Seis procesados más por el “Operativo Independencia”

Seis procesados más por el “Operativo Independencia”

Bejas dictaminó la falta de mérito para 11 sospechosos; el fiscal Camuña apeló la resolución respecto de dos de ellos.

26 Abril 2015
Seis ex miembros de las fuerzas se seguridad fueron procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán durante el “Operativo Independencia”. En el caso de otros 11, en cambio, se dictó la falta de mérito. El juez federal N°1, Daniel Bejas, procesó y requirió la prisión preventiva para Omar Edgardo Parada (jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28), Julio César Meroi (segundo jefe de la compañía Comunicaciones 5 de Tucumán), Rolando Rodríguez Argumedo (jefe del Regimiento de Infantería de Monte 20 de Jujuy), Enrique Bonifacio (jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato), Pedro Burtnik (oficial de Gendarmería a cargo de la custodia y traslados en la “Escuelita de Famaillá”) y Manuel Rubén Vila (integrante del SIC de la Policía).

El magistrado determinó que permanezcan bajo arresto domiciliario hasta tanto el caso llegue al Tribunal Oral Federal (TOF), lo que de acuerdo con fuentes judiciales podría suceder en la segunda mitad de este año.

Los seis imputados no habían sido sometidos a proceso hasta diciembre. En esa oportunidad, por pedido del fiscal federal N°2, Pablo Camuña -a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad-, Bejas había ordenado la detención de un grupo de 22 sospechosos.

Quienes por ahora quedaron al margen del proceso, pero seguirán siendo investigados, son: Enrique Pascual Avaca, Eduardo Alfonso Pomponio, Ángel Fassola, Domingo Miguel Cruz, Marcelino Teodoro González, Roberto Aquilino Barboza, Milagro Alberto Balderrama, Juan Carlos Ruda, Raymundo Máximo Viltes, Gustavo Roque Cordero y Medardo Roberto Naranjo.

Camuña apeló el fallo de Bejas en relación a Avaca (gendarme que, de acuerdo a la acusación, habría cumplido funciones en la “Escuelita de Famaillá”) y Pomponio (habría sido parte del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía, según la fiscalía). El fiscal había acusado a Avaca como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas agravadas en perjuicio de dos víctimas y por el homicidio calificado de una de ellas. Además, como autor material del delito de asociación ilícita agravada.

Camuña subrayó que no sólo se involucraba al sospechoso por su rango al momento de los hechos, sino porque de acuerdo a valiosos testimonios de ex gendarmes, “no sólo disponía de los prisioneros, sino que además ejercía actividades de supervisión sobre los otros gendarmes encargados de la custodia de las personas secuestradas” en el centro clandestino de “La Escuelita” de Famaillá.

En el caso de Pomponio, la acusación lo ubicaba como partícipe necesario de delitos que van desde la privación ilegítima de la libertad hasta homicidio calificado por una treintena de víctimas. Bejas consideró que, por el cargo que tenía, estaba desvinculado de la línea operativa y de mando. “El cargo que revestía el imputado no es determinante a la hora de evaluar el aporte o la eficacia del mismo, ya que el SIC era una estructura paralela a la legal, a la cual no caben aplicarle las reglas que podrían aplicársele a una estructura de poder convencional o legal”, retrucó Camuña. El fiscal pidió también que se revoque para los seis imputados el arresto domiciliario.

Los expedientes del “Operativo Independencia”, que reúne a 269 víctimas, están divididos en dos conjuntos. En el primero, ya son 17 los procesados: Mario Benjamín Menéndez, Jorge Capitán, Alberto Svendsen, Roberto Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, César Jodar, Miguel Ángel Moreno, José Luis Figueroa, Pedro Rojas, José Cuestas, Pedro López, Jorge Omar Lazarte, Enrique Del Pino, Carlos Delia Larroca, Néstor Castelli y Francisco Orce. En diciembre, Camuña pidió la elevación a juicio, que debe ser resuelta por Bejas.

El 5 de febrero de 1975, la presidenta Estela Martínez firmó el decreto que ordenaba al Ejército iniciar el “Operativo Independencia”. El plan represivo -que en 1976 se extendió al país- estuvo comandado en un inicio por Adel Vilas y luego, por Antonio Bussi. De acuerdo con la acusación fiscal, fue una “intervención masiva” de las fuerzas de seguridad en el territorio mediante un plan sistemático para exterminar a opositores con la “utilización del aparato estatal y de control social mediante el terror”.

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