La Corte emplazó al fiscal Herrera a entregar las causas objetadas, pero este ya no las tenía

El acceso a las actuaciones del fiscal Guillermo Herrera (X Nominación) cuestionadas por el Colegio de Abogados de la Capital supuso un traspié tras otro para los auditores designados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Las restricciones impuestas quedaron documentadas en el acta que este miércoles labraron los funcionarios judiciales Agustín Ladetto, Mariana Tasquer y Luis Lezana Flores, y que lleva la firma de Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la CSJT. “El ministro público (Edmundo Jiménez) nos dijo que si leíamos los expedientes, podríamos tener problemas”, expresa el documento rubricado por los fedatarios (ver imagen).

Los auditores manifestaron que Jiménez irrumpió en la oficina del fuero penal en la que estaban trabajando en compañía de la secretaria María del Carmen Veiga y del relator Néstor Rafael Macoritto. En el acta consta que, en ese momento, los funcionarios de la Corte estaban analizando el caso de Roxana Teves. “(Jiménez) nos comunicó que él era el veedor de la auditoría de acuerdo con la Acordada 643/2012 (...) y que tuviésemos en cuenta que no podíamos inmiscuirnos en cuestiones jurisdiccionales, que abarcan leer escritos presentados por los letrados, declaraciones de las partes y resoluciones de los magistrados”, precisaron.

Lezana Flores (jefe del Cuerpo de Auditores Penales), Tasquer y Ladetto afirmaron que, según el superior de Herrera, la auditoría debía circunscribirse al control de las firmas, sellos y plazos. “Ante esta circunstancia, pusimos a su conocimiento que no estábamos haciendo una auditoría preventiva sino una de reacción inmediata, y que, por ende, estábamos facultados a compulsar el expediente completo. Pero Jiménez volvió a insistir”, describieron los funcionarios.

Entonces y siempre en función del acta, Tasquer hizo notar al ministro que surgía el inconveniente de que el apoderado de la querella en la causa “Teves” sería su hijo Edmundo Javier Jiménez. “Preguntado el ministro si, como consecuencia de tal situación, procedería a inhibirse de actuar, (este) contesta que no; que dicha circunstancia no tenía relevancia y que también constituía un tema jurisdiccional ajeno a nuestra competencia”, relataron.

La hipótesis del Colegio

La auditoría en cuestión fue ordenada el 14 de abril pasado por medio de una resolución de Antonio Gandur, presidente del alto tribunal. La fiscalización, que tropezó con diferentes escollos (ver texto vinculado), está ligada a una hipótesis penal del Colegio de Abogados. El 31 de marzo, Francisco García Posse, presidente de esa entidad, dijo al fiscal Diego López Ávila que las actuaciones de Herrera en “Teves”, “Albarracín”, “Valdez”, “Rigourd” y “Jorrat” reflejarían el mismo patrón de conducta irregular.

Ese modus operandi consistiría, según García Posse, en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial.

La denuncia del Colegio integra la serie de acusaciones que alcanza a los fiscales Alejandro Noguera y Herrera, y al juez Juan Francisco Pisa. Un testimonio agregado a la causa incrimina asimismo al fiscal Arnoldo Suasnábar.

“JORRAT”.- Esa investigación de una supuesta usurpación con amenazas de muerte, robo, etcétera, “revivió” a partir de la carta elogiosa dirigida a Rubén “La Chancha” Ale que la Justicia Federal halló en el domicilio de este y cuya redacción es atribuida a Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones. En “Jorrat”, Herrera obtuvo la detención y la prisión preventiva de Ale y de Daniel Felipe Jorrat, pero perdió interés en la investigación cuando los imputados y las víctimas llegaron a un acuerdo económico.

“VALDEZ”.- Herrera concedió al abogado Julio G. Valdez el carácter de querellante por otra supuesta usurpación cometida por un Ale, en este supuesto Ángel “El Mono” Ale. En 2014, el fiscal citó a Valdez a declarar como imputado en un caso iniciado por “El Mono” Ale respecto de la misma propiedad y delito que había denunciado el abogado. Herrera incluso pidió la detención de Valdez, pese a que la causa original fue elevada a juicio.

“RIGOURD”.- En este caso, Herrera fue cuestionado por Mirta Lenis de Vera, al denegar el pedido de prisión preventiva contra Jorge Rigourd y Hugo Rubén Sánchez, respectivos dueño y accionista de Cofin SA. “Herrera exhorbitó su función y la direccionó principalmente a la obtención de medidas cautelares de índole civil perdiendo así de vista la naturaleza de un proceso penal”, juzgó la magistrada.

“TEVES” Y “ALBARRACÍN”.- El fiscal Herrera logró la detención y el dictado de la prisión preventiva contra Roxana Teves, su hijo, su hija y su nuera por la supuesta organización de una asociación ilícita para secuestrar a Augusto Vito Severini, que ya estaba muerto, y robarle los bienes. En la cárcel, Teves, que antes había negado los delitos que le imputaban, renunció a todas las pretensiones económicas sobre un patrimonio de más de $ 20 millones. Luego, recobró la libertad aunque sigue imputada. Miguel Albarracín es un carpintero que hizo trabajos para Teves y Severini, y que se presentó en sede civil para cobrar $ 100.000. Sin embargo, Herrera pidió y consiguió su detención, y le secuestró el mobiliario que este había fabricado. Recientemente, Albarracín desistió de reclamar el pago por la vía judicial.