Por Federico Türpe
25 Abril 2015
“El principal problema del área metropolitana de Tucumán es que los municipios y las comunas que la componen no existen”, sentenció el arquitecto y urbanista Héctor Bomba, director del Instituto de Planeamiento y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNT.
La palabra de Bomba es hoy una de las más autorizadas para opinar sobre los graves problemas que afectan a la quinta ciudad más importante de la Argentina.
Bomba coordinó un equipo interdisciplinario integrado por doce profesionales, que entre 2013 y 2014 realizaron un exhaustivo diagnóstico de la ciudad, donde se relevaron aspectos urbanísticos, demográficos, económicos, de transporte, ambientales, sociales, educativos y de infraestructura, entre otros.
En 2012, a partir de una iniciativa del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, una consultora del instituto que dirige Bomba ganó una licitación pública para realizar esta investigación, que concluyó el año pasado.
Justamente, por ser tan reciente, no se citó este trabajo en esta columna la semana pasada (LA GACETA, “Pecados Capitales”, 18/4), donde se enumeraban los estudios urbanísticos más importantes realizados en los últimos 80 años sobre el Gran Tucumán.
Las conclusiones de esta última investigación, denominada Estudio de Diagnóstico del Área Metropolitana de Tucumán (Edamet), no difieren demasiado de otros anteriores, pero tienen el valor de que sus datos están más actualizados.
Posee, además, un anexo que los otros no contemplaron, que es un diagnóstico político y legal sobre la conformación de los municipios y comunas del área metropolitana, que estuvo a cargo del constitucionalista Benito Carlos Garzón. De allí surge la sentencia de Bomba, acerca de que los municipios y comunas de esta urbe no existen, en términos de gestión urbanística y planificación territorial.
Edamet concluye que los municipios y comunas de Tucumán no son autónomos ni autárquicos, en términos de la real función administrativa, como mandan las constituciones nacional y provincial, y que, en cambio, hoy poseen un régimen “sui generis” no visto en ninguna otra provincia del país.
La semana pasada sosteníamos que desde la perspectiva de la gestión urbana real, la capital tucumana está privatizada de facto, ya que al “plan territorial”, si es que puede llamársele así, lo deciden las empresas constructoras, el mercado inmobiliario y las empresas de servicios, públicas y privadas.
“Es exactamente así” sostiene Bomba. “Un ejemplo claro es la avenida Perón, construida durante el gobierno de Ramón Ortega. Se hizo una avenida en medio de los cañaverales sólo para generar un nuevo negocio inmobiliario”, opinó.
“Los fondos municipales no serán administrados por otra autoridad que los funcionarios del municipio. (Art. 136 primera parte). Como se verá en el análisis de la legislación infraconstitucional que rige la relación provincia-municipio, tal aseveración ha sido desconocida mediante el atajo de sancionar “leyes convenio” mediante las cuales el Poder Ejecutivo administra los fondos municipales de modo no sólo de no respetar la autonomía sino de dejar también sin autarquía a los municipios”, afirma Edamet.
Es así que nuestros intendentes y delegados comunales se han convertido en meros pagadores de sueldos, con el dinero que discrecionalmente les reparte el gobernador.
Dato no menor en una provincia donde casi el 80 % de la población habita un área inferior al 10% del territorio provincial, y de ese 80% el 90% (un millón de habitantes) está en el Gran Tucumán.
El interés del Ministerio del Interior en generar planes de ordenamiento territorial se debe a la influencia que tienen estas ciudades en el resto del colectivo nacional. En Argentina existe una sola ciudad de categoría 1 (de influencia internacional), que es Buenos Aires, y sólo cuatro de categoría 2 (de influencia nacional) que son Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran Tucumán. Luego les siguen las de categoría 3 (de influencia regional) como Salta, Paraná, La Plata o Mar del Plata, por ejemplo.
