26 Abril 2015
INVESTIGADOR DE SUS PARES. Diego López Ávila en un retrato reciente. la gaceta / foto de héctor peralta
Trescientas cinco fojas tiene ya el expediente penal que sacude a la Justicia ordinaria, y que involucra a los fiscales Alejandro Noguera (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción); Guillermo Herrera (X Nominación) y Arnoldo Suasnábar (VII Nominación), y a Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción de la III Nominación. Todas esas páginas plasman las denuncias presentadas por la Unidad de Información Financiera (UIF)-Justicia Federal; el Colegio de Abogados de la Capital, y los letrados Alfredo Falú, Carlos Garmendia y Julio Gerardo Valdez. La causa asimismo incluye el escrito presentado por Noguera, uno de los magistrados denunciados.
El viernes pasado, Diego López Ávila, fiscal de la IV Nominación, dictaminó que había llegado la hora de abrir una investigación preliminar o sumaria para determinar la verosimilitud de los hechos denunciados. El fiscal, que quedó al frente del caso por orden del ministro público Edmundo Jiménez, dirigió su petición a Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción de la IV Nominación. En el mismo requerimiento, López Ávila propuso desacumular las denuncias y formar causas separadas. Si prospera esa iniciativa, Herrera sería investigado por aparte.
Según el fiscal N°4, la pesquisa sumaria o preliminar resulta necesaria para llegar a una posición sobre si corresponde o no someter a los funcionarios públicos cuestionados a la investigación jurisdiccional que ha de dirigir el juez y que es el procedimiento previsto para cuando existan obstáculos fundados en privilegios constitucionales (artículo 349 del Código Procesal Penal de Tucumán). “Como este es el caso de los sujetos denunciados, destaco que desarrollaré la actividad informativa respetando sus prerrogativas y sin afectar su inmunidad procesal”, prometió el fiscal López Ávila.
Capítulo judicial incierto
La investigación preliminar consistiría, entonces, en la producción de pruebas que permitan evaluar la calidad de las denuncias. Al respecto, cabe recordar que la UIF-Justicia Federal atribuyó a Noguera la redacción de una carta elogiosa dirigida al imputado Rubén “La Chancha” Ale supuestamente conectada al desempeño favorable a ese acusado por parte de Noguera en la causa “Jorrat”. Falú se sumó a esa presentación ,y su padre, Ricardo Falú, incriminó a Noguera, junto con Suasnábar y Pisa, por sus actuaciones en la causa “Hernando”. Garmendia denunció a Noguera, Herrera y a Pisa por su intervención en “Jorrat”. Francisco García Posse, titular del Colegio, denunció a Noguera y a Herrera también en relación con “Jorrat”, pero destacó que, respecto del fiscal N°10, ese caso revelaría un modus operandi irregular también reflejado en “Rigourd”, “Teves”, “Valdez” y “Albarracín”. Valdez, por su parte, denunció a Herrera por haberle concedido el rol de querellante en una supuesta usurpación asignada a Ángel “El Mono” Ale y, luego, haberlo llamado a declarar como imputado a instancias de Ale respecto del mismo bien y delito, cuando la primera causa ya había sido elevada a juicio oral.
El requerimiento para desacumular las denuncias (eventualmente implicaría formar al menos dos causas) junto con el pedido de visto bueno para desplegar una investigación mínima han de ser resueltos por el juez. Ello abre un capítulo judicial incierto puesto que Pérez podría inhibirse, entre otras razones, porque intervino en “Jorrat” (se opuso al pedido de sobreseimiento que formuló Herrera). Como Pisa está afuera de juego, sólo quedan disponibles para controlar a López Ávila los magistrados Mirta Lenis (V Nominación) y Alejandro Tomás (I Nominación). Pero estos dos también tendrían argumentos para retirarse de esta causa con efectos institucionales imprevisibles: Lenis actuó en “Rigourd” y Tomás, en “Valdez”.
El planteo de un eventual apartamiento de los jueces no parece ocioso puesto que las inhibiciones masivas han sido la regla cada vez que la Justicia se vio en la necesidad de investigarse a sí misma. Ello ocurrió recientemente en el caso de las denuncias contra el ex fiscal Carlos Albaca por su presunto desempeño irregular en la causa “Lebbos”: al final, el ministro Jiménez frenó la sangría de excusaciones designando en la causa a Juana Prieto, fiscala de Cámara (III Nominación). Lo mismo hizo con López Ávila respecto de la causa que involucra a los magistrados penales: tanto ese fiscal como su par Mariana Rivadeneira (I Nominación) habían rechazado el expediente. En cualquier caso, el hipotético conflicto entre los jueces Pérez, Lenis y Tomás habilitará la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, que -por ahora- integran Eudoro Albo y Liliana Vitar.
