Por Roberto Delgado
16 Mayo 2015
“De hecho las dos actividades más lucrativas en el mundo de hoy son actividades enemigas de la condición humana: el comercio de drogas y el comercio de armas. Las armas son parte esencial de la industria militar, que es en realidad una industria criminal. Las armas, producto del miedo de morir; las drogas, productos del miedo de vivir”. (Eduardo Galeano)
Cuando la Unidad de Información Financiera y la Justicia Federal le cayeron encima al clan Ale en una investigación por lavado de dinero (y otras actividades como parte de de una supuesta asociación ilícita), les secuestraron un montón de armas consideradas de guerra. “Montón” se refería a entre 90 y 200 armas, pero en los expedientes judiciales el “Mono” Ángel Ale reconoció tener “más de 60” elementos entre revólveres (como Taurus 38 o Colt Anaconda cal 44), pistolas 9 mm (alguna Beretta, o Glock cal 40, o Bersa), pistolón, carabina, fusiles y escopetas de repetición y semiautomáticas (una Luigi Franchi cal 12 con láser incorporado), las cuales ya le habían sido secuestradas por la Justicia provincial, y luego devueltas en causas en las que resultó sobreseído o que se archivaron por prescripción. Pero en la pesquisa de la UIF y de la Justicia Federal, iniciada desde hace tres años por presión de Susana Trimarco, los Ale no sólo han ido a la cárcel sino que sus armas quedaron incautadas, porque se supone que no hay argumento lógico que justifique poseer un arsenal por pasión de coleccionista, defensa personal o hábitos de cazador.
La UIF dijo que el poder de fuego de esas armas era de “una dimensión preocupante en manos de civiles... agregado a ello las múltiples causas penales, 10 de las cuales no obstante estaban finalizadas por prescripción”. Se las embargan con la hipótesis de que “son armas para una organización criminal dedicada a trata de personas y otros delitos y hasta lavado de activos”. Ese arsenal está guardado en cajas fuertes en la Base de Apoyo Logístico del Ejército en Salta, porque en Tucumán no había lugar donde tenerlo a resguardo.
Lo que no se entiende todavía es cómo es posible que alguien pueda tener todas esas armas legalmente (según la UIF, sólo 10 estaban mal registradas). Ninguna fuente pudo responder porqué el Registro Nacional de Armas (Renar) autorizó esta tenencia, ya que las exigencias para comprar y ser usuario son bastante complicadas: antecedentes, buena conducta, actividades, aptitud psicológica y física. El delegado del Renar, Luis Sal Area, dice que no se cuestionan los certificados entregados y que todos los antecedentes van a Buenos Aires, y que desde allá llegan las autorizaciones.
Sin explicaciones
Lo que sí está claro es que esas armas fueron secuestradas en operativos federales por supuesto lavado de dinero, y que antes la Justicia provincial no había hecho objeciones a la tenencia del arsenal, porque los Ale parecían cumplir con todas las exigencias legales y burocráticas para ser usuarios.
Es que en cuestiones de armas no se hacen objeciones porque se desconoce qué está pasando. Apenas se sabe del uso de las armas registradas y de vez en cuando hay algunas noticias que dan a entender que el circuito ilegal funciona con fluidez. Según una fuente policial, en 2014 se secuestraron 454 armas irregulares con los números adulterados, y en 2015 ya son 175 los elementos incautados. Las guardan en la oficina de Secuestros Judiciales de la Policía (detrás de la Volanta en Jujuy al 1.800), que arrastra como pecado el escándalo de 2008 cuando se descubrió que habían desaparecido armas decomisadas y se sospechó que había habido venta de ese material. Ahora dicen que se guarda con celo el armamento, pero como las armas decomisadas y las legítimas se guardan también en comisarías, de tanto en tanto salen a la luz informaciones de desapariciones de escopetas o pistolas, como el escándalo de las pistolas ametralladoras y fusiles de la armería de la Unidad regional Norte en 2009. Si bien Tucumán le ha dado un papel más importante al Renar en cuanto al manejo de la información sobre las armas, no se ha adherido a la Ley 25.938 de armas de 2004. Sal Area dice que no sabe por qué.
No hay registros ni estadísticas para determinar si el manejo precario del armamento -tanto decomisado como el que usa la Policía- da lugar a negociados o es producto de negligencia. En un juicio oral de octubre pasado, un cabo de la sección Delitos Rurales y Ecológicos, Miguel Ángel Caro, quedó entre la espada y la pared cuando se descubrió que la pistola 9mm que él había denunciado como robada en 2004 apareció en 2006 en el asiento de un auto involucrado en un incidente con tiros al aire y amenazas de muerte a una familia en la Rioja al 1.600. El acusado de los delitos fue absuelto, pero el arma del suboficial mostró una práctica ilegal de la policía y el carnaval de los registros. Por un lado Caro dijo que él la había perdido pero que cuando fue a denunciar la pérdida los mismos agentes le aconsejaron que la denuncie como robada para evitar tener que pagarla (cuesta unos $ 6.000) y para que no le manche la foja de servicios para futuros ascensos. Y cuando se pidieron los datos del arma (se había reconocido el número de serie tras peritarla, porque había sido borrado), el informe del Renar reconoció que podía haber más de un arma con el mismo número. El suboficial Caro y otros dos policías han sido sumariados porque hasta ahora no se sabe cómo apareció el arma en ese auto. Pero el caso alimenta la sospecha de que puede haber más casos como éste, en los que sí se haya vendido el arma de manera ilegal. La fiscala Adriana Giannoni dice que de las 25 pistolas policiales desaparecidas en 2015, sólo unas tres han sido denunciadas como extraviadas. Las demás fueron robadas, según las denuncias.
