24 Abril 2015
LA GACETA
Este mañana, los auditores designados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán consiguieron hacerse de los expedientes objetados de la fiscalía a cargo de Guillermo Herrera. La documentación, que ya se encuentra en poder del máximo tribunal de justicia, habia sido enviada a distintas fiscalías, luego de que el Ministerio Público dispusiera esa distribución.
De ahora en más, podrá concretarse la orden emanada por la Corte. La auditoría fue ordenada el 14 de abril pasado por medio de una resolución de Antonio Gandur, presidente del alto tribunal. La fiscalización, que tropezó con diferentes escollos, está ligada a una hipótesis penal del Colegio de Abogados. El 31 de marzo, Francisco García Posse, presidente de esa entidad, dijo al fiscal Diego López Ávila que las actuaciones de Herrera en “Teves”, “Albarracín”, “Valdez”, “Rigourd” y “Jorrat” reflejarían el mismo patrón de conducta irregular.
El martes, con el voto de los cinco miembros del estrado (Antonio Gandur -titular-, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse) quedó ratificada la orden emitida el 14 de abril pasado de fiscalizar al Ministerio Público Fiscal y Pupilar, a cargo de Edmundo Jiménez.
Dicha resolución, que había sido adoptada solamente por el presidente Gandur, se topó con la resistencia de Jiménez. Según la decisión de la CSJT (Acordada 353/15), el ministro público y jefe de Herrera había dicho que la facultad de superintendencia sobre el Ministerio Público le pertenecía a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Tribunales del año pasado. Al respecto, la Corte recordó que el artículo 121 de la Constitución de Tucumán le había otorgado a ella la potestad para ejercer la fiscalización de la Administración de Justicia.
La decisión de la Corte se basa en las denuncias contra los fiscales Alejandro Noguera y Herrera, y el juez Juan Francisco Pisa que presentaron la Unidad de Información Financiera, el Colegio de Abogados de la Capital, y los letrados Alfredo Falú y Carlos Garmendia.
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