El Ministerio Público entregó los casos objetados de Herrera

A las 11.30 ingresó al estacionamiento del Palacio de Justicia el auto negro que trasladaba a los auditores que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y a una serie de causas cuestionadas del fiscal Guillermo Herrera (X Nominación). De esta forma concluyó la puja que sostuvieron el alto tribunal y el ministro público Edmundo Jiménez por la custodia de las causas que objetó el Colegio de Abogados de la Capital en una denuncia penal. Ese enfrentamiento institucional, que se prolongó durante 10 días, comenzó el 14 de abril, cuando Antonio Gandur, presidente de la Corte, ordenó la apertura de una auditoría en las actuaciones “Teves”, “Albarracín”, “Jorrat”, “Rigourd” y “Valdez”.

Los auditores rastrearon los expedientes cuestionados en las distintas fiscalías a los que estos fueron a parar como consecuencia de la redistribución que dispuso Jiménez (ver texto vinculado). Dicha medida del Ministerio Público Fiscal y Pupilar colisionó con la disposición de la CSJT en pleno, que este jueves exigió a Jiménez y al fiscal N°10 que pusiesen a disposición los papeles. Aquella instrucción debía cumplirse en un plazo de cuatro horas a partir de la notificación de la acordada correspondiente; en el ínterin, Herrera comunicó a la CSJT que ya no tenía las causas.

Con las actuaciones en el Palacio de Justicia, este viernes finalmente prosiguió la fiscalización encargada a los auditores Agustín Ladetto y Mariana Tasquer, y al jefe de ambos, Luis Lezana Flores. La auditoría había quedado en suspenso hace una semana: en el primer contacto con la Fiscalía X, los auditores se encontraron con que el Ministerio Público se oponía al traslado de los expedientes. Entonces, los funcionarios designados por la CSJT se retiraron de la oficina alegando que no podían practicar el control en el ámbito físico del funcionario auditado. Además, esgrimieron la necesidad de sacar copias de los papeles, cuya compulsa es de importancia capital tanto para la fiscalización administrativa que dispuso la CSJT como para la investigación penal a cargo del fiscal Diego López Ávila. Esa causa acumula un conjunto de denuncias (entre ellas la del Colegio de Abogados) contra los fiscales Alejandro Noguera y Herrera, y el juez Juan Francisco Pisa. Un testimonio agregado al caso incrimina asimismo al fiscal Arnoldo Suasnábar.

26/2/2015.- La Justicia Federal remite a los Tribunales ordinarios una denuncia de la Unidad de Información Financiera. Dicha presentación atribuye a Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, una carta elogiosa dirigida al imputado Rubén “La Chancha” Ale y la conecta con la causa “Jorrat”. Ese mismo día, Alfredo Falú, abogado querellante en dicho expediente, presenta su propia denuncia contra Noguera.

2/3/15.- Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, denuncia a Noguera, al fiscal Guillermo Herrera y al juez Juan Francisco Pisa. Dos días después, el Colegio de Abogados de la Capital denuncia a Noguera y a Herrera.

31/3/15.- Francisco García Posse, titular del Colegio, declara que el desempeño de los fiscales en “Jorrat” revelaría un patrón de conducta irregular, y que, respecto de Herrera, ese modus operandi estaría presente también en “Rigourd”, “Valdez”, “Teves” y “Albarracín”.

14/4/15.- Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema, ordena la apertura de una auditoría en las causas objetadas por el Colegio de Abogados.

21/4/15.- Frente a la oposición del ministro público Edmundo Jiménez, la Corte en pleno ratifica la decisión de auditar los casos polémicos de Herrera.

22/4/15.- Un acta labrada por los auditores indica que Jiménez había intentado establecer los límites de la fiscalización. “Si leen los expedientes, podrían tener problemas”, advirtió Jiménez, según el acta.

23/4/15.- La Corte en pleno ratifica por segunda vez la auditoría, y da cuatro horas a Jiménez y a Herrera para que entreguen la documentación. Ese día, Herrera informa al alto tribunal que las causas ya no están en su poder.

“RIGOURD”

Fiscalía de la I Nominación - MARIANA RIVADENEIRA

En esta investigación de una supuesta estafa reiterada de más de $ 200 millones, el fiscal Guillermo Herrera consiguió la detención de los empresarios Jorge Rigourd y Hugo Rubén Sánchez. Luego, requirió la prisión preventiva de los acusados. El 17 de diciembre de 2014, la jueza Mirta Lenis de Vera denegó ese pedido y amonestó al fiscal: “su actividad en la presente investigación se limitó a reunir presentaciones efectuadas por posibles damnificados (...). Hasta el pedido de la prisión preventiva, no llevó a cabo ninguna diligencia investigativa de utilidad a los fines de reforzar su hipótesis acusatoria (...). Herrera exhorbitó su función, y la direccionó principalmente a la obtención de medidas cautelares de índole civil perdiendo así de vista la naturaleza de un proceso penal”.

“JORRAT”

Fiscalía de la VI Nominación - ADRIANA REINOSO CUELLO

Esta supuesta usurpación con amenazas de muerte, robo, etcétera, “revivió” a partir de la carta elogiosa dirigida a Rubén “La Chancha” Ale que la Justicia Federal halló en el domicilio de este y cuya redacción es atribuida a Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción -fue el primer juez denunciado en la pesquisa que dirige Diego López Ávila-. En “Jorrat”, el fiscal Guillermo Herrera obtuvo la detención y la prisión preventiva de Ale y de Daniel Felipe Jorrat, pero perdió interés en la investigación cuando los imputados y las víctimas llegaron a un acuerdo económico. En 2014, el fiscal solicitó el sobreseimiento con el argumento de que no había elementos para sostener una acusación, pese al centenar de pruebas existente contra los acusados.

“TEVES” Y “ALBARRACÍN”

Fiscalía de la VIII Nominación - ADRIANA GIANNONI

El fiscal Guillermo Herrera logró la detención y el dictado de la prisión preventiva contra Roxana Teves, su hijo, su hija y su nuera por la supuesta organización de una asociación ilícita para secuestrar a Augusto Vito Severini, que ya estaba muerto, y robarle los bienes. En la cárcel, Teves, que antes había negado los delitos que le imputaban, renunció a todas las pretensiones económicas sobre un patrimonio de más de $ 20 millones. Luego, recobró la libertad aunque sigue imputada. Miguel Albarracín es un carpintero que hizo trabajos para Teves y Severini, y que se presentó en sede civil para cobrar $ 100.000. Herrera pidió y consiguió su detención, y secuestró el mobiliario que este había fabricado. Recientemente, Albarracín desistió de reclamar el pago por la vía judicial.

“VALDEZ”

Fiscalía de la IX Nominación - MARÍA DE LAS MERCEDES CARRIZO

En 2011, el fiscal Guillermo Herrera concedió al abogado Julio Gerardo Valdez el carácter de querellante por otra supuesta usurpación cometida por un Ale, en este supuesto Ángel “El Mono” Ale. En 2014, el fiscal citó a Valdez a declarar como imputado en un caso iniciado por “El Mono” Ale respecto de la misma propiedad y delito que había denunciado el abogado. Herrera incluso pidió la detención de Valdez, pese a que la causa original fue elevada a juicio por la fiscala María de las Mercedes Carrizo. Además, el fiscal N°10 requirió la restitución a “El Mono” Ale de la propiedad poseída por Valdez. Según este, Herrera “perdió interés” en el caso cuando la Justicia Federal empezó a perseguir a los Ale por el supuesto lavado de activos que denunció Susana Trimarco.