Sin respuestas
¿Qué uso probable tendrán? Sólo hay sospechas para responder esa pregunta. Por ejemplo, en el informe judicial sobre los 112 homicidios de 2013, se sabe que el 63% fue con armas de fuego, y que 23 de esas muertes fueron con pistolas 9mm como las que usa la Policía. Pero nadie ha hecho un relevamiento en ese sentido, a pesar de que existe la presunción de que este tipo de armas es el que va a delitos. La Justicia no tiene esas precauciones. Cuando las fiscalías hacen los informes en el sistema informático Lex Doctor sobre las 3.500 causas que tienen por turno, no detallan el tipo de arma de fuego. Según la fiscala Giannoni, las decomisadas van a Secuestros Judiciales (en las dos sedes de tribunales), pero reconoce que cuando examinó la fiscalía II del jubilado Carlos Albaca encontró en sobres tirados muchas armas de causas penales. Por todo esto, el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, dice que ha convocado a reunión de fiscales con el delegado Sal Area. “No hay registro ni control, y no hay normativa. Las armas de secuestros judiciales o policiales figuran en las causas, nada más. Vamos a ver si podemos hacer un protocolo”, dijo Jiménez.
Pero esto aún tiene más aristas. ¿Cómo se controla si hay otros arsenales? Luis Morán, ex asistente seguridad del ex banco Provincia, se pregunta cómo están registrados y cómo han sido usados los cerca de 200 revólveres, pistolas, fusiles escopetas y pistolas ametralladoras que se utilizaban para protección y que quedaron en la órbita del Banco residual. Cada vez que aparece una noticia sobre hallazgo de este tipo de material en manos de “sujetos” (”Aprehendieron a dos hombres con armas en barrio ATE”, 6/2). Morán se pregunta por qué no se describe el revólver o pistola y se da su número de serie, para saber su origen y destino. Una práctica que requeriría, primero adhesión a esa ley que rige desde hace 13 años en el país y no en la provincia, donde por ahora sigue el carnaval de las armas.
Cuando la Unidad de Información Financiera y la Justicia Federal le cayeron encima al clan Ale en una investigación por lavado de dinero (y otras actividades como parte de de una supuesta asociación ilícita), les secuestraron un montón de armas consideradas de guerra. “Montón” se refería a entre 90 y 200 armas, pero en los expedientes judiciales el “Mono” Ángel Ale reconoció tener “más de 60” elementos entre revólveres (como Taurus 38 o Colt Anaconda cal 44), pistolas 9 mm (alguna Beretta, o Glock cal 40, o Bersa), pistolón, carabina, fusiles y escopetas de repetición y semiautomáticas (una Luigi Franchi cal 12 con láser incorporado), las cuales ya le habían sido secuestradas por la Justicia provincial, y luego devueltas en causas en las que resultó sobreseído o que se archivaron por prescripción. Pero en la pesquisa de la UIF y de la Justicia Federal, iniciada desde hace tres años por presión de Susana Trimarco, los Ale no sólo han ido a la cárcel sino que sus armas quedaron incautadas, porque se supone que no hay argumento lógico que justifique poseer un arsenal por pasión de coleccionista, defensa personal o hábitos de cazador.
La UIF dijo que el poder de fuego de esas armas era de “una dimensión preocupante en manos de civiles... agregado a ello las múltiples causas penales, 10 de las cuales no obstante estaban finalizadas por prescripción”. Se las embargan con la hipótesis de que “son armas para una organización criminal dedicada a trata de personas y otros delitos y hasta lavado de activos”. Ese arsenal está guardado en cajas fuertes en la Base de Apoyo Logístico del Ejército en Salta, porque en Tucumán no había lugar donde tenerlo a resguardo.
Lo que no se entiende todavía es cómo es posible que alguien pueda tener todas esas armas legalmente (según la UIF, sólo 10 estaban mal registradas). Ninguna fuente pudo responder porqué el Registro Nacional de Armas (Renar) autorizó esta tenencia, ya que las exigencias para comprar y ser usuario son bastante complicadas: antecedentes, buena conducta, actividades, aptitud psicológica y física. El delegado del Renar, Luis Sal Area, dice que no se cuestionan los certificados entregados y que todos los antecedentes van a Buenos Aires, y que desde allá llegan las autorizaciones.
