Bardón detalló gestiones sobre cinco puntos, aunque en ninguno de ellos hay definiciones

El 8 del mes pasado, en la primera sesión del año del Consejo Superior, se le pidió a la rectora, Alicia Bardón, informes sobre la situación de una de las sillas reservadas para la UNT en el Directorio de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Hoy, los representantes de la casa de Terán en la empresa son Faustino Siñeriz y el ex rector Juan Alberto Cerisola. Pero el lugar de este -que había sido avalado por YMAD, pese a que el Superior había designado a Alejo Grau a posteriori de que Bardón nombró a su antecesor- está cuestionado en sede judicial. El martes, la rectora presentó ante el Superior una respuesta sobre esta cuestión. En síntesis, explicó: “la UNT inició juicio contra YMAD, reclamando que declare nula la resolución (por la cual avala a Cerisola). La demanda (fue) radicada en el Juzgado federal N° 1 de Tucumán, que se declaró incompetente, porque existía una acción de Cerisola contra la UNT en la Cámara, y remitió allí el expediente. Desde la Cámara le dijeron al director de Juicios de la UNT, Ezio Jogna Prat, que no encontraban el expediente, y que debía pedirse reconstrucción; y ya fue reconstruido. Cerisola reclama la anulación de la resolución del Superior que designa a Grau. La Cámara se declaró incompetente, pero la sentencia no está firme, porque el ex rector pidió un recurso de aclaratoria e interpuso un recurso extraordinario federal. Ambos, que deberían resolverse en ese orden, se encuentran en el despacho de la Cámara Federal de Apelaciones”. Mientras se resuelven los planteos judiciales, el ex rector sigue en funciones como representante de la UNT en YMAD.

El año pasado, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) también había solicitado a la rectora, Alicia Bardón, que presente ante el cuerpo un informe que dé cuenta de las conclusiones a las que se arribaron tras una investigación que llevó adelante la Unidad de Auditoría Interna en el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria, una de las más importantes en el esquema del Gobierno universitario. El martes, en pocas líneas, Bardón contó a los consejeros superiores: “los resultados de la auditoría practicada en la Secretaría de Extensión también fueron girados a la Dirección de Sumarios, y se encuentran asimismo en la etapa de instrucción, pues se autorizó por resolución 325/2015 (firmada el 19 de marzo de este año) la instrucción de un sumario administrativo”. Tampoco en este caso desde el Rectorado de la UNT se detalló cuándo concluirá la tramitación de este sumario, ni se dio cuenta al Consejo Superior de los resultados de la auditoría que lo generó. Sin embargo, el responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, recordó a los consejeros superiores de los distintos estamentos que los informes de la Unidad de Auditoría Interna no tienen carácter de secretos, y todos pueden solicitarlos. Según pudo conocer LA GACETA, a posteriori de la sustanciación de referida auditoría en la Secretaría de Extensión Universitaria -que habría constatado el faltante de dinero- se produjeron algunos traslados de personal, hacia otras dependencias de la casa de Juan B. Terán.

El año pasado, el Consejo Superior había resuelto que la rectora, Alicia Bardón, debía evaluar que la UNT se presente como querellante en la “causa Sigen”, sobre la base de que la UNT sería víctima de daño patrimonial. Esta causa se inició en 2013, a instancias de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Según el fiscal federal Carlos Brito irregularidades constatadas en la disposición de fondos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio justifican que se cite a declarar como imputado, entre otros, el ex rector Juan Alberto Cerisola. Sobre la chance de presentarse como querellante, Bardón dijo: “Asuntos Jurídicos me sugirió un procedimiento para la contratación de un profesional, atendiendo a que el (Superior) también me recomendó que se trate de un agente externo a la UNT. Se me (aconsejó) requerir a los profesionales un dictamen preliminar sobre el estado y perspectivas de la causa”. Ricardo Cisneros (consejero egresado) pidió que se tengan en cuenta estudios letrados locales. El Rectorado argüía que pocos abogados se dedican al tema y que la mayoría guardan relación laboral con la UNT. Adela Seguí (decana de Derecho) sugirió que la UNT también se presente como querellante en la “causa Eudal”, porque también aquí la UNT podría haberse afectada. De cualquier modo, no hay posición tomada, por parte del Rectorado, respecto de asumir el rol de querellante en cualquier causa.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) solicitó a la rectora, Alicia Bardón, que informe respecto del estado de situación de una auditoría interna que se realizó en el ámbito de la Dirección General de Construcciones Universitarias. Entre las personas que el fiscal federal N° 1, Carlos Brito, considera que deben ser citadas a declarar en el marco de la “causa Sigen” figura Olga Cudmani, ex responsable de la mencionada área. La rectora dijo el martes al cuerpo: “respecto de la resolución por la que se ordenó la instrucción de una investigación administrativa a llevarse a cabo por la Dirección General de Asuntos Jurídicos para dilucidar la existencia y la índole de los hechos que emanan del informe de auditoría (realizada en) Construcciones Universitarias en enero de 2013, elaborado por la Sindicatura General de la Nación, informo que se encuentra en pleno trámite sumarial, en la Dirección de Sumarios de la UNT. En esas actuaciones se han dictado las resoluciones 1902/2014 (el 17 de diciembre del año pasado) y 321/2015 (18 de marzo de este año), por las que se dispuso el traslado de la ex directora (Cudmani), primero en forma temporal; luego, mientras dure el sumario, que se encuentra en pleno trámite”. Como señala la propia rectora en el informe que brindó ante los consejeros superiores, el proceso sumarial en este tema todavía se encuentra abierto.

El máximo órgano deliberativo de Gobierno de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) también había pedido informes a la rectora, Alicia Bardón, respecto de un segundo sumario administrativo que también se realiza en el ámbito de la Dirección General de Construcciones Universitarias. En este caso, referido a rendiciones de cuentas de esta dependencia. La rectora detalló el martes al cuerpo: “en ese proceso, el director de Sumarios de la UNT requirió a la Unidad de Auditoría Interna toda la información que este despacho relevó en la Dirección de Construcciones Universitarias, y esto ha sido agregado al sumario”. Bardón no aclaró el estado de avance en que se encuentra este segundo sumario ni en qué fecha podría estar concluido. Fuentes universitarias confiaron a LA GACETA que las rendiciones de cuentas aludidas refieren a certificados de obra, a distintas irregularidades en trámites administrativos -en especial, en lo que respecta a los pagos- y al reconocimiento de mayores costos por las obras realizadas; en estos casos, por encima del 20% amparado por la legislación. Estas situaciones se habrían presentado en diversas obras que realizó la UNT; pero, muy especialmente, en lo que significó la refacción y la remodelación de la llamada Casa Remis (25 de Mayo 471), una de las sedes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT.