18 Abril 2015
PRUEBAS. El fiscal López Ávila (de traje) supervisó las pericias científicas que se realizaron en El Cadillal. LA GACETA / FOTO DE inés quinteros orio (ARCHIVO)
El fiscal de Instrucción de la IV Nominación, Diego López Ávila se refirió ayer a la recusación que presentó en contra suya el abogado Juan Carlos Nacul, defensor de Roberto Luis Gómez, quien es único imputado por el homicidio de Paulina Lebbos.
Este planteo de Nacul, en el que sostiene que López Ávila prejuzgó a su cliente, deberá ser analizado por el juez de Instrucción de la IV° Nominación, Víctor Manuel Pérez, quien también tendrá que valorar si las pruebas aportadas por el fiscal tienen el sustento necesario para que la causa llegue a un debate oral. “Se alega que hubo un prejuzgamiento de mi parte cuando mi función es reunir pruebas fundadas para a una acusación o a un sobreseimiento por formar del proceso de instrucción. Es el juez quien debe ser imparcial sobre el análisis de esas pruebas. Un fiscal no puede ser imparcial como sí lo debe ser un juez de garantía”, puntualizó el fiscal.
En este sentido López Ávila recordó que la mayoría de los planteos presentados por los defensores de los imputados fueron rechazados por los jueces que tuvieron que analizar sus presentaciones. “El fin que persigue esta recusación es apartarme de este proceso para retrotraerlo a la instancia anterior al requerimiento de elevación a juicio. De igual modo, todos estos planteos forman parte de las estrategias defensivas y será el juez (Pérez) quien las resuelva”, concluyó López Ávila.
La verdadera finalidad
Por su parte, el abogado Emilio Mrad, que representa a Alberto Lebbos, padre de Paulina, remarcó que los planteos formulados por los defensores de Gómez y del ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella son extemporáneas. “Si consideraban que había pruebas o medidas que eran necesarias producir para la defensa de sus clientes y el fiscal, en discordancia con ellos, las había desestimado; tendrían que haber recurrido al juez para que sea él quien evaluase si era necesario realizarlas. Nosotros apoyamos la investigación de la fiscalía”, subrayó.
Sumado a esto, agregó: “en la recusación contra López Ávila, como en todos los planteos presentados por el doctor Nacul, figura el pedido de excarcelación de Gómez, que considero que es la verdadera finalidad de sus requerimientos, a pesar de que la prisión preventiva es confirmada por un juez”.
El abogado Dante Sarmiento, defensor de Di Lella, explicó que en su presentación ante el juez Pérez remarcó varias falencias en la investigación realizada por López Ávila. “Mi defendido recibió una orden directa de (Pablo) Baillo para que fuera a Raco en donde se había encontrado el cuerpo de Paulina. Baillo era el ministro de Seguridad en ese momento y en su declaración testimonial remarcó que tenía una relación exclusivamente laboral con Di Lella. Es decir que mi defendió estaba cumpliendo una orden. Pero López Ávila no lo indagó en profundidad (a Baillo) acerca de lo que le dijo a mi cliente en las cinco conversaciones telefónicas que mantuvieron ese día. No entiendo por qué el fiscal investigó el supuesto encubrimiento sólo hasta Di Lella”, subrayó.
En este mismo sentido se refirió a la indagatoria al fiscal de la Cámara de Apelaciones Alejandro Noguera, quien fue primer fiscal de la causa Lebbos. “López Ávila le hizo preguntas superficiales cuando, en realidad, él era la máxima autoridad en el lugar en donde se encontró a Paulina y debió ordenar que se tomaran todas las medidas que consideraba necesarias para resguardar el lugar. Además, mintió cuando declaró que Di Lella le dijo que movieran el cuerpo. Noguera faltó a la verdad”, remarcó Sarmiento.
Este planteo de Nacul, en el que sostiene que López Ávila prejuzgó a su cliente, deberá ser analizado por el juez de Instrucción de la IV° Nominación, Víctor Manuel Pérez, quien también tendrá que valorar si las pruebas aportadas por el fiscal tienen el sustento necesario para que la causa llegue a un debate oral. “Se alega que hubo un prejuzgamiento de mi parte cuando mi función es reunir pruebas fundadas para a una acusación o a un sobreseimiento por formar del proceso de instrucción. Es el juez quien debe ser imparcial sobre el análisis de esas pruebas. Un fiscal no puede ser imparcial como sí lo debe ser un juez de garantía”, puntualizó el fiscal.
En este sentido López Ávila recordó que la mayoría de los planteos presentados por los defensores de los imputados fueron rechazados por los jueces que tuvieron que analizar sus presentaciones. “El fin que persigue esta recusación es apartarme de este proceso para retrotraerlo a la instancia anterior al requerimiento de elevación a juicio. De igual modo, todos estos planteos forman parte de las estrategias defensivas y será el juez (Pérez) quien las resuelva”, concluyó López Ávila.
La verdadera finalidad
Por su parte, el abogado Emilio Mrad, que representa a Alberto Lebbos, padre de Paulina, remarcó que los planteos formulados por los defensores de Gómez y del ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella son extemporáneas. “Si consideraban que había pruebas o medidas que eran necesarias producir para la defensa de sus clientes y el fiscal, en discordancia con ellos, las había desestimado; tendrían que haber recurrido al juez para que sea él quien evaluase si era necesario realizarlas. Nosotros apoyamos la investigación de la fiscalía”, subrayó.
Sumado a esto, agregó: “en la recusación contra López Ávila, como en todos los planteos presentados por el doctor Nacul, figura el pedido de excarcelación de Gómez, que considero que es la verdadera finalidad de sus requerimientos, a pesar de que la prisión preventiva es confirmada por un juez”.
El abogado Dante Sarmiento, defensor de Di Lella, explicó que en su presentación ante el juez Pérez remarcó varias falencias en la investigación realizada por López Ávila. “Mi defendido recibió una orden directa de (Pablo) Baillo para que fuera a Raco en donde se había encontrado el cuerpo de Paulina. Baillo era el ministro de Seguridad en ese momento y en su declaración testimonial remarcó que tenía una relación exclusivamente laboral con Di Lella. Es decir que mi defendió estaba cumpliendo una orden. Pero López Ávila no lo indagó en profundidad (a Baillo) acerca de lo que le dijo a mi cliente en las cinco conversaciones telefónicas que mantuvieron ese día. No entiendo por qué el fiscal investigó el supuesto encubrimiento sólo hasta Di Lella”, subrayó.
En este mismo sentido se refirió a la indagatoria al fiscal de la Cámara de Apelaciones Alejandro Noguera, quien fue primer fiscal de la causa Lebbos. “López Ávila le hizo preguntas superficiales cuando, en realidad, él era la máxima autoridad en el lugar en donde se encontró a Paulina y debió ordenar que se tomaran todas las medidas que consideraba necesarias para resguardar el lugar. Además, mintió cuando declaró que Di Lella le dijo que movieran el cuerpo. Noguera faltó a la verdad”, remarcó Sarmiento.
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