Un caso de presunto enriquecimiento ilícito va a juicio por primera vez

Un caso de presunto enriquecimiento ilícito va a juicio por primera vez

El expediente procede del juzgado de Bejas y empezó en 2003. El fiscal detectó un incremento patrimonial injustificado de $ 874.760. El TOF debutará en el juzgamiento de ese delito con una causa de Terán

OTRO JUICIO EN EL HORIZONTE. Terán en la audiencia ante el TOF, en 2014. la gaceta / foto de diego aráoz OTRO JUICIO EN EL HORIZONTE. Terán en la audiencia ante el TOF, en 2014. la gaceta / foto de diego aráoz
Hace ya 12 años, Felipe Terán, entonces juez federal N°2, investigaba a Héctor Abraham Musi, entonces fiscal de Instrucción provincial, por la venta de vehículos todoterreno robados (affaire conocido con el nombre de “causa de las 4x4”). En represalia, Musi denunció a Terán por supuesto enriquecimiento ilícito. El tiempo pasó y, en el ínterin, el fiscal y el juez fueron respectivamente destituidos por la Legislatura y el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación. El año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) condenó a Terán en dos casos de maniobras con títulos de la deuda pública (“Borquez” y “Camandona”). En aquella ocasión, el TOF creado en 1992 sentó por primera vez a un ex magistrado de la casa en el sector de los acusados. Ahora, ese mismo imputado permitirá al estrado debutar en el juzgamiento de un posible enriquecimiento ilícito cometido durante el ejercicio de la función pública.

El carácter inédito del juicio fue confirmado por Gabriel Casas, vocal del TOF. En noviembre de 2014, el juez federal N°1, Daniel Bejas, dispuso el envío del expediente a la institución encargada de organizar el debate. Allí, el proceso está en la fase de definición de juzgadores. Ocurre que el vocal titular Carlos Enrique Jiménez Montilla ya se excusó respecto de Terán en las causas con títulos públicos, y fue reemplazado por Juan Carlos Reynaga, de Catamarca. En dicha oportunidad, este juez emitió sentencia junto con sus pares anfitriones Casas y Alicia Noli. Sin perjuicio del eventual cambio y sustitución de “árbitros”, fuentes judiciales conjeturaron que el juicio sería celebrado antes de que termine 2015.

La audiencia no puede ser evitada mediante el ofrecimiento de una probation (o suspensión de juicio a prueba). El orden jurídico niega este beneficio al imputado sometido a juicio por posibles delitos perpetrados en el desempeño de un cargo público. Es el caso de Terán, que, según la Justicia Federal, no pudo justificar un incremento patrimonial de $ 874.760 detectado en el período de 1999-2005. Es decir, mientras era juez federal N°2 de Tucumán (fue destituido en 2006). Es más, el año pasado, Casas, Noli y Reynaga incluso negaron la probation a los coimputados en “Borquez” y “Camandona” con el argumento de que el impedimento fundado en la condición de funcionario público de Terán alcanzaba a los que presuntamente habían delinquido con él.

Pese al tiempo que pasó desde que Musi interpuso su denuncia, la causa también estaría a salvo de extinguirse por efecto de la prescripción puesto que el requerimiento de elevación a juicio presentado en 2013 por el fiscal federal Carlos Brito interrumpe el cómputo de ese plazo. La investigación del posible enriquecimiento de Terán se movió apenas mientras Jorge Parache estuvo a cargo del Juzgado Federal N°1 (renunció hace ocho años, también acorralado por la acusación de haber intervenido en maniobras con títulos públicos). La lentitud del proceso asimismo obedeció al hecho de que, por la excusación “masiva” de los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, fue necesario integrar la alzada con conjueces (únicamente la camarista Graciela Fernández Vecino permaneció en el tribunal).

En principio, a Terán sólo le quedaría una salida: invocar la doctrina del transcurso del plazo razonable. El TOF aplicó este instituto en 2012 para sobreseer a otro funcionario del Estado, Juan Alberto Kaleñuk, en la pesquisa de un supuesto robo de 1.723 bultos en Gendarmería ocurrido durante 1999. En este caso, el ex comandante, ex jefe de Policía y colaborador personal del gobernador José Alperovich fue favorecido por los jueces Luis Eduardo López (sustituyó a Casas) y Jiménez Montilla. Previamente, el ex fiscal subrogante ante el TOF, Leopoldo Peralta Palma, había expresado su desinterés en el mantenimiento de la acusación. Las causas de Kaleñuk y de Terán tienen un término en común: ambas llegaron al Tribunal Oral tras 12 años de trámite judicial.

Un momento decisivo en ese itinerario procesal complejo tuvo lugar en 2010, cuando Bejas procesó al ex juez y trabó un embargo de $ 1 millón sobre sus bienes tras considerar que este no había sido capaz de explicar la procedencia del enriquecimiento surgido de la discordancia existente entre la suma de sus recursos anuales disponibles ($ 444.881,83) en el período 1999-2005 y el incremento patrimonial apreciable ($ 1.319.642,29) registrado en idéntico lapso.

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