“El Colegio sabía del uso extorsivo del fuero penal”

El letrado Gustavo Terán Molina, promotor de un pedido de intervención del Colegio de Abogados de la Capital y de una propuesta de reforma de la Ley 5.233, que regula a la entidad intermedia desde 1981, insistió en que sobran los motivos para buscar un cambio. Además, acusó al presidente Francisco García Posse de victimizarse. Este dirigente había dicho que resultaba “sugestivo” que Terán Molina haya formulado sus inquietudes luego de la denuncia penal que la institución presentó contra los fiscales Guillermo Herrera y Alejandro Noguera.

“Es falsa su postura de víctima, cuando la realidad es que el Colegio y sus directivos conocían perfectamente el descontrol de jueces y de fiscales, y del uso extorsivo del fuero penal mediante la conversión de causas civiles en penales”, opinó Terán Molina en una nota que dirigió a este diario. Y añadió: “¿por qué no los denunciaron hace 10 años? Lo cierto es que (las autoridades del Colegio) esperaron que profesionales y particulares hagan la denuncia, y, como no les quedaba otra, se sumaron”.

Terán Molina dijo que en el pedido de intervención del Colegio que presentó en abril ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán “nunca negó la corrupción del fuero penal”. “Lo que cuestiono es la aparente complicidad o encubrimiento por parte de los directivos que no tomaron medidas años atrás”, expresó. Según su criterio, la entidad que encabeza García Posse “se desgarra las vestiduras” cuando la llamada crisis judicial empezó no por su voluntad sino por la acción de la Unidad de Información Financiera y del colega Alfredo Falú. En su momento, este había pedido a la entidad que lo acompañe en el cuestionamiento de Noguera por su desempeño en la causa “Jorrat” como fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. La institución aceptó la invitación y redobló la apuesta, al denunciar también a Herrera, que había actuado como fiscal de Instrucción en “Jorrat”.

Terán Molina aseguró que conocía de primera mano “la corrupción al menos por prevaricación” de Noguera, Herrera y el juez Juan Francisco Pisa: “con abogados inescrupulosos, utilizaron el fuero penal para resolver causas civiles. En mi caso, litigué 12 años (en un proceso de ese tipo) hasta que la Cámara de Apelaciones y la Corte confirmaron que no existían motivos para abrir una causa penal”.

El artífice de una iniciativa para remodelar el diseño del Colegio insistió en que ello era necesario para transparentar la administración y sincerar el hecho de que las autoridades no podían seguir trabajando ad honórem. También dijo que existía una competencia desleal entre estos y los colegiados: “es imposible pleitear y tener como antagonistas a quienes ejercen ‘el poder político’ sobre los jueces y el poder de policía sobre los matriculados”. El proyecto de ley de Terán Molina promueve el llamado a elecciones de directivos dentro de los 30 días de la sanción de la enmienda y dispone que la transición sea controlada por veedores abogados provenientes de los tres poderes del Estado. Al respecto, García Posse había manifestado: “esta propuesta de reforma está dirigida a producir la caducidad de nuestros mandatos. Es evidente que quieren sacarnos del juego”.