Por Roberto Delgado
23 Mayo 2015
En el comienzo está el predio frente a la terminal de Orán (Salta). Con autorización municipal, en tres manzanas se distribuyen las bolsas con mercadería que trajeron los pasadores de Aguas Blancas, quienes la trasladaron evadiendo el puesto de Gendarmería pero a la vista de los gendarmes. De esa plaza salen los colectivos a todas partes. En el final está La Salada, en Lomas de Zamora (Buenos Aires), una gigantesca feria a la que llegan colectivos de todo el país en busca de mercadería y que atiende de noche. En el medio, están los usuarios de un sistema loco (feriantes, ambulantes, manteros, gente común que busca productos más baratos, vecinos alarmados, gente que aprovecha los negocios que surgen de cada necesidad). Todo eso se ve en las ferias que, como la de Villa Luján, están en el ojo de la tormenta. Allí van los productos que todos los días circulan por las rutas en un juego del gato y el ratón entre funcionarios permisivos, pasadores escurridizos y jueces, gendarmes y policías perseguidores.
A la pilladita en la ruta
La Gendarmería calcula que por semana pasan 20 colectivos en tours de compras, más otros de turismo (los sábados van 100 ómnibus a visitar la Virgen del Cerro en Salta). Dicen que revisan cada ómnibus y si la mercadería de cada comprador no supera el límite de 300 dólares, la dejan pasar. Si no, secuestran las bolsas. “En lo que va del año se secuestraron 80 millones de pesos en mercadería y se incautaron 22 colectivos y 57 autos particulares, de punteros”, explican. Pero no se entiende: ¿por qué las empresas de ómnibus que hacen transporte regular de pasajeros se arriesgan a que les secuestren sus colectivos? Andesmar, Balmaceda, Norte Indio, Trantours tienen vehículos incautados por la Justicia Federal. Pero sus viajes han sido autorizados por la Comisión Nacional de Transporte Automotor. Se les exige un seguro, sí, pero sólo de accidentes. El riesgo de transporte de dinero nadie lo asume, aunque todos lo conocen. En agosto fue asaltado un colectivo de El Expreso en Güemes (Salta) y les robaron 2 millones de pesos a los pasajeros del tour de compras. Hace un mes fue asaltado en Rosario un ómnibus de Mundo Turismo (que había salido de la terminal de Tucumán) y fue baleado un coordinador, Luis Mauricio Imperio, quien publicita sus viajes por redes sociales.
Dicen los gendarmes que la situación se volvió más tensa hace dos años, cuando se estableció el operativo Escudo Norte contra el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas. Llamó la atención la audacia de un organizador conocido como “Cabudo” en Orán, que preparó una caravana de 90 vehículos para atravesar los controles de Gendarmería, lo cual derivó en un tiroteo y en la captura posterior de “Cabudo” en Villa 9 de Julio. Esa modalidad de caravanas fue la que se usó el 11 de junio pasado en Trancas, donde los ocupantes de 50 autos apedrearon a los gendarmes. De esto también derivaron dos reuniones de jueces federales del NOA, en Orán y en Rosario de la Frontera, para analizar estrategias frente al delito.
Pero hasta ahora no tienen demasiados elementos: sólo cinco causas judiciales en dos años (aunque pasan 20 ómnibus por semana) y todavía no pueden determinar si hay redes que organizan los viajes, pese a que en las causas aparecen personas vinculadas: Fátima Mabel “Bombón” Ruiz (coordinadora), María Isabel “Chabela” Soraire (también organizadora), Roque Medina (vendedor ambulante, pareja de “Chabela”), y Segundo y José Banegas (ambulantes), entre otros. Figuran alternados en operativos en la ruta 9 (Ticucho, 1/6/14), Trancas (11/6/14) y la 304 (Macomitas, 6/8/14). Otra causa de junio de 2013 en la que se secuestró mercadería por 870.000 pesos y se secuestró un ómnibus de Trantours y un Renault Fluence aún está con pedido de indagatorias para cuatro personas. Es que la Justicia no sabe si acusarlos por atentado en contra de la autoridad o por encubrimiento de contrabando, ya que no han podido probar de quién es la mercadería.
