29 Mayo 2015
Jerez se excusa de investigar a su colega Herrera
El alto tribunal aceptó la inhibición de Jerez y nombró en su lugar a Prieto, la fiscala que requirió la elevación a juicio de un caso penal que involucra al ex fiscal Albaca La fiscala de Cámara designada por la Corte Suprema para instruir el sumario administrativo dijo que era amiga del titular de la Fiscalía X
La pretensión de que el Poder Judicial se investigue a sí mismo, ya sea en sede penal o en la órbita administrativa, chocó contra un nuevo escollo: la excusación de Marta Jerez de Rivadeneira, fiscala de Cámara e instructora de la pesquisa interna que el año pasado aceleró la renuncia del ex fiscal Carlos Albaca. Esta funcionaria informó ayer que había notificado a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que no estaba en condiciones de instruir el nuevo sumario administrativo abierto contra Guillermo Herrera, fiscal N°10. La fiscala dijo que debía apartarse puesto que es amiga del funcionario constitucional cuestionado.
El alto tribunal aceptó la inhibición de Jerez y, según fuentes judiciales, asignó la instrucción de la pesquisa administrativa a Juana Prieto, la fiscala de Cámara que este año requirió la elevación a juicio de una causa que involucra a Albaca (ese expediente llegó a sus manos por orden del ministro público Edmundo Jiménez luego de la excusación masiva de los fiscales de primera instancia -ver otros antecedentes-). A partir de esta semana, Prieto investigará el proceder de Herrera en cinco actuaciones controvertidas por el Colegio de Abogados de la Capital: “Teves”, “Albarracín”, “Rigourd”, “Jorrat” y “Valdez”.
La decisión de la Corte de someter a Herrera a un sumario administrativo deriva de la denuncia que Francisco García Posse, titular del Colegio, presentó en la Fiscalía de Diego López Ávila. El 31 de marzo, el dirigente profesional se presentó en la sede penal para decir que las causas “Teves”, “Albarracín”, “Valdez”, “Rigourd” y “Jorrat” revelarían respecto del fiscal N°10 un mismo patrón de conducta irregular. A continuación, Antonio Gandur, titular del alto tribunal, ordenó auditar los expedientes mencionados. Luego, la Corte en pleno respaldó dos veces esa decisión debido a la resistencia opuesta por Jiménez, jefe de los fiscales.
Por fin hace dos semanas, los auditores Luis Lezana Flores, Mariana Tasquer y Agustín Ladetto elevaron un informe final que reveló abundantes anomalías en el trámite de las actuaciones de Herrera objetadas por el Colegio (el Cuerpo de Auditores habría ampliado la tarea de control a otras causas cuestionadas a posteriori por distintos denunciantes). El fiscal fiscalizado, valga la redundancia, rechazó todas las observaciones, y dijo que Lezana Flores, Tasquer y Ladetto mentían. Además, anunció que no iba a renunciar y que estaba dispuesto a defenderse incluso si una Legislatura con distinta composición a la actual lo sometía a un proceso de destitución.
El 21 de mayo, los vocales Gandur, René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse dieron el visto bueno a la apertura del sumario tal y como, en virtud del escándalo de la causa “Lebbos”, habían procedido respecto de Albaca. El quinto vocal de la Corte, Antonio Estofán, se excusó porque también es amigo de Herrera.
El trabajo ahora a cargo de Prieto consistirá en determinar si las faltas o incumplimientos detectados en la auditoría constituyen irregularidades que justifiquen la aplicación de una sanción de naturaleza administrativa. La Ley Orgánica de Tribunales prescribe que la Corte, en ejercicio de su poder de superintendencia, puede imponer llamados de atención, apercibimientos y multas de hasta el 10% de la remuneración, pero, en los hechos, la última sanción es descartada puesto que colisionaría con la norma constitucional federal que prohíbe disminuir en manera alguna las compensaciones que perciben los jueces.
Hace unos meses, la Corte había aplicado a Herrera y a su entonces secretaria Carmen Reuter -ascendió a fiscala N°3 con acuerdo legislativo otorgado en la última sesión- un llamado de atención por haber concretado la restitución de un inmueble en enero de 2014, en una causa penal que no había sido declarada asunto de feria. En el sumario administrativo de Albaca -que Jerez sí instruyó-, la mayoría de la Corte decidió formular la denuncia penal por posible encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, denuncia que, a la vuelta del tiempo y de la burocracia, terminó siendo investigada por la fiscala Prieto.
