Por Roberto Delgado
30 Mayo 2015
Los jefes policiales serán universitarios, se ampliará la cantidad de oficiales y habrá un ascenso masivo de 2.313 efectivos en los próximos meses. La publicación del domingo pasado pareció una información de carácter apenas noticioso, que sugería la idea de que habrá una profesionalización de quienes conducen la fuerza de seguridad y premios por encima de lo normal, ya que cada año se asciende a poco menos de 1.000 agentes. Pero no es una noticia más. Encierra una definición sobre la forma en que se da la seguridad en la provincia. ¿Significará un cambio verdadero en la crisis que arrastra un sistema que ha fracasado a lo largo de toda la década alperovichista, lo cual ha sido reconocido por el mismo gobernador?
Planes de escritorio
El secretario de Seguridad, Paul Hofer, dijo que el convenio con la UNT para que los oficiales comiencen una carrera y dentro de cinco años sean universitarios es un cambio histórico. “Supone una mejora en las condiciones de trabajo”, explicó.
No está mal que sean universitarios. Lo que no está claro es cómo se analizarán las tareas y esas condiciones de trabajo de los oficiales, puesto que el modelo actual arrastra un pecado de origen, que es asignarles roles de conducción y diseños de operativos desde los escritorios. También el modelo -hecho a imagen y semejanza de las estructuras militares verticalistas de hace 50 años- divide a los oficiales (supuestamente instruidos en una carrera de tres años en el Instituto Superior de Policía) de los suboficiales (que reciben una instrucción de un año, según dijo el secretario de Seguridad).
Pero los que están en la calle enfrentando los problemas son los agentes, no los oficiales. Estos se suben a los patrulleros o van a ver a los vecinos solamente cuando arden el escándalo o las protestas. Los oficiales apenas si tienen contacto con los vecinos cuando reciben las denuncias en las comisarías. La propuesta es que el al menos el 20% de los policías tengan formación técnica para acceder a puestos de mayor jerarquía. ¿Aumentar la cantidad de oficiales implicará cambiar esas condiciones de trabajo? ¿O simplemente aumentará la burocracia?
Al respecto, William Bratton, el famoso y polémico jefe de Policía de Nueva York, ha criticado la separación de clases policiales en Latinoamérica y ha señalado que en EEUU todos los agentes comienzan por el mismo lugar y avanzan jerárquicamente en su entrenamiento y su educación con cada promoción sucesiva; él mismo, siendo universitario, comenzó como policía de calle (en: “Ocho pasos para reducir el crimen” -www.americasquarterly.org/node/1500-).
Naturaleza descentralizada
Bratton también dice que la policía es por naturaleza descentralizada y discrecional. “El agente en la calle, su supervisor y el comisario en el precinto son los que realmente toman las decisiones en el trabajo del día a día”, afirma.
Suponer que un 20% de oficiales idealmente educados van a manejar desde sus escritorios a 6.000 sufoficiales poco educados es por lo menos ilusorio. Porque tal como se trabaja ahora, en la institución verticalista y centralizada, los agentes, en vez de haber sido capacitados para tomar las decisiones adecuadas en medio del problema en la calle, están atentos a obedecer órdenes y al control de los jefes. Lo cual, en medio de un problema, es lo opuesto a descentralización.
Obligaciones en duda
De todo esto se desprende la necesidad del debate sobre el rol de la policía en esta sociedad. Para los funcionarios y los uniformados, es combatir el robo y los asaltos, pero en realidad su tarea es más amplia. Es prevenir robos y asaltos (y combatirlos), pero también pacificar las calles, resolver problemas. Y eso se ven obligados a hacer, pero como tienen en la cabeza la primera definición, no dan importancia o se desentienden de los hechos que muchas veces generan situaciones críticas en la sociedad.
Eso se ha visto en el caso de Enriqueta Córdoba, quien se prendió fuego anteayer en Concepción, tres días después del incidente en que, en una discusión con su marido, este resultó quemado aparentemente por ella. Nadie previó la presión que tenía esta mujer acusada de atacar al marido. Tampoco nadie había previsto esa discusión de pareja el domingo, pese a que, según el mismo comisario Humberto Ruezgas, jefe de la Regional Sur, ella lo había denunciado varias veces por agresiones físicas y psicológicas. La Policía no está segura de que su tarea sea atender estos casos. Pero está obligada a recibir las denuncias y a acudir cuando estallan las crisis. Por esa poca convicción policial para tratar estos casos es que las organizaciones que defienden a la mujer acusan a los policías de no hacer nada con la violencia doméstica.