En las conclusiones de Edamet se enumeran 40 problemas urgentes, divididos en ocho categorías, de acuerdo a su complejidad de resolución. En la categoría uno (los menos complejos) está, por ejemplo, la “expansión urbana sin previsiones de suelo para espacios públicos de calidad y de equipamientos (Ausencia de centralidad)”. De categoría dos, la “delimitación de los términos de administración local disfuncionales”. En la tres, “contaminación hídrica superficial y subterránea”. En la categoría cuatro, “desconexión viaria perimetral en el área metropolitana”; “fuerte centralización de la oferta de bienes y servicios en el municipio capital”; o “disfuncionalidad de los viarios troncales”.
En los de complejidad cinco algunos son: “inundación y anegamiento de áreas urbanas”; “contaminación atmosférica”; “vulnerabilidad ambiental de los asentamientos informales”, “gestión urbana descoordinada e ineficiente”; débil accionar estatal en la planificación económica urbana”; “debilidad de la institución municipal”; o “excesiva centralización de poder político en la provincia”.
En las categorías seis y siete encontramos, por ejemplo, “inseguridad vial y baja calidad de información de tránsito en los accesos al área metropolitana”; “contaminación y degradación de cauces y canales por efluentes urbanos e industriales”; “situación crítica de la calidad constructiva de las viviendas”; o “desigual e ineficiente accesibilidad a los servicios sanitarios básicos”.
En la última categoría, se enumeran “pérdida de calidad paisajística; “estado deficiente de ríos y arroyos, por degradación de las riberas”; “transporte público metropolitano sin concertación”; “vinculación tecnológica no articulada entre las universidades y el sistema productivo local”; y “ocupación urbana con promociones del Estado en suelos no aptos para urbanizar”.
Después hay una lista de “problemas emergentes”, que son los nuevos inconvenientes que se están generando a causa de los “urgentes” que no se solucionan, como por ejemplo, más basurales, más accidentes, aumento de la inseguridad o desigualdad de derechos de los vecinos según el lugar de residencia.
Es decir, estamos ante una ciudad que no para de crecer caóticamente, cada vez con más problemas, con una bajísima calidad de vida e institucional, con un Estado ausente y una gestión urbana cedida al libre mercado. Una bomba de tiempo que si bien no será fácil desactivar, al menos deberíamos empezar por dejar de agregarle pólvora.
La palabra de Bomba es hoy una de las más autorizadas para opinar sobre los graves problemas que afectan a la quinta ciudad más importante de la Argentina.
Bomba coordinó un equipo interdisciplinario integrado por doce profesionales, que entre 2013 y 2014 realizaron un exhaustivo diagnóstico de la ciudad, donde se relevaron aspectos urbanísticos, demográficos, económicos, de transporte, ambientales, sociales, educativos y de infraestructura, entre otros.
En 2012, a partir de una iniciativa del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, una consultora del instituto que dirige Bomba ganó una licitación pública para realizar esta investigación, que concluyó el año pasado.
Justamente, por ser tan reciente, no se citó este trabajo en esta columna la semana pasada (LA GACETA, “Pecados Capitales”, 18/4), donde se enumeraban los estudios urbanísticos más importantes realizados en los últimos 80 años sobre el Gran Tucumán.
Las conclusiones de esta última investigación, denominada Estudio de Diagnóstico del Área Metropolitana de Tucumán (Edamet), no difieren demasiado de otros anteriores, pero tienen el valor de que sus datos están más actualizados.
Posee, además, un anexo que los otros no contemplaron, que es un diagnóstico político y legal sobre la conformación de los municipios y comunas del área metropolitana, que estuvo a cargo del constitucionalista Benito Carlos Garzón. De allí surge la sentencia de Bomba, acerca de que los municipios y comunas de esta urbe no existen, en términos de gestión urbanística y planificación territorial.
Edamet concluye que los municipios y comunas de Tucumán no son autónomos ni autárquicos, en términos de la real función administrativa, como mandan las constituciones nacional y provincial, y que, en cambio, hoy poseen un régimen “sui generis” no visto en ninguna otra provincia del país.
La semana pasada sosteníamos que desde la perspectiva de la gestión urbana real, la capital tucumana está privatizada de facto, ya que al “plan territorial”, si es que puede llamársele así, lo deciden las empresas constructoras, el mercado inmobiliario y las empresas de servicios, públicas y privadas.
