertad.
Testimonios
Amenazas y causas “armadas”
Ex presos políticos y sobrevivientes que prestaron declaración por las partes acusadoras coincidieron en que en el Juzgado de Martínez se les habría tomado declaración “esposados” y con visibles rastros de maltratos. Aseguraron que allí no querían dejar asentadas las denuncias por torturas y que eran amenazados con ser devueltos a centros clandestinos. También dieron cuenta de que se “armaban causas”. Los acusadores pidieron hasta 25 años de prisión en cárcel común.
Juicio inédito
Un sólo funcionario está condenado
El único funcionario judicial condenado en el país por crímenes durante el terrorismo de Estado es Víctor Hermes Brusa, de Santa Fe, quien era secretario de un juzgado en los ‘70. Sin embargo, son 24 los jueces o ex jueces imputados, según un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
En Tucumán, el juicio es inédito porque es la primer fallo que se emitirá en un caso de estas características. Por otro lado, Martínez es el tercer civil que llega a juicio en la provincia en el contexto de causas de Derechos Humanos. Los dos anteriores fueron absueltos.
Particular
Un proceso oral complejo
El juicio se celebra desde el 12 de marzo. En un principio, comenzaría en octubre, pero Martínez recusó a la jueza Alicia Noli (ella se excusó para evitar que el proceso se demore). En total, fueron una docena las excusaciones y recusaciones de miembros de la Justicia. Sucede que muchos conocían o trabajaron con el ex juez o sus familiares. Es el onceavo juicio por crímenes de lesa humanidad en Tucumán. Martínez, de 70 años, permanece bajo arresto domiciliario por cuestiones de salud.
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