¿Quién discutirá ese rol? Nadie lo ha hecho, pese a que hay organizaciones como Andhes -denunció la inconstitucional ley de contravenciones- que han reclamado cambiar el modelo policial; y pese a que han surgido observatorios contra la violencia de género y sobre la seguridad. Estos analizan la reacción policial y judicial ante problemas de violencia, que son, en primera instancia, directa obligación de los uniformados.
Hay una comisión de seguridad en la Legislatura que nunca ha estudiado el modelo policial. Acaso, como se ha hecho con el Código Procesal Penal, podría formarse una comisión para la reforma policial con expertos de las universidades, organismos de derechos humanos, organizaciones de víctimas de delitos, la justicia (que ya tiene un organismo de estudio de delitos) y acaso ONGs que estudian en profundidad asuntos como trata de personas y delitos de mayor y menor cuantía.
Más que magia
El asunto es ver quién percibe que sea necesaria esta reforma. El secretario de Seguridad, en realidad, piensa que para resolver estos problemas en una sociedad que se ha vuelto más violenta funcionará el Plan de Seguridad que afirma que se aplica y que, según dice, requiere tiempo, porque “esto no es mágico”. Lo cual lo excede, porque la sociedad no sólo es perceptiblemente más violenta (no científicamente, ya que no hay recopilación precisa de datos) sino que ya tiene síntomas de hartazgo social. Lo muestran los reclamos de comerciantes (Banda del Río Salí) y las acciones directas como la de los vecinos de Villa Urquiza que hace tres semanas ataron desnudo a un poste a un arrebatador y casi lo linchan.
Así las cosas, no se entiende claramente qué premios y qué ascensos se dan en una policía que en esta década ha duplicado su personal y ha cuadruplicado el gasto en armas, vehículos y tecnología, y que a pesar de todo eso no ha podido mostrar con certeza no ya un descenso de los índices de delitos sino un amesetamiento. Tampoco, un mínimo aumento de la confianza de la comunidad y una reducción del miedo ciudadano. No está mal que los jefes policiales sean universitarios. Pero mejor sería que se profesionalicen sobre la resolución de problemas y la pacificación de las calles, y con ellos toda la policía, desde el agente hasta el comisario general.
Planes de escritorio
El secretario de Seguridad, Paul Hofer, dijo que el convenio con la UNT para que los oficiales comiencen una carrera y dentro de cinco años sean universitarios es un cambio histórico. “Supone una mejora en las condiciones de trabajo”, explicó.
No está mal que sean universitarios. Lo que no está claro es cómo se analizarán las tareas y esas condiciones de trabajo de los oficiales, puesto que el modelo actual arrastra un pecado de origen, que es asignarles roles de conducción y diseños de operativos desde los escritorios. También el modelo -hecho a imagen y semejanza de las estructuras militares verticalistas de hace 50 años- divide a los oficiales (supuestamente instruidos en una carrera de tres años en el Instituto Superior de Policía) de los suboficiales (que reciben una instrucción de un año, según dijo el secretario de Seguridad).
Pero los que están en la calle enfrentando los problemas son los agentes, no los oficiales. Estos se suben a los patrulleros o van a ver a los vecinos solamente cuando arden el escándalo o las protestas. Los oficiales apenas si tienen contacto con los vecinos cuando reciben las denuncias en las comisarías. La propuesta es que el al menos el 20% de los policías tengan formación técnica para acceder a puestos de mayor jerarquía. ¿Aumentar la cantidad de oficiales implicará cambiar esas condiciones de trabajo? ¿O simplemente aumentará la burocracia?
Al respecto, William Bratton, el famoso y polémico jefe de Policía de Nueva York, ha criticado la separación de clases policiales en Latinoamérica y ha señalado que en EEUU todos los agentes comienzan por el mismo lugar y avanzan jerárquicamente en su entrenamiento y su educación con cada promoción sucesiva; él mismo, siendo universitario, comenzó como policía de calle (en: “Ocho pasos para reducir el crimen” -www.americasquarterly.org/node/1500-).
