Por Roberto Delgado
09 Mayo 2015
En la película “Bowling for Columbine”, Michael Moore plantea la absurda situación de si se puede acusar a un perro con una escopeta atada a su lomo por la muerte accidental de su amo. Con ello -y muchas historias y datos más- el realizador plantea la locura de los norteamericanos de vivir armados para defensa personal y el problema de la altísima cantidad de muertes anuales con armas de fuego, para la cual no se ha encontrado solución. ¿Conviene vivir armado? ¿O en una sociedad armada? ¿Cuántas armas están circulando entre nosotros? Este asunto ha sido planteado por la presidenta Cristina Fernández hace 10 días, cuando inauguró en la localidad bonaerense de San Martín el Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac), primer depósito para armas del país, con la intención de que todas las armas depositadas por secuestros en las comisarías y juzgados sean enviadas allí para su destrucción. También pidió que el Congreso analice los proyectos para cambiar el Registro Nacional de Armas (Renar) por una Agencia Nacional de Materiales Controlados.
¿En qué nos importa a nosotros un depósito si no se sabe si Tucumán estará adherido a la ley para enviar allí las armas y ni se conocen mayores datos sobre la circulación de estos materiales en nuestro medio? Pues, por ese mismo motivo. Porque no se sabe qué está pasando. Mientras los funcionarios nacionales retacean o desconocen los datos sobre la circulación legal o ilegal de armas (el delegado del Renar, Luis Sal Area, remite a una oficina en Buenos Aires, donde se contesta no que se tienen ahora datos para informar sobre Tucumán), los provinciales -como el secretario de Seguridad, Paul Hofer- afirman que el informe sobre la cantidad de armas de la Policía denunciadas como robadas o extraviadas es confidencial.
Pero algo se sabe de lo que está pasando. Hace tres semanas desapareció una escopeta nueva de la oficina del jefe de la comisaría de El Manantial y por esto se abrió un sumario a siete empleados, incluido el jefe. Hace tres semanas, en un allanamiento realizado en Los Ralos en busca de pistas sobre los delincuentes que, vestidos de policías, habían asaltado a una mujer y le habían robado $ 80.000, se incautaron 30 armas en una vivienda que aparentemente pertenece a un armero y que habría dicho que son armas policiales bien registradas.
Ya hubo otros casos: en octubre desapareció un revólver incautado en una fiscalía de Concepción y hace siete años desaparecieron armas de secuestros judiciales del depósito policial de la Volanta. Según una fuente policial, por año se reporta el robo o el extravío de unas 30 armas policiales, entre pistolas y escopetas. Pero las cifras van en aumento. La fiscala Adriana Giannoni, a cargo de la causa de Los Ralos, apenas si pudo obtener un informe del registro Provincial de Armas sobre armas perdidas o robadas entre 2007 y 2015 y quedó sorprendida, según dijo: 422 en ese período. Una alta fuente dice que en 2014 desaparecieron 44 armas policiales y en lo que va de 2015 ya se perdieron 25.
¿A dónde va ese armamento perdido? A engrosar la ilegalidad, junto con armamento mal guardado. “Las armas incautadas en depósitos policiales y judiciales desprovistos de controles constituyen la principal fuente de transferencia al mercado ilegal”, dijeron los politólogos de la UBA Victoria Darraidou y Gustavo Gallo (”La Argentina armada”, en “Página/12”, 7/6/12) . Según el informe del ex jefe de gabinete Jorge Capitanich al Senado en mayo de 2014, la mayor parte de los homicidios dolosos se comete con armas de fuego ilegales.
Claro que Capitanich en esa jornada defendió la política de armas y de desarme del Gobierno nacional, al afirmar que “el 80 % de los delitos se comete con armas adquiridas antes de 2003”.
Cristina dijo que a partir de la remisión del armamento secuestrado al Banmac “la mayoría de las armas no van a estar en las comisarías ni en los juzgados”. Pero nadie aquí ha hablado del problema, que es bastante complejo. La Red Argentina para el Desarme, una organización que depende del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) ha planteado, en coincidencia con el gobierno nacional, la necesidad de que se cambie el Renar por una agencia de control de armas, para que el Estado tenga efectivo control del movimiento de las armas, que cuando son ilegales forman parte de los tres delitos muy lucrativos, después del narcotráfico y la trata de personas. La red cuestiona que el Estado haya puesto en manos de fabricantes y de comerciantes de armas la financiación del Renar, que se sustenta por la venta de los formularios para comprar, poseer y usar armas. “Insistimos por una ley para controlar el mercado legal. Si podemos controlar toda la vía del arma desde que es fabricada hasta su destino final, vamos a evitar el posible contacto con el circuito ilegal”, dice Aldana Romano, del Inecip. Cuenta que cuando la Auditoría General quiso auditar al Renar, se le contestó que no era posible hacerlo porque no se sustentaba con fondos públicos.