Otros antecedentes
LÓPEZ ÁVILA VERSUS RIVADENEIRA.- Los apartamientos en “cadena” o “en masa” por amistad o cualquier otro motivo se han vuelto la regla en las causas penales que colocan a la Justicia en la obligación de investigarse a sí misma. En el expediente que acumula las denuncias deducidas contra los fiscales Guillermo Herrera, Alejandro Noguera y Arnoldo Suasnábar, y contra el juez Juan Francisco Pisa, hubo dos episodios de esa índole. Primero, el fiscal Diego López Ávila, que había recibido las denuncias iniciales, giró el expediente a Mariana Rivadeneira, fiscala N°1 e hija de la fiscala Marta Jerez, con el argumento de que el presunto hecho delictivo había ocurrido cuando la Fiscalía I estaba de turno. Sin embargo, Rivadeneira rechazó el caso y el conflicto entre ambos “subió” al superior común, Noguera, quien, a su turno, se excusó porque es uno de los funcionarios denunciados. El caso luego pasó de Noguera al fiscal Daniel Marranzino; entonces, el ministro público Edmundo Jiménez zanjó la controversia y derivó el asunto a López Ávila.
PÉREZ VERSUS LENIS.- La otra disputa de competencia acaecida en este caso (que corre en paralelo al sumario administrativo del fiscal Herrera) se manifestó cuando hubo que definir a qué juez le corresponde recibir los dictámenes de López Ávila y, eventualmente, dirigir la investigación jurisdiccional (procedimiento especial previsto para cuando existen obstáculos fundados en privilegios constitucionales, como es el supuesto de los magistrados denunciados). López Ávila dirigió un requerimiento al juez Víctor Manuel Pérez, pero este se inhibió arguyendo una amistad íntima con Noguera y que había juzgado en “Jorrat”, caso conectado a las denuncias contra los magistrados. Entonces, la causa ingresó al despacho de la jueza Mirta Lenis de Vera, que rechazó la causal de amistad esgrimida por Pérez y dijo que tampoco podía “hacerse cargo” del asunto porque había juzgado en “Rigourd”, otro expediente vinculado a las denuncias. A continuación, Marranzino opinó que Lenis de Vera debía aceptar el caso, y resolver el requerimiento de investigación preliminar y desacumulación de denuncias elaborado por López Ávila. Debido a estas idas y vueltas, el expediente “con consecuencias institucionales imprevisibles” iniciado en febrero aún no tiene juez.
SALE VERSUS (CASI) TODOS.- Luego de que más de una docena de fiscales de primera instancia se inhibiese de requerir la investigación jurisdiccional del entonces fiscal Carlos Albaca por su actuación en la causa “Lebbos”, el todavía ministro público Luis De Mitri asignó esa tarea a Carlos Sale, fiscal de Cámara (fotografía). Sin consentir las inhibiciones de sus colegas, hace un año exacto Sale envió el requerimiento al juez Pisa. Pero enseguida este magistrado declaró nula la petición arguyendo déficits formales. Mientras tanto, Albaca y De Mitri accedieron al beneficio de la jubilación con el beneficio del 82% móvil, y se libraron así de eventuales procesos de destitución en la Legislatura y en el Jurado de Enjuiciamiento. El sucesor de De Mitri luego ordenó a la fiscala Juana Prieto que investigue a Albaca.
El alto tribunal aceptó la inhibición de Jerez y, según fuentes judiciales, asignó la instrucción de la pesquisa administrativa a Juana Prieto, la fiscala de Cámara que este año requirió la elevación a juicio de una causa que involucra a Albaca (ese expediente llegó a sus manos por orden del ministro público Edmundo Jiménez luego de la excusación masiva de los fiscales de primera instancia -ver otros antecedentes-). A partir de esta semana, Prieto investigará el proceder de Herrera en cinco actuaciones controvertidas por el Colegio de Abogados de la Capital: “Teves”, “Albarracín”, “Rigourd”, “Jorrat” y “Valdez”.
La decisión de la Corte de someter a Herrera a un sumario administrativo deriva de la denuncia que Francisco García Posse, titular del Colegio, presentó en la Fiscalía de Diego López Ávila. El 31 de marzo, el dirigente profesional se presentó en la sede penal para decir que las causas “Teves”, “Albarracín”, “Valdez”, “Rigourd” y “Jorrat” revelarían respecto del fiscal N°10 un mismo patrón de conducta irregular. A continuación, Antonio Gandur, titular del alto tribunal, ordenó auditar los expedientes mencionados. Luego, la Corte en pleno respaldó dos veces esa decisión debido a la resistencia opuesta por Jiménez, jefe de los fiscales.
Por fin hace dos semanas, los auditores Luis Lezana Flores, Mariana Tasquer y Agustín Ladetto elevaron un informe final que reveló abundantes anomalías en el trámite de las actuaciones de Herrera objetadas por el Colegio (el Cuerpo de Auditores habría ampliado la tarea de control a otras causas cuestionadas a posteriori por distintos denunciantes). El fiscal fiscalizado, valga la redundancia, rechazó todas las observaciones, y dijo que Lezana Flores, Tasquer y Ladetto mentían. Además, anunció que no iba a renunciar y que estaba dispuesto a defenderse incluso si una Legislatura con distinta composición a la actual lo sometía a un proceso de destitución.
