Por LA GACETA
28 Marzo 2015
No es que reparticiones del Estado como Rentas, el Registro Civil, la Anses, el Archivo General de la Provincia, la Policía (certificado de buena conducta) o el Subsidio de Salud o varios bancos gocen precisamente de popularidad. Basta una recorrida diaria en las primeras horas de la mañana para verlas. Ancianos, madres con niños, jóvenes, adultos las padecen, en algunos casos, desde la madrugada. Suelen ser sinónimo de la indignidad, de comunidades con un pronunciado atraso cultural y educativo, que les faltan el respeto al ciudadano, sometiéndolo a hacer colas hasta para el trámite más sencillo.
Con cierta frecuencia, los lectores, en particular los mayores, expresan su queja en nuestra sección Cartas. El 25/3, Ángel Salguero apuntó sus dardos al Subsidio de Salud: “En el hall de entrada de calle Las Piedras, los tres ascensores están fuera de servicio desde hace más de cinco años... En el interior existen otros tres ascensores y sólo funciona uno, lo que ocasiona largas colas que provocan enojos y obliga a centenas de personas a usar las escaleras sin importar que se trate de ancianos, discapacitados, embarazadas, madres con hijos en sus brazos y hasta los mismos empleados. En el salón de atención al público, donde a diario concurren cientos de personas haciendo interminables colas para un trámite que dura un par de minutos... han desaparecido los dispensers con agua mineral. En los días de calor no funciona el aire acondicionado y cuando llegan los meses de frío no hay calefacción; el único baño para ambos sexos, instalado en la playa de estacionamiento de Las Piedras, es tan pequeño e insalubre que debería ser clausurado”.
El 26/3, Dante Diambra Caporaletti, nuestro decano escritor de cartas, de 90 años, expresó: “Me permito aportar algunas sugerencias que tal vez ayuden a mitigar el problema. La primera de ellas, que ya se usa en algunos casos, para las personas que disponen de cuentas corrientes o cajas de ahorro en algún banco, consistiría en autorizar formalmente al acreedor, en el caso de pagos de servicios, impuestos y tasas, a debitar directamente de dichas cuentas e importe adeudado, comunicándolo al banco y enviando al deudor la factura y el correspondiente recibo para que este pueda controlar sus saldos. Otro camino sería liberar a las sufridas víctimas de las colas de esta obligación, en el caso de ser mayores de 70 años, con la simple presentación en ventanilla del DNI”.
En mayo pasado, el defensor del Pueblo lanzó la iniciativa “Trato digno” y anunció que enviaría una carta compromiso a todos los organismos públicos o privados que tuvieran atención al público invitándolos a adherirse a una campaña, cuyo objeto era minimizar los tiempos de espera en fila y mejorar la relación entre las organizaciones y el ciudadano. Propuso también que se elaborara un proyecto legislativo para que se pudieran sancionar acciones que configurarían una “práctica abusiva” y contraria al “trato digno” de usuarios y consumidores en locales de acceso al público.
Ha transcurrido casi un año desde entonces y parece que ninguno de los destinatarios del defensor se ha dado por aludido, a juzgar por la realidad. Si la clase gobernante, los magistrados judiciales y los banqueros se ejercitaran diariamente durante dos meses en esta práctica, tal vez se apiadarían de sus representados y no harían oídos sordos al trato digno.
Con cierta frecuencia, los lectores, en particular los mayores, expresan su queja en nuestra sección Cartas. El 25/3, Ángel Salguero apuntó sus dardos al Subsidio de Salud: “En el hall de entrada de calle Las Piedras, los tres ascensores están fuera de servicio desde hace más de cinco años... En el interior existen otros tres ascensores y sólo funciona uno, lo que ocasiona largas colas que provocan enojos y obliga a centenas de personas a usar las escaleras sin importar que se trate de ancianos, discapacitados, embarazadas, madres con hijos en sus brazos y hasta los mismos empleados. En el salón de atención al público, donde a diario concurren cientos de personas haciendo interminables colas para un trámite que dura un par de minutos... han desaparecido los dispensers con agua mineral. En los días de calor no funciona el aire acondicionado y cuando llegan los meses de frío no hay calefacción; el único baño para ambos sexos, instalado en la playa de estacionamiento de Las Piedras, es tan pequeño e insalubre que debería ser clausurado”.
El 26/3, Dante Diambra Caporaletti, nuestro decano escritor de cartas, de 90 años, expresó: “Me permito aportar algunas sugerencias que tal vez ayuden a mitigar el problema. La primera de ellas, que ya se usa en algunos casos, para las personas que disponen de cuentas corrientes o cajas de ahorro en algún banco, consistiría en autorizar formalmente al acreedor, en el caso de pagos de servicios, impuestos y tasas, a debitar directamente de dichas cuentas e importe adeudado, comunicándolo al banco y enviando al deudor la factura y el correspondiente recibo para que este pueda controlar sus saldos. Otro camino sería liberar a las sufridas víctimas de las colas de esta obligación, en el caso de ser mayores de 70 años, con la simple presentación en ventanilla del DNI”.
En mayo pasado, el defensor del Pueblo lanzó la iniciativa “Trato digno” y anunció que enviaría una carta compromiso a todos los organismos públicos o privados que tuvieran atención al público invitándolos a adherirse a una campaña, cuyo objeto era minimizar los tiempos de espera en fila y mejorar la relación entre las organizaciones y el ciudadano. Propuso también que se elaborara un proyecto legislativo para que se pudieran sancionar acciones que configurarían una “práctica abusiva” y contraria al “trato digno” de usuarios y consumidores en locales de acceso al público.
Ha transcurrido casi un año desde entonces y parece que ninguno de los destinatarios del defensor se ha dado por aludido, a juzgar por la realidad. Si la clase gobernante, los magistrados judiciales y los banqueros se ejercitaran diariamente durante dos meses en esta práctica, tal vez se apiadarían de sus representados y no harían oídos sordos al trato digno.
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