Es bastante poco para un movimiento de ropa, calzado, juguetes y electrónicos que, según denuncia la Cámara Argentina de la mediana Empresa (CAME) genera ventas mensuales (ilegales) de $3.638 millones a través de 74.150 puestos en el país, distribuidos en ferias, saladitas (hay cada vez más) y en manteros ambulantes.
Legal, ilegal, alegal
Claro que la misma autoridad no puede diferenciar bien lo legal de lo ilegal. Aunque el presidente de la FET bonaerense, Raúl Lamaccchia, dice que La Salada es “el emblema mundial de la ilegalidad”, uno de los organizadores de este gran mercado, Jorge Castillo, fue invitado por el gobierno nacional para una misión comercial a Angola en 2012. A La Salada van muchos feriantes tucumanos que, como José Ruiz, viaja cada lunes a comprar ropa hecha en talleres bonaerenses y por la que tributa en la AFIP. Ruiz y su familia viven de esto desde hace tres décadas y se reparte los martes en Alderetes, los miércoles en Banda del Río Salí, los jueves en Atlético, los viernes en Villa Luján, los sábados en Simoca y los domingos en El Manantial. “Nosotros pagamos vigilancia y limpieza y damos trabajo a jóvenes que han dejado la calle”, dice. Y hace la diferencia las ferias francas tradicionales, que “son de la época de Cristo” (para él eso es la de Villa Luján), de las saladas como la que hay cerca de la plaza de La Rinconada, que vende ropa norteamericana usada.
De hecho, hay ferias en todas las ciudades. Por la calle San Martín de San Pablo no se puede circular los sábados. La de Simoca es tradicional y también lo era la de Villa Luján, pero ahora, con la plaza cerrada para remodelaciones y las calles y veredas alrededor ocupadas hasta el paroxismo, el conflicto bulle: los vecinos dicen que los feriantes rompen el pavimento, ocupan todo el espacio disponible, se cuelgan de la luz, trabajan sin baños y sin agua, venden carne y pescado sin controles bromatológicos y dejan un basural en el barrio. Trini de García y Fernando Díaz dicen que sospechan que hay negocios adicionales para “trapitos”, para limpieza, para repartir los puestos de los cerca de 450 feriantes. Y añaden que una puntera llamada “Susana” tiene que ver con eso. “Susana” es Azucena López, quien dice tener contactos con la Munmicipalidad y el Concejo Deliberante, y que trabaja para el edil amayista Cristian Rodríguez. “Nosotros nos ocupamos de problemas del barrio. Hemos juntado firmas para hacer un jardín de infantes; hemos logrado que la Municipalidad ayude para que un chico del barrio con cardiopatía congénita sea operado en el Garrahan. Yo participé en el libro que editó la Municipalidad sobre la Feria de Villa Luján”, dice. Sólo reconoce que ella se ocupa de dar trabajo a cinco chicos que limpian la feria y que ella les vende empanadas y pizzas a los feriantes.
Todos piden auxilio
La feria ayer era un hervidero. Estaban el jefe y el subjefe de Tránsito con un ejército de varitas, policías de la comisaría 7a más cinco agentes de Infantería armados hasta los dientes. La mayoría de los feriantes venden ropa pero también hay verduleros, floristas, jugueteros, vendedores de cd y electrónicos, ambulantes senegaleses, vendedores de catitas australianas, canarios, conejos y tortuguitas; y hasta hay un improvisado restorán con mesas y sillas de plástico. “Se alquilan baños y luz a vecinos”, aclara Susana. “Y muchos de los que protestan vienen a comprar aquí”.
Los vecinos pidieron ayuda del defensor del Pueblo y también la solicitaron los feriantes. Los primeros quieren que los saquen de allí. Al Campo Norte, a Villa Piolín, al galpón del Ex Trébol (de Ejército del Norte y San Juan). La Municipalidad no dice nada. Los feriantes, como José Ruiz, dicen que Villa Piolín les vendría bien, pero que lo que quieren es que la Municipalidad ordene ese caos, que les cobre canon y que limpie, pero que no los corra. Y niega que haya negocios por debajo. Y nadie dice tener pruebas de que haya coimas de policías o de municipales. Los únicos que se benefician con un negocio adicional son los “trapitos” que cuidan autos.
