28 Abril 2015
DOS A UNO. Así votó la Cámara a favor de la continuidad de Bonadio. dyn
BUENOS AIRES.- El juez federal Claudio Bonadio seguirá investigando si existen irregularidades en la empresa Hotesur SA, que gerencia los hoteles de la presidenta, Cristina Fernández, y su familia.
Así lo resolvió ayer la Sala Uno de la Cámara Federal de Casación Penal, al rechazar una recusación contra Bonadio que había planteado la defensa de Romina Mercado, hija de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, sobrina de la Presidenta y directora de Hotesur.
Los camaristas Gustavo Hornos y Luis María Cabral, que también habían sido recusados, el viernes pasado, por la defensa de Mercado, votaron por la continuidad de Bonadio. Y la otra camarista, Ana María Figueroa, por su salida.
El apartamiento del juez Bonadio había sido reclamado desde el Gobierno nacional hasta por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien llegó a declarar que “estaría demostrada” la presunta “parcialidad” del magistrado en la causa.
Y en los tribunales de Comodoro Py la fiscal de la Cámara, Gabriela Baigún, también había dictaminado porque Bonadio fuera retirado del caso.
Hotesur SA es la sociedad que la propia Presidenta mencionó en sus declaraciones juradas como la encargada de administrar algunos de los hoteles que ella posee, entre los que figura Alto Calafate, y la investigación comenzó con una denuncia que hizo Margarita Stolbizer (GEN) por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Alto Calafate fue contratada por Austral Construcciones, empresa del ultrakirchnerista Lázaro Báez, para ocupar numerosas habitaciones que nunca fueron utilizadas, por lo que se sospecha que pudo haber lavado de dinero.
Bonadio allanó la sede jurídica de Hotesur y estaba vacía y le pidió a la IGJ y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) documentación sobre los balances de la empresa y declaraciones juradas.
La discusión de los camaristas fue reñida, incluso hubo reuniones entre los tres hasta última hora del viernes, y no se logró consensuar, ni tampoco un acuerdo para sacar una resolución, en uno u otro sentido respecto de la recusación del juez. Esta situación se relaciona con las ambiciones que de Hornos y Figueroa, en ocupar un lugar en la Corte Suprema, cuando se habla de ampliar el Alto Tribunal.
El caso Hotesur no es el único expediente de alto contenido político cuya definición está demorada, sino que en la Sala I aguardan otras causas fuertes: la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta por el encubrimiento de la AMIA; y la definición sobre si es o no constitucional el Memorándum con Irán. La denuncia de Nisman va camino al archivo, pues el fiscal ante Casación Javier De Luca ya dictaminó por el rechazo de la acusación. (DyN)
Así lo resolvió ayer la Sala Uno de la Cámara Federal de Casación Penal, al rechazar una recusación contra Bonadio que había planteado la defensa de Romina Mercado, hija de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, sobrina de la Presidenta y directora de Hotesur.
Los camaristas Gustavo Hornos y Luis María Cabral, que también habían sido recusados, el viernes pasado, por la defensa de Mercado, votaron por la continuidad de Bonadio. Y la otra camarista, Ana María Figueroa, por su salida.
El apartamiento del juez Bonadio había sido reclamado desde el Gobierno nacional hasta por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien llegó a declarar que “estaría demostrada” la presunta “parcialidad” del magistrado en la causa.
Y en los tribunales de Comodoro Py la fiscal de la Cámara, Gabriela Baigún, también había dictaminado porque Bonadio fuera retirado del caso.
Hotesur SA es la sociedad que la propia Presidenta mencionó en sus declaraciones juradas como la encargada de administrar algunos de los hoteles que ella posee, entre los que figura Alto Calafate, y la investigación comenzó con una denuncia que hizo Margarita Stolbizer (GEN) por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Alto Calafate fue contratada por Austral Construcciones, empresa del ultrakirchnerista Lázaro Báez, para ocupar numerosas habitaciones que nunca fueron utilizadas, por lo que se sospecha que pudo haber lavado de dinero.
Bonadio allanó la sede jurídica de Hotesur y estaba vacía y le pidió a la IGJ y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) documentación sobre los balances de la empresa y declaraciones juradas.
La discusión de los camaristas fue reñida, incluso hubo reuniones entre los tres hasta última hora del viernes, y no se logró consensuar, ni tampoco un acuerdo para sacar una resolución, en uno u otro sentido respecto de la recusación del juez. Esta situación se relaciona con las ambiciones que de Hornos y Figueroa, en ocupar un lugar en la Corte Suprema, cuando se habla de ampliar el Alto Tribunal.
El caso Hotesur no es el único expediente de alto contenido político cuya definición está demorada, sino que en la Sala I aguardan otras causas fuertes: la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta por el encubrimiento de la AMIA; y la definición sobre si es o no constitucional el Memorándum con Irán. La denuncia de Nisman va camino al archivo, pues el fiscal ante Casación Javier De Luca ya dictaminó por el rechazo de la acusación. (DyN)
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