El 21 de mayo, los vocales Gandur, René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse dieron el visto bueno a la apertura del sumario tal y como, en virtud del escándalo de la causa “Lebbos”, habían procedido respecto de Albaca. El quinto vocal de la Corte, Antonio Estofán, se excusó porque también es amigo de Herrera.
El trabajo ahora a cargo de Prieto consistirá en determinar si las faltas o incumplimientos detectados en la auditoría constituyen irregularidades que justifiquen la aplicación de una sanción de naturaleza administrativa. La Ley Orgánica de Tribunales prescribe que la Corte, en ejercicio de su poder de superintendencia, puede imponer llamados de atención, apercibimientos y multas de hasta el 10% de la remuneración, pero, en los hechos, la última sanción es descartada puesto que colisionaría con la norma constitucional federal que prohíbe disminuir en manera alguna las compensaciones que perciben los jueces.
Hace unos meses, la Corte había aplicado a Herrera y a su entonces secretaria Carmen Reuter -ascendió a fiscala N°3 con acuerdo legislativo otorgado en la última sesión- un llamado de atención por haber concretado la restitución de un inmueble en enero de 2014, en una causa penal que no había sido declarada asunto de feria. En el sumario administrativo de Albaca -que Jerez sí instruyó-, la mayoría de la Corte decidió formular la denuncia penal por posible encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, denuncia que, a la vuelta del tiempo y de la burocracia, terminó siendo investigada por la fiscala Prieto.
Otros antecedentes
LÓPEZ ÁVILA VERSUS RIVADENEIRA.- Los apartamientos en “cadena” o “en masa” por amistad o cualquier otro motivo se han vuelto la regla en las causas penales que colocan a la Justicia en la obligación de investigarse a sí misma. En el expediente que acumula las denuncias deducidas contra los fiscales Guillermo Herrera, Alejandro Noguera y Arnoldo Suasnábar, y contra el juez Juan Francisco Pisa, hubo dos episodios de esa índole. Primero, el fiscal Diego López Ávila, que había recibido las denuncias iniciales, giró el expediente a Mariana Rivadeneira, fiscala N°1 e hija de la fiscala Marta Jerez, con el argumento de que el presunto hecho delictivo había ocurrido cuando la Fiscalía I estaba de turno. Sin embargo, Rivadeneira rechazó el caso y el conflicto entre ambos “subió” al superior común, Noguera, quien, a su turno, se excusó porque es uno de los funcionarios denunciados. El caso luego pasó de Noguera al fiscal Daniel Marranzino; entonces, el ministro público Edmundo Jiménez zanjó la controversia y derivó el asunto a López Ávila.
PÉREZ VERSUS LENIS.- La otra disputa de competencia acaecida en este caso (que corre en paralelo al sumario administrativo del fiscal Herrera) se manifestó cuando hubo que definir a qué juez le corresponde recibir los dictámenes de López Ávila y, eventualmente, dirigir la investigación jurisdiccional (procedimiento especial previsto para cuando existen obstáculos fundados en privilegios constitucionales, como es el supuesto de los magistrados denunciados). López Ávila dirigió un requerimiento al juez Víctor Manuel Pérez, pero este se inhibió arguyendo una amistad íntima con Noguera y que había juzgado en “Jorrat”, caso conectado a las denuncias contra los magistrados. Entonces, la causa ingresó al despacho de la jueza Mirta Lenis de Vera, que rechazó la causal de amistad esgrimida por Pérez y dijo que tampoco podía “hacerse cargo” del asunto porque había juzgado en “Rigourd”, otro expediente vinculado a las denuncias. A continuación, Marranzino opinó que Lenis de Vera debía aceptar el caso, y resolver el requerimiento de investigación preliminar y desacumulación de denuncias elaborado por López Ávila. Debido a estas idas y vueltas, el expediente “con consecuencias institucionales imprevisibles” iniciado en febrero aún no tiene juez.
SALE VERSUS (CASI) TODOS.- Luego de que más de una docena de fiscales de primera instancia se inhibiese de requerir la investigación jurisdiccional del entonces fiscal Carlos Albaca por su actuación en la causa “Lebbos”, el todavía ministro público Luis De Mitri asignó esa tarea a Carlos Sale, fiscal de Cámara (fotografía). Sin consentir las inhibiciones de sus colegas, hace un año exacto Sale envió el requerimiento al juez Pisa. Pero enseguida este magistrado declaró nula la petición arguyendo déficits formales. Mientras tanto, Albaca y De Mitri accedieron al beneficio de la jubilación con el beneficio del 82% móvil, y se libraron así de eventuales procesos de destitución en la Legislatura y en el Jurado de Enjuiciamiento. El sucesor de De Mitri luego ordenó a la fiscala Juana Prieto que investigue a Albaca.
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