La penúltima privatización: el mínimo no imponible

Marcelo Batiz - Agencia DyN

BUENOS AIRES,.- La sociedad argentina se acostumbró mansamente en las últimas décadas a una serie de privatizaciones no declaradas, nacidas ante la inoperancia de un Estado que paulatinamente fue abandonando sus funciones prioritarias. La Educación, la Salud, la Seguridad y hasta los índices de precios fueron las víctimas de sucesivas administraciones estatales, más allá de sus cambiantes signos políticos, convalidadas por la ciudadanía con una anestesiada naturalidad. Quizás por eso no haya sorprendido que por estos días se discuta públicamente una nueva privatización, sin que nadie la tome como tal: algunas empresas, entre ellas bancos públicos y privados y compañías petroleras de primera línea, resolvieron hacerse cargo del pago del impuesto a las Ganancias que deberían afrontar sus empleados.

No se trata ya de una salida excepcional, al estilo de una suma no remunerativa o un plus por determinada tarea. Ante la negativa del Estado de elevar el mínimo no imponible, es la empresa la que lo sube y se hace cargo de la diferencia de la que el mismo Estado no se hace responsable.

Mínimo no imponible, prepagas y colegios privados. ¿Con qué era que se comía, se curaba y se educaba? Un viejo axioma futbolero asegura que un buen árbitro es aquel que pasa desapercibido a lo largo de todo un partido y no pretende cobrar un protagonismo excesivo que deje a los equipos en un segundo plano. La tentación de trasladar la situación al actual desarrollo de las negociaciones paritarias es inevitable, si se tiene en cuenta que el rol del Estado está presente en un primer plano como nunca antes, en un procedimiento que tradicionalmente le asignó un rol de mediador, de acercamiento entre los gremios y las patronales. La mayoría de los sectores ya se encuentran en medio de las negociaciones, pero en todos los casos las dos partes no pueden evitar hacer referencias a actitudes de la tercera que las afecta de una u otra manera.

La intervención hace un par de semanas del presidente de la UIA, Héctor Méndez, no pudo haber sido más oportuna para el kirchnerismo, en su propósito de endilgarle a ajenos culpas que les son propias. De nada valió aclarar que la UIA no forma parte de ninguna paritaria, que en ese caso el rol de Méndez no pasa del sector de plásticos y que el primer acuerdo de 2015 (enseñanza privada) se cerró con un aumento del 38%, apenas cinco puntos por debajo del nivel con el que el jefe de la central fabril amenazó con “sacar corriendo” a los sindicalistas.

Los diferentes representantes del oficialismo salieron a censurar la falta de sensibilidad del empresariado y hasta reclamaron las negociaciones deberían partir de un piso del 30% anual, pauta bastante distante del cuestionado 43% de Méndez. Pero en esos reclamos subyacía una realidad a la que ninguno de los dirigentes se animó a hacer referencia. La obvia era que no podía hablarse de esos porcentajes sin remitirse a una inflación inocultable para todos, menos para uno: el 15 de mayo, el Indec informará oficialmente a la ciudadanía su centésimo índice de precios dibujado. Cien meses consecutivos de tergiversación de las estadísticas públicas y unos cuantos más de una inflación real por encima de cualquier comparación internacional. Pero es mas cómodo echarle la culpa a un dirigente industrial próximo a su retiro.

En ese contexto, las palabras de Méndez podrán servir para desviar la atención por un breve lapso, pero no para salvar a ciertos dirigentes oficialistas de responder el dilema: ¿cómo puede reclamarse un piso del 30% de aumento salarial sin admitir una inflación similar? No fue ese el único punto de fricción entre los dos contendientes y un árbitro más cerca de Titanes en el Ring que la de International Board. La misma UIA había lanzado una advertencia en la habitual reunión de Junta de los martes: las empresas no se harían cargo de un eventual pedido de traslado del pago de Ganancias que pudieran plantear los sindicalistas. La postura intentó ser una referencia a las cámaras sectoriales que son las protagonistas de unas paritarias en las que la UIA no tiene presencia formal.

Aunque tardía, a juzgar por la solución ya mencionada que le encontraron al problema algunas compañías, precisamente en el sentido contrario al postulado por la central fabril.

El intrincado procedimiento consiste en los siguientes pasos:

• El Estado cobra el impuesto a las Ganancias a los trabajadores.

• Como no actualiza el mínimo no imponible ni las escalas a los niveles correspondientes, cada vez más trabajadores son alcanzados por ese tributo.

• De esa manera, los aumentos salariales que pudieran conseguir los trabajadores, terminan siendo absorbidos por las deducciones de Ganancias, hasta en un 35% del monto de incremento.

• Para evitar esa confiscación salarial, los gremios reclaman una modificación sustancial en el mínimo no imponible y las escalas.

• Algunas empresas, más allá de las recomendaciones de la UIA, resuelven hacerse cargo de lo que el Estado le quita a los empleados de sus salarios de bolsillo.

Son los recursos a los que deben ingeniarse los equipos de la patronal y el gremialismo ante la inoperancia del árbitro. Por mucho menos, Nimo, Bracenas y Giménez debieron dejar el referato.