27 Abril 2015
El Colegio de Abogados de la Capital quiere tener acceso a las actuaciones referidas a la denuncia que presentó contra los fiscales Alejandro Noguera (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción) y Guillermo Herrera (X Nominación). “El Consejo Directivo resolvió nombrar veedores en la sesión de la semana pasada”, informó Francisco García Posse, presidente de la entidad profesional.
Todavía no se sabe quiénes serán los matriculados que ejercerán dicha función. Tampoco hubo una presentación formal de la propuesta ante Diego López Ávila, el fiscal de la IV Nominación que recibió las denuncias contra sus pares Noguera, Herrera y Arnoldo Suasnábar (VII Nominación), y el juez Juan Francisco Pisa (III Nominación). Además del Colegio, actúan como denunciantes la Unidad de Información Financiera-Justicia Federal, y los abogados Alfredo Falú, Carlos Garmendia y Julio Gerardo Valdez. García Posse recordó que su entidad intermedia puso veedores en la causa “Marchese”, por pedido de la defensa de los familiares de las víctimas Silvia Jantzon de Marchese y Domingo Marchese. Ambos fallecieron en 2006, al chocar con el auto que conducía Gustavo Jiménez, hijo de Jorge Jiménez, ministro de Economía histórico del Gobierno de José Alperovich. La instrucción de este caso estuvo en manos del fiscal Herrera, a quienes Florencia y Elina Marchese, hermanas de Domingo e hijas de Silvia, acusaron de dilatar el proceso para favorecer la prescripción. Herrera terminó pidiendo el sobreseimiento de Jiménez, requerimiento que resultó denegado (luego, el imputado ofreció suspender el juicio a prueba).
Herrera se refirió al asunto de los veedores a mediados de este mes, en la entrevista que concedió a Radio Universidad. El fiscal acusó al Colegio de Abogados de pretender atentar contra el Poder Judicial y constituirse en controlador de los jueces, y dijo que a lo sumo correspondía que nombrara veedores. El 31 de marzo, García Posse se presentó ante López Ávila y dijo que la causa “Jorrat”, que dio pie a la denuncia contra Noguera, reflejaría respecto de Herrera un patrón de conducta irregular. Según el profesional, ese modus operandi estaría presente también en las actuaciones “Teves”, “Albarracín”, “Valdez” y “Rigourd”, y consistiría en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegan a un acuerdo patrimonial.
La hipótesis de García Posse dio pie a la apertura de una auditoría en los expedientes objetados de la Fiscalía X. La semana pasada, la Corte Suprema logró tomar posesión de las causas luego de una puja con el ministro público Edmundo Jiménez, que primero se opuso a la auditoría alegando que el alto tribunal carecía de facultades para ordenarla y, luego, impidió el traslado de la documentación, y buscó restringir el alcance de la fiscalización al control de sellos, firmas y plazos, según el acta que labraron los auditores. Antes de partir a Buenos Aires, Jiménez dispuso redistribuir las actuaciones entre las fiscalías de Mariana Rivadeneira, Adriana Giannoni, María de las Mercedes Carrizo y Adriana Reinoso Cuello.
Todavía no se sabe quiénes serán los matriculados que ejercerán dicha función. Tampoco hubo una presentación formal de la propuesta ante Diego López Ávila, el fiscal de la IV Nominación que recibió las denuncias contra sus pares Noguera, Herrera y Arnoldo Suasnábar (VII Nominación), y el juez Juan Francisco Pisa (III Nominación). Además del Colegio, actúan como denunciantes la Unidad de Información Financiera-Justicia Federal, y los abogados Alfredo Falú, Carlos Garmendia y Julio Gerardo Valdez. García Posse recordó que su entidad intermedia puso veedores en la causa “Marchese”, por pedido de la defensa de los familiares de las víctimas Silvia Jantzon de Marchese y Domingo Marchese. Ambos fallecieron en 2006, al chocar con el auto que conducía Gustavo Jiménez, hijo de Jorge Jiménez, ministro de Economía histórico del Gobierno de José Alperovich. La instrucción de este caso estuvo en manos del fiscal Herrera, a quienes Florencia y Elina Marchese, hermanas de Domingo e hijas de Silvia, acusaron de dilatar el proceso para favorecer la prescripción. Herrera terminó pidiendo el sobreseimiento de Jiménez, requerimiento que resultó denegado (luego, el imputado ofreció suspender el juicio a prueba).
Herrera se refirió al asunto de los veedores a mediados de este mes, en la entrevista que concedió a Radio Universidad. El fiscal acusó al Colegio de Abogados de pretender atentar contra el Poder Judicial y constituirse en controlador de los jueces, y dijo que a lo sumo correspondía que nombrara veedores. El 31 de marzo, García Posse se presentó ante López Ávila y dijo que la causa “Jorrat”, que dio pie a la denuncia contra Noguera, reflejaría respecto de Herrera un patrón de conducta irregular. Según el profesional, ese modus operandi estaría presente también en las actuaciones “Teves”, “Albarracín”, “Valdez” y “Rigourd”, y consistiría en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegan a un acuerdo patrimonial.
La hipótesis de García Posse dio pie a la apertura de una auditoría en los expedientes objetados de la Fiscalía X. La semana pasada, la Corte Suprema logró tomar posesión de las causas luego de una puja con el ministro público Edmundo Jiménez, que primero se opuso a la auditoría alegando que el alto tribunal carecía de facultades para ordenarla y, luego, impidió el traslado de la documentación, y buscó restringir el alcance de la fiscalización al control de sellos, firmas y plazos, según el acta que labraron los auditores. Antes de partir a Buenos Aires, Jiménez dispuso redistribuir las actuaciones entre las fiscalías de Mariana Rivadeneira, Adriana Giannoni, María de las Mercedes Carrizo y Adriana Reinoso Cuello.
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