Tanto la red como el Gobierno han puesto énfasis en el éxito de la campaña de desarme que se implementa desde 2007 y que va a permitir que para fin de año -dice Cristina- se llegue a la destrucción de unas 300.000 armas, con la idea de que sacar armas del mercado legal ayuda a evitar su pase a la ilegalidad y su uso en delitos. Esta campaña ha reducido la circulación de armas legales y ha restringido la entrega de licencias a nivel nacional. No obstante, en la publicación “Evaluación del programa de entrega voluntaria de armas de fuego en Argentina” (2007-2009), Lucas Ronconi (Cippec), David Lenis y Ernesto Schardgrodsky (Universidad Torcuato di Tella) dicen que no está claro que la reducción de armas haya incidido directamente en la reducción de homicidios, suicidios y accidentes con armas de fuego. Entre otras cosas, porque los elementos entregados (escopetas, carabinas, fusiles, pistolas y revólveres de uso civil, muchos rotos) no son los que normalmente se usan en delitos, y un porcentaje ínfimo son del tipo de los que usa la Policía.
Con la nueva agencia acaso se pueda tener datos más concretos y estudiar mejor el tema. Hasta ahora, se estima que en Tucumán circulan unas 24.000 armas legales y que se han entregado unas 6.000 en el plan de desarme. Se cree que circulan unas 10.000 ilegales, aunque a nivel nacional las estimaciones hablan del doble de las legales. Aldana Romano informa que en la encuesta nacional sobre factores de riesgo que hizo el Ministerio de Salud en 2011 se preguntó a la gente si había armas en el entorno (en la casa, el garaje, el auto, el trabajo) y el resultado fue que en Tucumán el 8,6% de la población respondió que sí. Eso triplicaría el registro legal y explica por qué durante la huelga policial de 2013 aparecieron armas en manos de los vecinos por todas partes en la provincia. La gente está armada, no en la proporción de los estadounidenses, pero sí mucho más de lo que se registra.
Las armas están ocultas. Pero aparecen con demasiada frecuencia en delitos y en accidentes y entonces nos causan alarma. O es que un adolescente mató de un tiro accidental a un niño en el barrio Trulalá (2/2), o una familia que huye del fuego y las balas (21/1), o que la Navidad violenta impone el código rojo en los hospitales (27/12), o que un delincuente juvenil fallecido, “Huevito”, es despedido con una salva de tiros al cielo (3/11); o que un hombre que defiende a sus vecinos, Daniel Galván, es acribillado por ladrones en barrio Los Tarcos II (7/10).
El promedio de homicidios con armas de fuego en el mundo es del 60% y en América Latina es del 70%. En el estudio sobre homicidios que en 2011 hicieron la Facultad de Derecho y la Secretaría de Derechos Humanos para los años que van de 2005 a 2010, se concluyó que el 43,8% se hizo con armas de fuego. En el relevamiento sobre los homicidios de 2013 de la Corte Suprema se determinó que el 63% fue con armas de fuego, y en el reciente informe de la Policía que da cuenta de 110 homicidios dolosos en 2014 se consigna de que 72 fueron con armas de fuego, es decir un 65,5%. Vamos en aumento, y apenas lo advertimos.
¿En qué nos importa a nosotros un depósito si no se sabe si Tucumán estará adherido a la ley para enviar allí las armas y ni se conocen mayores datos sobre la circulación de estos materiales en nuestro medio? Pues, por ese mismo motivo. Porque no se sabe qué está pasando. Mientras los funcionarios nacionales retacean o desconocen los datos sobre la circulación legal o ilegal de armas (el delegado del Renar, Luis Sal Area, remite a una oficina en Buenos Aires, donde se contesta no que se tienen ahora datos para informar sobre Tucumán), los provinciales -como el secretario de Seguridad, Paul Hofer- afirman que el informe sobre la cantidad de armas de la Policía denunciadas como robadas o extraviadas es confidencial.
Pero algo se sabe de lo que está pasando. Hace tres semanas desapareció una escopeta nueva de la oficina del jefe de la comisaría de El Manantial y por esto se abrió un sumario a siete empleados, incluido el jefe. Hace tres semanas, en un allanamiento realizado en Los Ralos en busca de pistas sobre los delincuentes que, vestidos de policías, habían asaltado a una mujer y le habían robado $ 80.000, se incautaron 30 armas en una vivienda que aparentemente pertenece a un armero y que habría dicho que son armas policiales bien registradas.
Ya hubo otros casos: en octubre desapareció un revólver incautado en una fiscalía de Concepción y hace siete años desaparecieron armas de secuestros judiciales del depósito policial de la Volanta. Según una fuente policial, por año se reporta el robo o el extravío de unas 30 armas policiales, entre pistolas y escopetas. Pero las cifras van en aumento. La fiscala Adriana Giannoni, a cargo de la causa de Los Ralos, apenas si pudo obtener un informe del registro Provincial de Armas sobre armas perdidas o robadas entre 2007 y 2015 y quedó sorprendida, según dijo: 422 en ese período. Una alta fuente dice que en 2014 desaparecieron 44 armas policiales y en lo que va de 2015 ya se perdieron 25.