El director de la Dipsa, Miguel Ángel Molins, dice que están trabajando para resolver el conflicto. “Hemos erradicado a vendedores de comida y hasta personas que vendían sanitarios”, dice. “Estamos tratando de hacerles entender que no pueden estar ahí. Pero es complejo porque es gente que vive de eso. Vamos paso a paso”, explica. Pero la verdad es que todo está desmadrado. El problema es una cadena de fracasos que empieza en la frontera con la arbitraria norma administrativa que determina que abajo de 300 dólares uno es comprador y arriba de esa cifra es contrabandista. Justa o no, en esa norma comienza el caos que domina todo el país, convertido en un río revuelto del que se aprovecha todo tipo de pescadores.
A la pilladita en la ruta
La Gendarmería calcula que por semana pasan 20 colectivos en tours de compras, más otros de turismo (los sábados van 100 ómnibus a visitar la Virgen del Cerro en Salta). Dicen que revisan cada ómnibus y si la mercadería de cada comprador no supera el límite de 300 dólares, la dejan pasar. Si no, secuestran las bolsas. “En lo que va del año se secuestraron 80 millones de pesos en mercadería y se incautaron 22 colectivos y 57 autos particulares, de punteros”, explican. Pero no se entiende: ¿por qué las empresas de ómnibus que hacen transporte regular de pasajeros se arriesgan a que les secuestren sus colectivos? Andesmar, Balmaceda, Norte Indio, Trantours tienen vehículos incautados por la Justicia Federal. Pero sus viajes han sido autorizados por la Comisión Nacional de Transporte Automotor. Se les exige un seguro, sí, pero sólo de accidentes. El riesgo de transporte de dinero nadie lo asume, aunque todos lo conocen. En agosto fue asaltado un colectivo de El Expreso en Güemes (Salta) y les robaron 2 millones de pesos a los pasajeros del tour de compras. Hace un mes fue asaltado en Rosario un ómnibus de Mundo Turismo (que había salido de la terminal de Tucumán) y fue baleado un coordinador, Luis Mauricio Imperio, quien publicita sus viajes por redes sociales.
Dicen los gendarmes que la situación se volvió más tensa hace dos años, cuando se estableció el operativo Escudo Norte contra el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas. Llamó la atención la audacia de un organizador conocido como “Cabudo” en Orán, que preparó una caravana de 90 vehículos para atravesar los controles de Gendarmería, lo cual derivó en un tiroteo y en la captura posterior de “Cabudo” en Villa 9 de Julio. Esa modalidad de caravanas fue la que se usó el 11 de junio pasado en Trancas, donde los ocupantes de 50 autos apedrearon a los gendarmes. De esto también derivaron dos reuniones de jueces federales del NOA, en Orán y en Rosario de la Frontera, para analizar estrategias frente al delito.
Pero hasta ahora no tienen demasiados elementos: sólo cinco causas judiciales en dos años (aunque pasan 20 ómnibus por semana) y todavía no pueden determinar si hay redes que organizan los viajes, pese a que en las causas aparecen personas vinculadas: Fátima Mabel “Bombón” Ruiz (coordinadora), María Isabel “Chabela” Soraire (también organizadora), Roque Medina (vendedor ambulante, pareja de “Chabela”), y Segundo y José Banegas (ambulantes), entre otros. Figuran alternados en operativos en la ruta 9 (Ticucho, 1/6/14), Trancas (11/6/14) y la 304 (Macomitas, 6/8/14). Otra causa de junio de 2013 en la que se secuestró mercadería por 870.000 pesos y se secuestró un ómnibus de Trantours y un Renault Fluence aún está con pedido de indagatorias para cuatro personas. Es que la Justicia no sabe si acusarlos por atentado en contra de la autoridad o por encubrimiento de contrabando, ya que no han podido probar de quién es la mercadería.
Es bastante poco para un movimiento de ropa, calzado, juguetes y electrónicos que, según denuncia la Cámara Argentina de la mediana Empresa (CAME) genera ventas mensuales (ilegales) de $3.638 millones a través de 74.150 puestos en el país, distribuidos en ferias, saladitas (hay cada vez más) y en manteros ambulantes.