Sin explicaciones
Lo que sí está claro es que esas armas fueron secuestradas en operativos federales por supuesto lavado de dinero, y que antes la Justicia provincial no había hecho objeciones a la tenencia del arsenal, porque los Ale parecían cumplir con todas las exigencias legales y burocráticas para ser usuarios.
Es que en cuestiones de armas no se hacen objeciones porque se desconoce qué está pasando. Apenas se sabe del uso de las armas registradas y de vez en cuando hay algunas noticias que dan a entender que el circuito ilegal funciona con fluidez. Según una fuente policial, en 2014 se secuestraron 454 armas irregulares con los números adulterados, y en 2015 ya son 175 los elementos incautados. Las guardan en la oficina de Secuestros Judiciales de la Policía (detrás de la Volanta en Jujuy al 1.800), que arrastra como pecado el escándalo de 2008 cuando se descubrió que habían desaparecido armas decomisadas y se sospechó que había habido venta de ese material. Ahora dicen que se guarda con celo el armamento, pero como las armas decomisadas y las legítimas se guardan también en comisarías, de tanto en tanto salen a la luz informaciones de desapariciones de escopetas o pistolas, como el escándalo de las pistolas ametralladoras y fusiles de la armería de la Unidad regional Norte en 2009. Si bien Tucumán le ha dado un papel más importante al Renar en cuanto al manejo de la información sobre las armas, no se ha adherido a la Ley 25.938 de armas de 2004. Sal Area dice que no sabe por qué.
No hay registros ni estadísticas para determinar si el manejo precario del armamento -tanto decomisado como el que usa la Policía- da lugar a negociados o es producto de negligencia. En un juicio oral de octubre pasado, un cabo de la sección Delitos Rurales y Ecológicos, Miguel Ángel Caro, quedó entre la espada y la pared cuando se descubrió que la pistola 9mm que él había denunciado como robada en 2004 apareció en 2006 en el asiento de un auto involucrado en un incidente con tiros al aire y amenazas de muerte a una familia en la Rioja al 1.600. El acusado de los delitos fue absuelto, pero el arma del suboficial mostró una práctica ilegal de la policía y el carnaval de los registros. Por un lado Caro dijo que él la había perdido pero que cuando fue a denunciar la pérdida los mismos agentes le aconsejaron que la denuncie como robada para evitar tener que pagarla (cuesta unos $ 6.000) y para que no le manche la foja de servicios para futuros ascensos. Y cuando se pidieron los datos del arma (se había reconocido el número de serie tras peritarla, porque había sido borrado), el informe del Renar reconoció que podía haber más de un arma con el mismo número. El suboficial Caro y otros dos policías han sido sumariados porque hasta ahora no se sabe cómo apareció el arma en ese auto. Pero el caso alimenta la sospecha de que puede haber más casos como éste, en los que sí se haya vendido el arma de manera ilegal. La fiscala Adriana Giannoni dice que de las 25 pistolas policiales desaparecidas en 2015, sólo unas tres han sido denunciadas como extraviadas. Las demás fueron robadas, según las denuncias.
Sin respuestas
¿Qué uso probable tendrán? Sólo hay sospechas para responder esa pregunta. Por ejemplo, en el informe judicial sobre los 112 homicidios de 2013, se sabe que el 63% fue con armas de fuego, y que 23 de esas muertes fueron con pistolas 9mm como las que usa la Policía. Pero nadie ha hecho un relevamiento en ese sentido, a pesar de que existe la presunción de que este tipo de armas es el que va a delitos. La Justicia no tiene esas precauciones. Cuando las fiscalías hacen los informes en el sistema informático Lex Doctor sobre las 3.500 causas que tienen por turno, no detallan el tipo de arma de fuego. Según la fiscala Giannoni, las decomisadas van a Secuestros Judiciales (en las dos sedes de tribunales), pero reconoce que cuando examinó la fiscalía II del jubilado Carlos Albaca encontró en sobres tirados muchas armas de causas penales. Por todo esto, el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, dice que ha convocado a reunión de fiscales con el delegado Sal Area. “No hay registro ni control, y no hay normativa. Las armas de secuestros judiciales o policiales figuran en las causas, nada más. Vamos a ver si podemos hacer un protocolo”, dijo Jiménez.
Pero esto aún tiene más aristas. ¿Cómo se controla si hay otros arsenales? Luis Morán, ex asistente seguridad del ex banco Provincia, se pregunta cómo están registrados y cómo han sido usados los cerca de 200 revólveres, pistolas, fusiles escopetas y pistolas ametralladoras que se utilizaban para protección y que quedaron en la órbita del Banco residual. Cada vez que aparece una noticia sobre hallazgo de este tipo de material en manos de “sujetos” (”Aprehendieron a dos hombres con armas en barrio ATE”, 6/2). Morán se pregunta por qué no se describe el revólver o pistola y se da su número de serie, para saber su origen y destino. Una práctica que requeriría, primero adhesión a esa ley que rige desde hace 13 años en el país y no en la provincia, donde por ahora sigue el carnaval de las armas.
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