20 Marzo 2015
Intendentes esperan que el PE afronte el aumento
Pucharras, Bethencourt, Dip y Rodríguez descuentan que el Gobierno liberará recursos, aun cuando no exista el Pacto Social, para cumplir con la plantilla de sueldos Los jefes de los municipios deberían solventar con fondos propios la suba salarial, pero solicitan que la Provincia garantice la paz social
Intendentes esperan un guiño financiero del Poder Ejecutivo (PE), que les permita despreocuparse del pago de incremento salarial que recibirán los empleados de los municipios que gobiernan. Hasta el año pasado, este gesto era automático: regía el Pacto Social, herramienta mediante la cual el Gobierno se hacía cargo del pago de la planilla salarial de cada Municipalidad y, a cambio, estas le cedían lo que les correspondía por coparticipaciones federal y provincial.
Pero el 31 de diciembre del año pasado caducó ese sistema, que había empezado a regir en 2000, cuando el gobernador, José Alperovich, se desempeñaba como ministro de Economía de su antecesor, Julio Miranda. Cuando el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, anunció la caducidad del pacto, precisó, también, que ello no implicaba que el PE deje de asistir a las administraciones municipales que lo requieran. “No vamos a perder en los últimos 10 meses todo lo que hemos conseguido en 11 años. Creemos que los municipios seguirán necesitando financiamiento; la situación no cambia de la noche a la mañana. El gobernador y este Ministerio tienen la misma voluntad de seguir ayudando a los municipios; pero con un instrumento legal, económico y financiero diferente al pacto”, había dicho Jaldo.
En efecto, durante enero algunos intendentes mantuvieron conversaciones -formales e informales- con funcionarios provinciales, para que se garantice el pago de los salarios. La situación cobró nuevos bríos ante el reciente acuerdo salarial que el Gobierno firmó con los gremios municipales de Aguilares, Monteros, Yerba Buena, Bella Vista, Famaillá, Concepción, Alberdi, Banda del Río Salí y Simoca. Ese acuerdo replica los firmados con otros sectores de estatales: suba del 30% al básico -en dos cuotas, la primera con el sueldo de este mes; la segunda, con el de agosto- y una suma no remunerativa ni bonificable de $ 2.500, también en dos cuotas: $ 1.000 con el sueldo de este mes; $ 1.500 con el de agosto.
LA GACETA dialogó con algunos jefes municipales cuyos empleados aún no están alcanzados por el acuerdo salarial, para conocer si están en condiciones de afrontar el pago de un incremento de estas condiciones. En todos los casos dan a entender que podrían precisar un salvavidas financiero, pero descuentan que el Gobierno se hará cargo de ese auxilio.
“Seguro ayudará”
“La idea es darle al personal el aumento. Seguramente para ello contaremos con alguna asistencia de la Provincia. Ya veremos cómo se lo llega a implementar, pero seguramente el Gobierno nos ayudará, como lo ha hecho durante estos 11 años y medio”, señaló el intendente de Lules, César “Kelo” Dip.
Su homólogo de La Cocha, Leopoldo “Puma” Rodríguez, subrayó que aún no se formalizó el aumento para los estatales; y dijo que cuando se publique oficialmente analizarán el impacto del pago del aumento en las finanzas del municipio. “La mecánica con la que nosotros funcionamos es que cuando sale la norma a nivel provincial, el municipio se adhiere. Estamos esperando que salga la normativa; y en base a eso la estudiamos y definimos qué hacer. Si vemos que hay alguna posibilidad de financiarlo desde afuera, nos vendría bien porque estaríamos protegiendo nuestros recursos”, dijo Rodríguez. Trascartón destacó que su municipio nunca suscribió el Pacto Social; es decir, siempre solventó con fondos propios el pago de salarios.
Tampoco utilizó esta herramienta el municipio de Trancas. “Siempre se garantizó el pago a los empleados; obvio, con la ayuda del Gobierno. Ahora también tendremos esa garantía”, dijo Enrique Bethencourt, intendente de esa ciudad. Su par de Tafí Viejo, Javier Pucharras, coincide en que el PE financiará al municipio que lo requiera. “Hemos entrado en la misma modalidad que los otros municipios. Ni bien el Concejo Deliberante apruebe la adhesión al aumento la promulgaré; aunque no rija el Pacto Social el Gobierno garantizará la paz social”.
Desde la vereda contraria al alperovichismo, el intendente de Famaillá, el massista Juan Enrique Orellana, dio a entender que el Gobierno aumentó los recursos que envía a su ciudad, tras el acuerdo salarial. “Ahora nos dieron $ 1 millón más que el mes pasado; de todos modos, según nuestros números nos están dando menos de lo que nos corresponde por coparticipación, por Fondo de Desarrollo del Interior y por ‘fondo soja’. Nosotros creemos que deben darnos $ 9 millones, y este mes nos dieron $ 7 millones”, afirmó. No obstante, aclaró que el pago del aumento está garantizado, aunque la discusión con el PE deberá hacerse mes a mes. “Con los pocos recursos que tenemos haremos frente al pago de la plantilla salarial. Debemos ser agradecidos con este millón que nos dieron, pero espero que el mes que viene Dios los sensibilice y nos den más, porque estos recursos sólo alcanzan para el personal de planta permanente”, advirtió.