Legal, ilegal, alegal
Claro que la misma autoridad no puede diferenciar bien lo legal de lo ilegal. Aunque el presidente de la FET bonaerense, Raúl Lamaccchia, dice que La Salada es “el emblema mundial de la ilegalidad”, uno de los organizadores de este gran mercado, Jorge Castillo, fue invitado por el gobierno nacional para una misión comercial a Angola en 2012. A La Salada van muchos feriantes tucumanos que, como José Ruiz, viaja cada lunes a comprar ropa hecha en talleres bonaerenses y por la que tributa en la AFIP. Ruiz y su familia viven de esto desde hace tres décadas y se reparte los martes en Alderetes, los miércoles en Banda del Río Salí, los jueves en Atlético, los viernes en Villa Luján, los sábados en Simoca y los domingos en El Manantial. “Nosotros pagamos vigilancia y limpieza y damos trabajo a jóvenes que han dejado la calle”, dice. Y hace la diferencia las ferias francas tradicionales, que “son de la época de Cristo” (para él eso es la de Villa Luján), de las saladas como la que hay cerca de la plaza de La Rinconada, que vende ropa norteamericana usada.
De hecho, hay ferias en todas las ciudades. Por la calle San Martín de San Pablo no se puede circular los sábados. La de Simoca es tradicional y también lo era la de Villa Luján, pero ahora, con la plaza cerrada para remodelaciones y las calles y veredas alrededor ocupadas hasta el paroxismo, el conflicto bulle: los vecinos dicen que los feriantes rompen el pavimento, ocupan todo el espacio disponible, se cuelgan de la luz, trabajan sin baños y sin agua, venden carne y pescado sin controles bromatológicos y dejan un basural en el barrio. Trini de García y Fernando Díaz dicen que sospechan que hay negocios adicionales para “trapitos”, para limpieza, para repartir los puestos de los cerca de 450 feriantes. Y añaden que una puntera llamada “Susana” tiene que ver con eso. “Susana” es Azucena López, quien dice tener contactos con la Munmicipalidad y el Concejo Deliberante, y que trabaja para el edil amayista Cristian Rodríguez. “Nosotros nos ocupamos de problemas del barrio. Hemos juntado firmas para hacer un jardín de infantes; hemos logrado que la Municipalidad ayude para que un chico del barrio con cardiopatía congénita sea operado en el Garrahan. Yo participé en el libro que editó la Municipalidad sobre la Feria de Villa Luján”, dice. Sólo reconoce que ella se ocupa de dar trabajo a cinco chicos que limpian la feria y que ella les vende empanadas y pizzas a los feriantes.
Todos piden auxilio
La feria ayer era un hervidero. Estaban el jefe y el subjefe de Tránsito con un ejército de varitas, policías de la comisaría 7a más cinco agentes de Infantería armados hasta los dientes. La mayoría de los feriantes venden ropa pero también hay verduleros, floristas, jugueteros, vendedores de cd y electrónicos, ambulantes senegaleses, vendedores de catitas australianas, canarios, conejos y tortuguitas; y hasta hay un improvisado restorán con mesas y sillas de plástico. “Se alquilan baños y luz a vecinos”, aclara Susana. “Y muchos de los que protestan vienen a comprar aquí”.
Los vecinos pidieron ayuda del defensor del Pueblo y también la solicitaron los feriantes. Los primeros quieren que los saquen de allí. Al Campo Norte, a Villa Piolín, al galpón del Ex Trébol (de Ejército del Norte y San Juan). La Municipalidad no dice nada. Los feriantes, como José Ruiz, dicen que Villa Piolín les vendría bien, pero que lo que quieren es que la Municipalidad ordene ese caos, que les cobre canon y que limpie, pero que no los corra. Y niega que haya negocios por debajo. Y nadie dice tener pruebas de que haya coimas de policías o de municipales. Los únicos que se benefician con un negocio adicional son los “trapitos” que cuidan autos.
El director de la Dipsa, Miguel Ángel Molins, dice que están trabajando para resolver el conflicto. “Hemos erradicado a vendedores de comida y hasta personas que vendían sanitarios”, dice. “Estamos tratando de hacerles entender que no pueden estar ahí. Pero es complejo porque es gente que vive de eso. Vamos paso a paso”, explica. Pero la verdad es que todo está desmadrado. El problema es una cadena de fracasos que empieza en la frontera con la arbitraria norma administrativa que determina que abajo de 300 dólares uno es comprador y arriba de esa cifra es contrabandista. Justa o no, en esa norma comienza el caos que domina todo el país, convertido en un río revuelto del que se aprovecha todo tipo de pescadores.
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