28 Mayo 2015
María Alejandra Romero Niklison miró a los jueces y les pidió “hacer historia”. La abogada es querellante e hija de Alejandra Niklison, una de las cinco víctimas de la “matanza” de la calle Azcuénaga (así calificó el hecho el TOF en el fallo “Romero Niklison”). Requirió ayer a Hugo Cataldi, José Asis y Mario Garzón que condenen a 25 años de cárcel de cumplimiento efectivo en una cárcel común al ex juez federal Manlio Martínez.
Romero Niklison y su colega Emilio Guagnini representaron también los intereses de una parte de la familia Romano. “No espero más de ustedes que una condena justa. Para que mis hijos puedan creer que es posible un país más justo”, instó Romero Niklison. Sostuvo que las “omisiones” del ex magistrado fueron “a conciencia”: “quedó probada su inacción en la matanza. No hizo nada porque decidió no hacerlo. No se trató de un hecho aislado lo de Romano, su actuar fue sistemático”.
Guagnini consideró que Martínez debería ser acusado también del delito de “genocidio”. Hizo hincapié en detalles de la pesquisa del hecho de la casa de la calle Azcuénaga: “el comportamiento del juez fue delictual porque puso en marcha la impunidad. Formó parte de una asociación ilícita. No investigó el allanamiento ilegal. No consta que haya exigido una orden. Tampoco investigó la posible comisión de homicidios calificados. Su tarea se dirigió a Romano, por su posible asociación ilícita (con las víctimas). De tratarse de un enfrentamiento, como decían, ¿no le llamó la atención que los heridos tuvieran estallido de cráneo, por disparos a corta distancia, ni que no haya heridos en las fuerzas de seguridad? Al juez se le escaparon tres cuerpos Entregó sólo dos (los de Niklison y Saavedra Lamas). El resto están desaparecidos”.
Martínez sostuvo que es inocente en todas las ocasiones en las que declaró y afirmó que él y su familia estuvieron amenazados por los militares. Advirtió que no era competente para actuar en el caso de la ejecución y que sus determinaciones en relación a Romano fueron confirmadas por una instancia superior.
Romero Niklison y su colega Emilio Guagnini representaron también los intereses de una parte de la familia Romano. “No espero más de ustedes que una condena justa. Para que mis hijos puedan creer que es posible un país más justo”, instó Romero Niklison. Sostuvo que las “omisiones” del ex magistrado fueron “a conciencia”: “quedó probada su inacción en la matanza. No hizo nada porque decidió no hacerlo. No se trató de un hecho aislado lo de Romano, su actuar fue sistemático”.
Guagnini consideró que Martínez debería ser acusado también del delito de “genocidio”. Hizo hincapié en detalles de la pesquisa del hecho de la casa de la calle Azcuénaga: “el comportamiento del juez fue delictual porque puso en marcha la impunidad. Formó parte de una asociación ilícita. No investigó el allanamiento ilegal. No consta que haya exigido una orden. Tampoco investigó la posible comisión de homicidios calificados. Su tarea se dirigió a Romano, por su posible asociación ilícita (con las víctimas). De tratarse de un enfrentamiento, como decían, ¿no le llamó la atención que los heridos tuvieran estallido de cráneo, por disparos a corta distancia, ni que no haya heridos en las fuerzas de seguridad? Al juez se le escaparon tres cuerpos Entregó sólo dos (los de Niklison y Saavedra Lamas). El resto están desaparecidos”.
Martínez sostuvo que es inocente en todas las ocasiones en las que declaró y afirmó que él y su familia estuvieron amenazados por los militares. Advirtió que no era competente para actuar en el caso de la ejecución y que sus determinaciones en relación a Romano fueron confirmadas por una instancia superior.
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