05 Junio 2015
RECLAMO. Trimarco le pide a la Justicia que siga buscando a “Marita”. la gaceta / foto de HECTOR PERALTA (archivo)
Son horas decisivas para el camarista penal Eduardo Romero Lascano, el único vocal de la sala II que “sobrevivió” en sus funciones tras el juicio oral y público por el secuestro y explotación sexual de María de los Ángeles Verón, realizado en 2012. El martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó un planteo de inconstitucionalidad del magistrado en contra de la conformación del Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento, órgano que resolverá si incumplió o no con sus deberes en el debate del caso “Marita”. Así, Romero Lascano podría enfrentar a ese cuerpo y, teniendo en cuenta la postura del oficialismo, podría ser removido de su cargo.
Susana Trimarco, madre de la mujer secuestrada en 2002 por una red de trata de personas, celebró la sentencia del alto tribunal nacional, ya que los abogados de la Fundación María de los Ángeles, Carlos Garmendia y José D’Antona, impulsaron el pedido de destitución de Romero Lascano ante la Legislatura.
“Estoy muy conforme con la resolución de la Corte Suprema de la Nación. Es, al menos, un poco de justicia”, le señaló Trimarco a LA GACETA mediante correo electrónico, ya que se encontraba fuera de la provincia.
La mujer, reconocida a nivel internacional por su lucha contra la trata de personas, cuestionó a Romero Lascano y a sus ex colegas de la sala II de la Cámara Penal, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena (los dos últimos ya se jubilaron, por lo que evitaron el proceso de destitución, tal como lo disponía la normativa sobre el trámite de Juicio Político vigente en 2013).
“El juez Romero Lascano y sus compañeros del tribunal, durante el juicio por el secuestro y desaparición de mi hija, demostraron públicamente cómo maltrataron a las víctimas de trata de personas que dieron testimonio, al tiempo que permitieron que los delincuentes, los proxenetas, agredieran verbalmente tanto a mi nieta Micaela como a mí”, sostuvo Trimarco. Y enfatizó: “espero que, gracias a esta resolución (de la CSJN), el juicio político se realice lo antes posible”.
Hasta el alto tribunal
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, presidida por el oficialista Sisto Terán Nougués y con mayoría abrumadora de alperovichistas, ya le dio trámite a la acusación que formularon Garmendia y D’Antona en contra de los jueces del caso “Verón”. Sólo Romero Lascano continúa siendo objeto del trámite. El magistrado había planteado la inconstitucionalidad de la conformación de la comisión del Jurado de Enjuiciamiento; además, señaló una serie de presuntas anomalías. Este expediente, que implicaba una cautelar que paralizaba el funcionamiento del Jury, llegó a la CSJN, que rechazó la postura del juez.
Romero Lascano sin embargo le relató a este diario que ha iniciado una nueva demanda de inconstitucionalidad, esta vez haciendo foco en que el Jurado de Enjuiciamiento debería pertenecer a la órbita del Poder Judicial -al igual que el Consejo Asesor de la Magistratura- y no de la Legislatura, según su interpretación. Esto podría impedir nuevamente el avance del Jury.
El abogado Garmendia, de la Fundación Verón, anticipó ayer que hoy a la mañana llevará a mesa de entradas del cuerpo colegiado una presentación, acompañada por el reciente fallo de la CSJN, para solicitar el inmediato reinicio del juicio político contra el magistrado. “Al haberse dictado una sentencia definitiva, estamos en condiciones de avanzar. Romero Lascano ya no tiene chances de realizar nuevas objeciones”, señaló el letrado. Y criticó al juez por realizar esos planteos. “Evidentemente, Romero Lascano ha adquirido algunas de las actitudes que tenían los defensores de los imputados en el juicio del caso ‘Verón’, porque solamente está dilatando el trámite del juicio político. No quiere darles explicaciones a los tucumanos sobre por qué actuó de esa manera en el juicio oral, que terminó con todos los acusados absueltos”, dijo Garmendia. Y pidió que el Poder Judicial “esté a la altura de la situación” y “no permita más demoras”. “El juicio político debería estar finalizado en, a lo sumo, dos meses”, insistió Garmendia.
Susana Trimarco, madre de la mujer secuestrada en 2002 por una red de trata de personas, celebró la sentencia del alto tribunal nacional, ya que los abogados de la Fundación María de los Ángeles, Carlos Garmendia y José D’Antona, impulsaron el pedido de destitución de Romero Lascano ante la Legislatura.
“Estoy muy conforme con la resolución de la Corte Suprema de la Nación. Es, al menos, un poco de justicia”, le señaló Trimarco a LA GACETA mediante correo electrónico, ya que se encontraba fuera de la provincia.
La mujer, reconocida a nivel internacional por su lucha contra la trata de personas, cuestionó a Romero Lascano y a sus ex colegas de la sala II de la Cámara Penal, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena (los dos últimos ya se jubilaron, por lo que evitaron el proceso de destitución, tal como lo disponía la normativa sobre el trámite de Juicio Político vigente en 2013).
“El juez Romero Lascano y sus compañeros del tribunal, durante el juicio por el secuestro y desaparición de mi hija, demostraron públicamente cómo maltrataron a las víctimas de trata de personas que dieron testimonio, al tiempo que permitieron que los delincuentes, los proxenetas, agredieran verbalmente tanto a mi nieta Micaela como a mí”, sostuvo Trimarco. Y enfatizó: “espero que, gracias a esta resolución (de la CSJN), el juicio político se realice lo antes posible”.
Hasta el alto tribunal
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, presidida por el oficialista Sisto Terán Nougués y con mayoría abrumadora de alperovichistas, ya le dio trámite a la acusación que formularon Garmendia y D’Antona en contra de los jueces del caso “Verón”. Sólo Romero Lascano continúa siendo objeto del trámite. El magistrado había planteado la inconstitucionalidad de la conformación de la comisión del Jurado de Enjuiciamiento; además, señaló una serie de presuntas anomalías. Este expediente, que implicaba una cautelar que paralizaba el funcionamiento del Jury, llegó a la CSJN, que rechazó la postura del juez.
Romero Lascano sin embargo le relató a este diario que ha iniciado una nueva demanda de inconstitucionalidad, esta vez haciendo foco en que el Jurado de Enjuiciamiento debería pertenecer a la órbita del Poder Judicial -al igual que el Consejo Asesor de la Magistratura- y no de la Legislatura, según su interpretación. Esto podría impedir nuevamente el avance del Jury.
El abogado Garmendia, de la Fundación Verón, anticipó ayer que hoy a la mañana llevará a mesa de entradas del cuerpo colegiado una presentación, acompañada por el reciente fallo de la CSJN, para solicitar el inmediato reinicio del juicio político contra el magistrado. “Al haberse dictado una sentencia definitiva, estamos en condiciones de avanzar. Romero Lascano ya no tiene chances de realizar nuevas objeciones”, señaló el letrado. Y criticó al juez por realizar esos planteos. “Evidentemente, Romero Lascano ha adquirido algunas de las actitudes que tenían los defensores de los imputados en el juicio del caso ‘Verón’, porque solamente está dilatando el trámite del juicio político. No quiere darles explicaciones a los tucumanos sobre por qué actuó de esa manera en el juicio oral, que terminó con todos los acusados absueltos”, dijo Garmendia. Y pidió que el Poder Judicial “esté a la altura de la situación” y “no permita más demoras”. “El juicio político debería estar finalizado en, a lo sumo, dos meses”, insistió Garmendia.
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