¿A dónde va ese armamento perdido? A engrosar la ilegalidad, junto con armamento mal guardado. “Las armas incautadas en depósitos policiales y judiciales desprovistos de controles constituyen la principal fuente de transferencia al mercado ilegal”, dijeron los politólogos de la UBA Victoria Darraidou y Gustavo Gallo (”La Argentina armada”, en “Página/12”, 7/6/12) . Según el informe del ex jefe de gabinete Jorge Capitanich al Senado en mayo de 2014, la mayor parte de los homicidios dolosos se comete con armas de fuego ilegales.
Claro que Capitanich en esa jornada defendió la política de armas y de desarme del Gobierno nacional, al afirmar que “el 80 % de los delitos se comete con armas adquiridas antes de 2003”.
Cristina dijo que a partir de la remisión del armamento secuestrado al Banmac “la mayoría de las armas no van a estar en las comisarías ni en los juzgados”. Pero nadie aquí ha hablado del problema, que es bastante complejo. La Red Argentina para el Desarme, una organización que depende del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) ha planteado, en coincidencia con el gobierno nacional, la necesidad de que se cambie el Renar por una agencia de control de armas, para que el Estado tenga efectivo control del movimiento de las armas, que cuando son ilegales forman parte de los tres delitos muy lucrativos, después del narcotráfico y la trata de personas. La red cuestiona que el Estado haya puesto en manos de fabricantes y de comerciantes de armas la financiación del Renar, que se sustenta por la venta de los formularios para comprar, poseer y usar armas. “Insistimos por una ley para controlar el mercado legal. Si podemos controlar toda la vía del arma desde que es fabricada hasta su destino final, vamos a evitar el posible contacto con el circuito ilegal”, dice Aldana Romano, del Inecip. Cuenta que cuando la Auditoría General quiso auditar al Renar, se le contestó que no era posible hacerlo porque no se sustentaba con fondos públicos.
Tanto la red como el Gobierno han puesto énfasis en el éxito de la campaña de desarme que se implementa desde 2007 y que va a permitir que para fin de año -dice Cristina- se llegue a la destrucción de unas 300.000 armas, con la idea de que sacar armas del mercado legal ayuda a evitar su pase a la ilegalidad y su uso en delitos. Esta campaña ha reducido la circulación de armas legales y ha restringido la entrega de licencias a nivel nacional. No obstante, en la publicación “Evaluación del programa de entrega voluntaria de armas de fuego en Argentina” (2007-2009), Lucas Ronconi (Cippec), David Lenis y Ernesto Schardgrodsky (Universidad Torcuato di Tella) dicen que no está claro que la reducción de armas haya incidido directamente en la reducción de homicidios, suicidios y accidentes con armas de fuego. Entre otras cosas, porque los elementos entregados (escopetas, carabinas, fusiles, pistolas y revólveres de uso civil, muchos rotos) no son los que normalmente se usan en delitos, y un porcentaje ínfimo son del tipo de los que usa la Policía.
Con la nueva agencia acaso se pueda tener datos más concretos y estudiar mejor el tema. Hasta ahora, se estima que en Tucumán circulan unas 24.000 armas legales y que se han entregado unas 6.000 en el plan de desarme. Se cree que circulan unas 10.000 ilegales, aunque a nivel nacional las estimaciones hablan del doble de las legales. Aldana Romano informa que en la encuesta nacional sobre factores de riesgo que hizo el Ministerio de Salud en 2011 se preguntó a la gente si había armas en el entorno (en la casa, el garaje, el auto, el trabajo) y el resultado fue que en Tucumán el 8,6% de la población respondió que sí. Eso triplicaría el registro legal y explica por qué durante la huelga policial de 2013 aparecieron armas en manos de los vecinos por todas partes en la provincia. La gente está armada, no en la proporción de los estadounidenses, pero sí mucho más de lo que se registra.
Las armas están ocultas. Pero aparecen con demasiada frecuencia en delitos y en accidentes y entonces nos causan alarma. O es que un adolescente mató de un tiro accidental a un niño en el barrio Trulalá (2/2), o una familia que huye del fuego y las balas (21/1), o que la Navidad violenta impone el código rojo en los hospitales (27/12), o que un delincuente juvenil fallecido, “Huevito”, es despedido con una salva de tiros al cielo (3/11); o que un hombre que defiende a sus vecinos, Daniel Galván, es acribillado por ladrones en barrio Los Tarcos II (7/10).
El promedio de homicidios con armas de fuego en el mundo es del 60% y en América Latina es del 70%. En el estudio sobre homicidios que en 2011 hicieron la Facultad de Derecho y la Secretaría de Derechos Humanos para los años que van de 2005 a 2010, se concluyó que el 43,8% se hizo con armas de fuego. En el relevamiento sobre los homicidios de 2013 de la Corte Suprema se determinó que el 63% fue con armas de fuego, y en el reciente informe de la Policía que da cuenta de 110 homicidios dolosos en 2014 se consigna de que 72 fueron con armas de fuego, es decir un 65,5%. Vamos en aumento, y apenas lo advertimos.
Lo más popular