“Es exactamente así” sostiene Bomba. “Un ejemplo claro es la avenida Perón, construida durante el gobierno de Ramón Ortega. Se hizo una avenida en medio de los cañaverales sólo para generar un nuevo negocio inmobiliario”, opinó.
“Los fondos municipales no serán administrados por otra autoridad que los funcionarios del municipio. (Art. 136 primera parte). Como se verá en el análisis de la legislación infraconstitucional que rige la relación provincia-municipio, tal aseveración ha sido desconocida mediante el atajo de sancionar “leyes convenio” mediante las cuales el Poder Ejecutivo administra los fondos municipales de modo no sólo de no respetar la autonomía sino de dejar también sin autarquía a los municipios”, afirma Edamet.
Es así que nuestros intendentes y delegados comunales se han convertido en meros pagadores de sueldos, con el dinero que discrecionalmente les reparte el gobernador.
Dato no menor en una provincia donde casi el 80 % de la población habita un área inferior al 10% del territorio provincial, y de ese 80% el 90% (un millón de habitantes) está en el Gran Tucumán.
El interés del Ministerio del Interior en generar planes de ordenamiento territorial se debe a la influencia que tienen estas ciudades en el resto del colectivo nacional. En Argentina existe una sola ciudad de categoría 1 (de influencia internacional), que es Buenos Aires, y sólo cuatro de categoría 2 (de influencia nacional) que son Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran Tucumán. Luego les siguen las de categoría 3 (de influencia regional) como Salta, Paraná, La Plata o Mar del Plata, por ejemplo.
En las conclusiones de Edamet se enumeran 40 problemas urgentes, divididos en ocho categorías, de acuerdo a su complejidad de resolución. En la categoría uno (los menos complejos) está, por ejemplo, la “expansión urbana sin previsiones de suelo para espacios públicos de calidad y de equipamientos (Ausencia de centralidad)”. De categoría dos, la “delimitación de los términos de administración local disfuncionales”. En la tres, “contaminación hídrica superficial y subterránea”. En la categoría cuatro, “desconexión viaria perimetral en el área metropolitana”; “fuerte centralización de la oferta de bienes y servicios en el municipio capital”; o “disfuncionalidad de los viarios troncales”.
En los de complejidad cinco algunos son: “inundación y anegamiento de áreas urbanas”; “contaminación atmosférica”; “vulnerabilidad ambiental de los asentamientos informales”, “gestión urbana descoordinada e ineficiente”; débil accionar estatal en la planificación económica urbana”; “debilidad de la institución municipal”; o “excesiva centralización de poder político en la provincia”.
En las categorías seis y siete encontramos, por ejemplo, “inseguridad vial y baja calidad de información de tránsito en los accesos al área metropolitana”; “contaminación y degradación de cauces y canales por efluentes urbanos e industriales”; “situación crítica de la calidad constructiva de las viviendas”; o “desigual e ineficiente accesibilidad a los servicios sanitarios básicos”.
En la última categoría, se enumeran “pérdida de calidad paisajística; “estado deficiente de ríos y arroyos, por degradación de las riberas”; “transporte público metropolitano sin concertación”; “vinculación tecnológica no articulada entre las universidades y el sistema productivo local”; y “ocupación urbana con promociones del Estado en suelos no aptos para urbanizar”.
Después hay una lista de “problemas emergentes”, que son los nuevos inconvenientes que se están generando a causa de los “urgentes” que no se solucionan, como por ejemplo, más basurales, más accidentes, aumento de la inseguridad o desigualdad de derechos de los vecinos según el lugar de residencia.
Es decir, estamos ante una ciudad que no para de crecer caóticamente, cada vez con más problemas, con una bajísima calidad de vida e institucional, con un Estado ausente y una gestión urbana cedida al libre mercado. Una bomba de tiempo que si bien no será fácil desactivar, al menos deberíamos empezar por dejar de agregarle pólvora.
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