24 Abril 2015
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), con el voto de sus cinco miembros, dio cuatro horas al ministro público Edmundo Jiménez y al fiscal Guillermo Herrera (X Nominación) para que pongan a disposición las actuaciones cuestionadas por el Colegio de Abogados de la Capital. Pese a lo perentorio del plazo, la Acordada 363 emitida ayer se topó con un nuevo “pero”: al mediodía, Herrera notificó al alto tribunal que las causas demandadas ya no estaban en su poder. “El fiscal dijo que el ministro público había resuelto sacárselas y redistribuirlas entre las otras fiscalías”, confirmó Antonio Gandur, presidente de la CSJT.
El magistrado explicó anoche que, frente a esta nueva circunstancia, dispuso que los auditores rastreen las actuaciones por las distintas dependencias del Ministerio Público. “Durante la tarde no hubo novedades”, dijo Gandur.
En la mañana de ayer, los vocales de la CSJT expresaron que de la lectura del acta labrada por los auditores (ver texto vinculado) se advertía la imposibilidad de cumplimiento a lo expresamente dispuesto en la Acordada 353, que ratificó la fiscalización ordenada por Gandur el 14 de abril. “Se torna imposible la auditoría dispuesta toda vez que se pretende limitar la actuación (de los auditores) a las firmas, sellos y plazos”, dijeron el presidente, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse en la Acordada 363. Dicha resolución es la segunda que la CSJT en pleno emite en las últimas 48 horas para destrabar la fiscalización de actuaciones objetadas del fiscal Herrera.
“Con respecto a las expresiones del ministro público en el sentido de recomendar a los auditores ‘mucho cuidado y que podrían tener problemas’, cabe recordar que el Cuerpo de Auditores actúa por delegación del ejercicio de las facultades de superintendencia de este alto tribunal”, afirmaron Gandur, Goane, Estofán, Sbdar y Posse. Y añadieron: “por tal razón, esta Corte ratifica su decisión de realizar la auditoría dispuesta, contando los auditores con todas las garantías necesarias para el cumplimiento de su función”.
El magistrado explicó anoche que, frente a esta nueva circunstancia, dispuso que los auditores rastreen las actuaciones por las distintas dependencias del Ministerio Público. “Durante la tarde no hubo novedades”, dijo Gandur.
En la mañana de ayer, los vocales de la CSJT expresaron que de la lectura del acta labrada por los auditores (ver texto vinculado) se advertía la imposibilidad de cumplimiento a lo expresamente dispuesto en la Acordada 353, que ratificó la fiscalización ordenada por Gandur el 14 de abril. “Se torna imposible la auditoría dispuesta toda vez que se pretende limitar la actuación (de los auditores) a las firmas, sellos y plazos”, dijeron el presidente, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse en la Acordada 363. Dicha resolución es la segunda que la CSJT en pleno emite en las últimas 48 horas para destrabar la fiscalización de actuaciones objetadas del fiscal Herrera.
“Con respecto a las expresiones del ministro público en el sentido de recomendar a los auditores ‘mucho cuidado y que podrían tener problemas’, cabe recordar que el Cuerpo de Auditores actúa por delegación del ejercicio de las facultades de superintendencia de este alto tribunal”, afirmaron Gandur, Goane, Estofán, Sbdar y Posse. Y añadieron: “por tal razón, esta Corte ratifica su decisión de realizar la auditoría dispuesta, contando los auditores con todas las garantías necesarias para el cumplimiento de su función”.
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