Pero el 31 de diciembre del año pasado caducó ese sistema, que había empezado a regir en 2000, cuando el gobernador, José Alperovich, se desempeñaba como ministro de Economía de su antecesor, Julio Miranda. Cuando el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, anunció la caducidad del pacto, precisó, también, que ello no implicaba que el PE deje de asistir a las administraciones municipales que lo requieran. “No vamos a perder en los últimos 10 meses todo lo que hemos conseguido en 11 años. Creemos que los municipios seguirán necesitando financiamiento; la situación no cambia de la noche a la mañana. El gobernador y este Ministerio tienen la misma voluntad de seguir ayudando a los municipios; pero con un instrumento legal, económico y financiero diferente al pacto”, había dicho Jaldo.
En efecto, durante enero algunos intendentes mantuvieron conversaciones -formales e informales- con funcionarios provinciales, para que se garantice el pago de los salarios. La situación cobró nuevos bríos ante el reciente acuerdo salarial que el Gobierno firmó con los gremios municipales de Aguilares, Monteros, Yerba Buena, Bella Vista, Famaillá, Concepción, Alberdi, Banda del Río Salí y Simoca. Ese acuerdo replica los firmados con otros sectores de estatales: suba del 30% al básico -en dos cuotas, la primera con el sueldo de este mes; la segunda, con el de agosto- y una suma no remunerativa ni bonificable de $ 2.500, también en dos cuotas: $ 1.000 con el sueldo de este mes; $ 1.500 con el de agosto.
LA GACETA dialogó con algunos jefes municipales cuyos empleados aún no están alcanzados por el acuerdo salarial, para conocer si están en condiciones de afrontar el pago de un incremento de estas condiciones. En todos los casos dan a entender que podrían precisar un salvavidas financiero, pero descuentan que el Gobierno se hará cargo de ese auxilio.
“Seguro ayudará”
“La idea es darle al personal el aumento. Seguramente para ello contaremos con alguna asistencia de la Provincia. Ya veremos cómo se lo llega a implementar, pero seguramente el Gobierno nos ayudará, como lo ha hecho durante estos 11 años y medio”, señaló el intendente de Lules, César “Kelo” Dip.
Su homólogo de La Cocha, Leopoldo “Puma” Rodríguez, subrayó que aún no se formalizó el aumento para los estatales; y dijo que cuando se publique oficialmente analizarán el impacto del pago del aumento en las finanzas del municipio. “La mecánica con la que nosotros funcionamos es que cuando sale la norma a nivel provincial, el municipio se adhiere. Estamos esperando que salga la normativa; y en base a eso la estudiamos y definimos qué hacer. Si vemos que hay alguna posibilidad de financiarlo desde afuera, nos vendría bien porque estaríamos protegiendo nuestros recursos”, dijo Rodríguez. Trascartón destacó que su municipio nunca suscribió el Pacto Social; es decir, siempre solventó con fondos propios el pago de salarios.
Tampoco utilizó esta herramienta el municipio de Trancas. “Siempre se garantizó el pago a los empleados; obvio, con la ayuda del Gobierno. Ahora también tendremos esa garantía”, dijo Enrique Bethencourt, intendente de esa ciudad. Su par de Tafí Viejo, Javier Pucharras, coincide en que el PE financiará al municipio que lo requiera. “Hemos entrado en la misma modalidad que los otros municipios. Ni bien el Concejo Deliberante apruebe la adhesión al aumento la promulgaré; aunque no rija el Pacto Social el Gobierno garantizará la paz social”.
Desde la vereda contraria al alperovichismo, el intendente de Famaillá, el massista Juan Enrique Orellana, dio a entender que el Gobierno aumentó los recursos que envía a su ciudad, tras el acuerdo salarial. “Ahora nos dieron $ 1 millón más que el mes pasado; de todos modos, según nuestros números nos están dando menos de lo que nos corresponde por coparticipación, por Fondo de Desarrollo del Interior y por ‘fondo soja’. Nosotros creemos que deben darnos $ 9 millones, y este mes nos dieron $ 7 millones”, afirmó. No obstante, aclaró que el pago del aumento está garantizado, aunque la discusión con el PE deberá hacerse mes a mes. “Con los pocos recursos que tenemos haremos frente al pago de la plantilla salarial. Debemos ser agradecidos con este millón que nos dieron, pero espero que el mes que viene Dios los sensibilice y nos den más, porque estos recursos sólo alcanzan para el personal de planta permanente”, advirtió.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
