Por LA GACETA
30 Abril 2015
Desde hace años se viene advirtiendo en foros mundiales acerca de la necesidad imperiosa de que el hombre deje de dañar el medio ambiente. Como consecuencia de la depredación se han producido cambios climáticos que han traído aparejadas catástrofes ambientales. Las inundaciones ocurridas en Tucumán a fines de febrero y durante marzo y abril, que han producido cuantiosas pérdidas a los comprovincianos afectados, no han sucedido solamente por la caída de lluvias con volúmenes excepcionales. Han desnudado la carencia de obras de infraestructura, la falta de mantenimiento de los puentes (se cayó una decena), pero principalmente ha influido la deforestación, según especialistas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 Tucumán perdió 22.171 hectáreas por desmonte. Según datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques de la Nación, entre 2006 y 2011 fueron arrasadas otras 25.333 hectáreas de bosques nativos, bosques en galería, bosques bajos, bosques abiertos y arbustales. El informe consigna que los departamentos más castigados fueron Graneros (12.110 ha), La Cocha (4.900 ha), Burruyacu (2.744 ha), Simoca (2.246 ha) y Cruz Alta (958).
En 2006, los expertos en medio ambiente aseguraban que en Tucumán había por lo menos un millón de hectáreas degradadas. A ello había que sumarle que sólo el 18% de la superficie del territorio estaba cubierto por bosques. Los expertos advertían que otro peligro que conlleva la deforestación es que impide la filtración del agua en el suelo durante las grandes tormentas y ello podía provocar desastres. En un estudio de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, se aseguraba entonces que un territorio con menos del 25 % de cobertura vegetal corría grandes peligros ambientales.
“Los bosques que quedan en Tucumán son bosques empobrecidos, pues la tala selectiva que se practicó durante años eliminó las especies más valiosas. Hoy se dice que son los bosques mejor protegidos de la región y esto no es así. Son bosques empobrecidos, que no pueden cumplir acabadamente con su función de regulador hídrico y en su reemplazo han aparecido especies invasoras que no cumplen la misma función”, afirmó el doctor en Ciencias Biológicas Juan González.
El periodista Darío Aranda, autor del libro “Tierra arrasada”, le dijo a LA GACETA que cuando los gobiernos culpan a la naturaleza esconden sus propias responsabilidades. “El monte nativo actúa como una esponja porque puede absorber hasta el 50% del agua que cae. Claramente, no se puede impedir que llueva más de la media, pero los gobiernos son responsables porque dejaron que se desmonte, porque fueron cómplices y no previeron lo que podría ocurrir”, afirmó.
Las cifras divulgadas por organismos nacionales sobre la realidad tucumana hablan por sí solas; 47.504 desmontadas en nueve años. La deforestación se produce porque quien debe controlar no lo hace o porque los intereses creados son muy importantes. La naturaleza nos ha mostrado en algunas oportunidades que ante la agresión constante, su reacción es violenta y no hay dinero ni poder que pueda frenarla. Si Estado sigue permitiendo que la codicia se anteponga al bienestar común, nuestro futuro ambiental estará lejos de ser promisorio.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 Tucumán perdió 22.171 hectáreas por desmonte. Según datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques de la Nación, entre 2006 y 2011 fueron arrasadas otras 25.333 hectáreas de bosques nativos, bosques en galería, bosques bajos, bosques abiertos y arbustales. El informe consigna que los departamentos más castigados fueron Graneros (12.110 ha), La Cocha (4.900 ha), Burruyacu (2.744 ha), Simoca (2.246 ha) y Cruz Alta (958).
En 2006, los expertos en medio ambiente aseguraban que en Tucumán había por lo menos un millón de hectáreas degradadas. A ello había que sumarle que sólo el 18% de la superficie del territorio estaba cubierto por bosques. Los expertos advertían que otro peligro que conlleva la deforestación es que impide la filtración del agua en el suelo durante las grandes tormentas y ello podía provocar desastres. En un estudio de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, se aseguraba entonces que un territorio con menos del 25 % de cobertura vegetal corría grandes peligros ambientales.
“Los bosques que quedan en Tucumán son bosques empobrecidos, pues la tala selectiva que se practicó durante años eliminó las especies más valiosas. Hoy se dice que son los bosques mejor protegidos de la región y esto no es así. Son bosques empobrecidos, que no pueden cumplir acabadamente con su función de regulador hídrico y en su reemplazo han aparecido especies invasoras que no cumplen la misma función”, afirmó el doctor en Ciencias Biológicas Juan González.
El periodista Darío Aranda, autor del libro “Tierra arrasada”, le dijo a LA GACETA que cuando los gobiernos culpan a la naturaleza esconden sus propias responsabilidades. “El monte nativo actúa como una esponja porque puede absorber hasta el 50% del agua que cae. Claramente, no se puede impedir que llueva más de la media, pero los gobiernos son responsables porque dejaron que se desmonte, porque fueron cómplices y no previeron lo que podría ocurrir”, afirmó.
Las cifras divulgadas por organismos nacionales sobre la realidad tucumana hablan por sí solas; 47.504 desmontadas en nueve años. La deforestación se produce porque quien debe controlar no lo hace o porque los intereses creados son muy importantes. La naturaleza nos ha mostrado en algunas oportunidades que ante la agresión constante, su reacción es violenta y no hay dinero ni poder que pueda frenarla. Si Estado sigue permitiendo que la codicia se anteponga al bienestar común, nuestro futuro ambiental estará lejos de ser promisorio.
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