Naturaleza descentralizada
Bratton también dice que la policía es por naturaleza descentralizada y discrecional. “El agente en la calle, su supervisor y el comisario en el precinto son los que realmente toman las decisiones en el trabajo del día a día”, afirma.
Suponer que un 20% de oficiales idealmente educados van a manejar desde sus escritorios a 6.000 sufoficiales poco educados es por lo menos ilusorio. Porque tal como se trabaja ahora, en la institución verticalista y centralizada, los agentes, en vez de haber sido capacitados para tomar las decisiones adecuadas en medio del problema en la calle, están atentos a obedecer órdenes y al control de los jefes. Lo cual, en medio de un problema, es lo opuesto a descentralización.
Obligaciones en duda
De todo esto se desprende la necesidad del debate sobre el rol de la policía en esta sociedad. Para los funcionarios y los uniformados, es combatir el robo y los asaltos, pero en realidad su tarea es más amplia. Es prevenir robos y asaltos (y combatirlos), pero también pacificar las calles, resolver problemas. Y eso se ven obligados a hacer, pero como tienen en la cabeza la primera definición, no dan importancia o se desentienden de los hechos que muchas veces generan situaciones críticas en la sociedad.
Eso se ha visto en el caso de Enriqueta Córdoba, quien se prendió fuego anteayer en Concepción, tres días después del incidente en que, en una discusión con su marido, este resultó quemado aparentemente por ella. Nadie previó la presión que tenía esta mujer acusada de atacar al marido. Tampoco nadie había previsto esa discusión de pareja el domingo, pese a que, según el mismo comisario Humberto Ruezgas, jefe de la Regional Sur, ella lo había denunciado varias veces por agresiones físicas y psicológicas. La Policía no está segura de que su tarea sea atender estos casos. Pero está obligada a recibir las denuncias y a acudir cuando estallan las crisis. Por esa poca convicción policial para tratar estos casos es que las organizaciones que defienden a la mujer acusan a los policías de no hacer nada con la violencia doméstica.
¿Quién discutirá ese rol? Nadie lo ha hecho, pese a que hay organizaciones como Andhes -denunció la inconstitucional ley de contravenciones- que han reclamado cambiar el modelo policial; y pese a que han surgido observatorios contra la violencia de género y sobre la seguridad. Estos analizan la reacción policial y judicial ante problemas de violencia, que son, en primera instancia, directa obligación de los uniformados.
Hay una comisión de seguridad en la Legislatura que nunca ha estudiado el modelo policial. Acaso, como se ha hecho con el Código Procesal Penal, podría formarse una comisión para la reforma policial con expertos de las universidades, organismos de derechos humanos, organizaciones de víctimas de delitos, la justicia (que ya tiene un organismo de estudio de delitos) y acaso ONGs que estudian en profundidad asuntos como trata de personas y delitos de mayor y menor cuantía.
Más que magia
El asunto es ver quién percibe que sea necesaria esta reforma. El secretario de Seguridad, en realidad, piensa que para resolver estos problemas en una sociedad que se ha vuelto más violenta funcionará el Plan de Seguridad que afirma que se aplica y que, según dice, requiere tiempo, porque “esto no es mágico”. Lo cual lo excede, porque la sociedad no sólo es perceptiblemente más violenta (no científicamente, ya que no hay recopilación precisa de datos) sino que ya tiene síntomas de hartazgo social. Lo muestran los reclamos de comerciantes (Banda del Río Salí) y las acciones directas como la de los vecinos de Villa Urquiza que hace tres semanas ataron desnudo a un poste a un arrebatador y casi lo linchan.
Así las cosas, no se entiende claramente qué premios y qué ascensos se dan en una policía que en esta década ha duplicado su personal y ha cuadruplicado el gasto en armas, vehículos y tecnología, y que a pesar de todo eso no ha podido mostrar con certeza no ya un descenso de los índices de delitos sino un amesetamiento. Tampoco, un mínimo aumento de la confianza de la comunidad y una reducción del miedo ciudadano. No está mal que los jefes policiales sean universitarios. Pero mejor sería que se profesionalicen sobre la resolución de problemas y la pacificación de las calles, y con ellos toda la policía, desde el agente hasta el comisario general.
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