Por Carlos Páez de la Torre H
06 Mayo 2015
JOSÉ ANTONIO OLMOS. El gobernador Olmos, al centro, flanqueado por Lucas Córdoba y Brígido Terán, en una caricatura de 1904 de “Caras y Caretas”. la gaceta / archivo
El “Boletín Oficial” de Tucumán, que se publica hasta hoy, fue creado por el gobernador José Antonio Olmos, en un decreto acuerdo del 30 de enero de 1906, que firmaron sus ministros Rufino Cossio y Julián C. Murga.
Los considerandos expresaban que “es de interés general la publicación de un Boletín Oficial, en el que se inserten todos los decretos, resoluciones y demás documentos públicos emanados del Gobierno de la Provincia, facilitando de este modo el conocimiento de los mismos”. Esto a la vez que “se simplifican los trámites administrativos que actualmente se siguen para la comunicación de aquéllos, tanto a las oficinas de Gobierno como a los particulares”.
Se imprimiría en los talleres de la Cárcel Penitenciaria, “que poseen los elementos necesarios para practicar un trabajo de esta índole con positiva economía para el Tesoro Público”. Estaría bajo la dirección del subsecretario del Ministerio de Gobierno. De acuerdo al decreto, todo documento inserto en el Boletín “se considerará por oficialmente comunicado”: será “tenido por auténtico y obligatorio, por el efecto de esa publicación”.
Debía remitirse a todas las reparticiones dependientes del Estado Provincial. “Todo jefe de repartición deberá reclamar el envío del Boletín, cuando no lo recibiere con puntualidad, y no se admitirá como excusa el no recibo del mismo” prescribía otro artículo.
Se disponía asimismo que “los errores que aparezcan en los documentos que se publiquen, deberán ser rectificados por la Subsecretaría del Ministerio respectivo, en el siguiente número del Boletín”.
Los considerandos expresaban que “es de interés general la publicación de un Boletín Oficial, en el que se inserten todos los decretos, resoluciones y demás documentos públicos emanados del Gobierno de la Provincia, facilitando de este modo el conocimiento de los mismos”. Esto a la vez que “se simplifican los trámites administrativos que actualmente se siguen para la comunicación de aquéllos, tanto a las oficinas de Gobierno como a los particulares”.
Se imprimiría en los talleres de la Cárcel Penitenciaria, “que poseen los elementos necesarios para practicar un trabajo de esta índole con positiva economía para el Tesoro Público”. Estaría bajo la dirección del subsecretario del Ministerio de Gobierno. De acuerdo al decreto, todo documento inserto en el Boletín “se considerará por oficialmente comunicado”: será “tenido por auténtico y obligatorio, por el efecto de esa publicación”.
Debía remitirse a todas las reparticiones dependientes del Estado Provincial. “Todo jefe de repartición deberá reclamar el envío del Boletín, cuando no lo recibiere con puntualidad, y no se admitirá como excusa el no recibo del mismo” prescribía otro artículo.
Se disponía asimismo que “los errores que aparezcan en los documentos que se publiquen, deberán ser rectificados por la Subsecretaría del Ministerio respectivo, en el siguiente número del Boletín”.
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