Un letrado impulsa la reforma de su Colegio

Un letrado impulsa la reforma de su Colegio

Terán Molina había pedido la intervención y ahora va por una enmienda legal

28 Mayo 2015
En abril, el matriculado Gustavo Terán Molina había pedido a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que intervenga el Colegio de Abogados de la Capital. Este mes, el letrado envió a la Legislatura un proyecto para reformar la Ley 5.233, que regula la entidad desde 1981, con el argumento de que esta ha quedado obsoleta. La iniciativa lleva la firma de otros 26 colegas, entre ellos, la de César Merlo, César Trejo, Ezequiel Ávila Gallo, Augusto De Gregorio, Verónica D’Amato y Luis Elizalde.

El grupo que encabeza Terán Molina pretende que el Consejo Directivo del Colegio esté compuesto por seis miembros (elimina 10 sillas); que las cargos sean retribuidos con remuneraciones semejantes a las que perciben los magistrados, e incompatibles con el ejercicio de la profesión y de funciones en la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores, y que sólo tres miembros formen parte del Tribunal de Ética y Disciplina (elimina cinco sillas). El proyecto de ley deja sin efecto la obligación de pagar la matrícula anual, y establece que los abogados están obligados a cobrar la tarifa establecida para la consulta verbal y escrita so pena de multa “por competencia desleal”.

La propuesta establece nuevos requisitos para administrar el patrimonio de la institución y convocar asambleas, además de prohibir la reelección de las autoridades. También estatuye una inhabilitación de un año a partir del cese del mandato para “presentarse a la judicatura o a la política”. El sector de Terán Molina promueve asimismo el llamado a elecciones dentro de los 30 días de la sanción de la enmienda y dispone que la transición sea controlada por veedores abogados provenientes de los tres poderes del Estado.

La iniciativa no cayó bien a la conducción actual del Colegio, que en marzo denunció a los fiscales Alejandro Noguera y Guillermo Herrera. “Este pedido de reforma está dirigido a producir la caducidad de nuestros mandatos. Es evidente que quieren sacarnos del juego”, opinó el presidente Francisco García Posse. Y añadió: “es por lo menos sugestivo que este proyecto ingrese a la Legislatura luego de la solicitud de intervención y en momentos en los que el Colegio está denunciando irregularidades en la Justicia penal”.

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