El viernes pasado, Diego López Ávila, fiscal de la IV Nominación, dictaminó que había llegado la hora de abrir una investigación preliminar o sumaria para determinar la verosimilitud de los hechos denunciados. El fiscal, que quedó al frente del caso por orden del ministro público Edmundo Jiménez, dirigió su petición a Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción de la IV Nominación. En el mismo requerimiento, López Ávila propuso desacumular las denuncias y formar causas separadas. Si prospera esa iniciativa, Herrera sería investigado por aparte.
Según el fiscal N°4, la pesquisa sumaria o preliminar resulta necesaria para llegar a una posición sobre si corresponde o no someter a los funcionarios públicos cuestionados a la investigación jurisdiccional que ha de dirigir el juez y que es el procedimiento previsto para cuando existan obstáculos fundados en privilegios constitucionales (artículo 349 del Código Procesal Penal de Tucumán). “Como este es el caso de los sujetos denunciados, destaco que desarrollaré la actividad informativa respetando sus prerrogativas y sin afectar su inmunidad procesal”, prometió el fiscal López Ávila.
Capítulo judicial incierto
La investigación preliminar consistiría, entonces, en la producción de pruebas que permitan evaluar la calidad de las denuncias. Al respecto, cabe recordar que la UIF-Justicia Federal atribuyó a Noguera la redacción de una carta elogiosa dirigida al imputado Rubén “La Chancha” Ale supuestamente conectada al desempeño favorable a ese acusado por parte de Noguera en la causa “Jorrat”. Falú se sumó a esa presentación ,y su padre, Ricardo Falú, incriminó a Noguera, junto con Suasnábar y Pisa, por sus actuaciones en la causa “Hernando”. Garmendia denunció a Noguera, Herrera y a Pisa por su intervención en “Jorrat”. Francisco García Posse, titular del Colegio, denunció a Noguera y a Herrera también en relación con “Jorrat”, pero destacó que, respecto del fiscal N°10, ese caso revelaría un modus operandi irregular también reflejado en “Rigourd”, “Teves”, “Valdez” y “Albarracín”. Valdez, por su parte, denunció a Herrera por haberle concedido el rol de querellante en una supuesta usurpación asignada a Ángel “El Mono” Ale y, luego, haberlo llamado a declarar como imputado a instancias de Ale respecto del mismo bien y delito, cuando la primera causa ya había sido elevada a juicio oral.
El requerimiento para desacumular las denuncias (eventualmente implicaría formar al menos dos causas) junto con el pedido de visto bueno para desplegar una investigación mínima han de ser resueltos por el juez. Ello abre un capítulo judicial incierto puesto que Pérez podría inhibirse, entre otras razones, porque intervino en “Jorrat” (se opuso al pedido de sobreseimiento que formuló Herrera). Como Pisa está afuera de juego, sólo quedan disponibles para controlar a López Ávila los magistrados Mirta Lenis (V Nominación) y Alejandro Tomás (I Nominación). Pero estos dos también tendrían argumentos para retirarse de esta causa con efectos institucionales imprevisibles: Lenis actuó en “Rigourd” y Tomás, en “Valdez”.
El planteo de un eventual apartamiento de los jueces no parece ocioso puesto que las inhibiciones masivas han sido la regla cada vez que la Justicia se vio en la necesidad de investigarse a sí misma. Ello ocurrió recientemente en el caso de las denuncias contra el ex fiscal Carlos Albaca por su presunto desempeño irregular en la causa “Lebbos”: al final, el ministro Jiménez frenó la sangría de excusaciones designando en la causa a Juana Prieto, fiscala de Cámara (III Nominación). Lo mismo hizo con López Ávila respecto de la causa que involucra a los magistrados penales: tanto ese fiscal como su par Mariana Rivadeneira (I Nominación) habían rechazado el expediente. En cualquier caso, el hipotético conflicto entre los jueces Pérez, Lenis y Tomás habilitará la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, que -por ahora- integran Eudoro Albo y Liliana Vitar.
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