06 Marzo 2015
A partir de este miércoles, los magistrados de la Justicia Federal de Tucumán serán reemplazados con conjueces seleccionados en forma discrecional por el Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) con acuerdo del Senado (la oposición votó en contra). La nómina correspondiente a esta jurisdicción está compuesta por 22 abogados identificados con nombre, apellido y DNI en los decretos 324 y 327, que llevan la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Este mecanismo supone el debut en la provincia de la Ley 26.376 sancionada en 2008. Hasta el 4 de marzo -fecha de publicación del listado en el Boletín Oficial-, los conjueces eran elegidos “a dedo” por los propios magistrados. Estos letrados actúan como jueces, en principio excepcionalmente, pero no lo son en propiedad. Mientras estuvo en vigor el mecanismo de selección anterior, se suponía que el conjuez era un profesional con trayectoria reconocida en el foro en términos éticos e intelectuales, y que reunía los requisitos para acceder a la magistratura. Pero en no pocos casos este instituto respondió a razones de amistad y de confianza más que a méritos objetivos (la labor del conjuez no se presume gratuita).
El criterio de la afinidad política -largamente denunciado por senadores opositores- rigió la confección de las nóminas que el PEN propuso desde que comenzó a aplicar la Ley 26.376, que fue cuestionada judicialmente (esa norma estatuye que conjueces sólo pueden ser los abogados de la matrícula federal que cumplan las demás condiciones establecidas para los cargos judiciales en cuestión). La Justicia Federal de Tucumán no es la excepción a la regla oficialista: buena parte de los conjueces pertenece a la Asociación de Abogados de Tucumán, organización ligada al poder político local. Esa entidad es presidida por Fernando Rogel Chaler, colaborador histórico de la alperovichista Carolina Vargas Aignasse, que se desempeña como secretaria general de la Gobernación. También están vinculados a la Asociación los conjueces María Laura Vergara, Ricardo Santoro, Fernando Lliteras, Félix Gutiérrez y Luisa Contino.
Otro de los letrados escogidos, Carlos Garmendia, asesora a Susana Trimarco, influyente mamá de María de los Ángeles “Marita” Verón. Entre los conjueces nombrados por Fernández de Kirchner también hay un funcionario del Gobierno de José Alperovich: Benjamín Nieva, que es secretario de Transporte y tiene lazos con el legislador ultraoficialista Guillermo Gassenbauer. Los jueces ad hoc consortes Enrique Sancho Miñano y Sofía Peyrel pertenecen al círculo de Marcelo Caponio, secretario de Gobierno y Justicia. Peyrel, además, es coapoderada de la lista oficial en el Partido Justicialista. Vergara, Santoro y Valentina García Salemi militan en La Cámpora de Máximo Kirchner. Esa última conjueza fue nombrada prosecretaria de la Fiscalía Federal N°2 en forma discrecional por la procuradora general Alejandra Gils Carbó; a comienzos de este año, Pablo Camuña, nuevo fiscal N°2, pidió que la “pro” sea ascendida a secretaria.
La Ley 26.376 prescribe que en caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces federales, estos serán subrogados en primer término por un juez de igual competencia de la misma jurisdicción. En el caso de que ello no sea posible, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (para subrogancias de hasta 60 días) o el Consejo de la Magistratura de la Nación (para subrogancias de más de 60 días) procederán a sortear un conjuez de la nómina remitida por el PEN.
Los 22 conjueces
- María Laura Vergara
- Ricardo Santoro
- Carlos Garmendia
- Enrique Sancho Miñano
- Guillermo Díaz Martínez
- Fernando Lliteras
- Sofía Peyrel
- Benjamín Nieva
- Leonel Sosa
- Félix Gutiérrez
- Valentina García Salemi
- Fernando Rogel Chaler
- Luisa Contino
- Ricardo Antonio Moreno
- Marcelo Fabián Herrera
- Julio David Alegre
- Helena Zurita
- Susana Graciela Manfredi
- José Fernando Viaña
- Adriana Teresita Trejo
- Noelia Zanichelli
- Raúl Rodolfo Amestegui
Este mecanismo supone el debut en la provincia de la Ley 26.376 sancionada en 2008. Hasta el 4 de marzo -fecha de publicación del listado en el Boletín Oficial-, los conjueces eran elegidos “a dedo” por los propios magistrados. Estos letrados actúan como jueces, en principio excepcionalmente, pero no lo son en propiedad. Mientras estuvo en vigor el mecanismo de selección anterior, se suponía que el conjuez era un profesional con trayectoria reconocida en el foro en términos éticos e intelectuales, y que reunía los requisitos para acceder a la magistratura. Pero en no pocos casos este instituto respondió a razones de amistad y de confianza más que a méritos objetivos (la labor del conjuez no se presume gratuita).
El criterio de la afinidad política -largamente denunciado por senadores opositores- rigió la confección de las nóminas que el PEN propuso desde que comenzó a aplicar la Ley 26.376, que fue cuestionada judicialmente (esa norma estatuye que conjueces sólo pueden ser los abogados de la matrícula federal que cumplan las demás condiciones establecidas para los cargos judiciales en cuestión). La Justicia Federal de Tucumán no es la excepción a la regla oficialista: buena parte de los conjueces pertenece a la Asociación de Abogados de Tucumán, organización ligada al poder político local. Esa entidad es presidida por Fernando Rogel Chaler, colaborador histórico de la alperovichista Carolina Vargas Aignasse, que se desempeña como secretaria general de la Gobernación. También están vinculados a la Asociación los conjueces María Laura Vergara, Ricardo Santoro, Fernando Lliteras, Félix Gutiérrez y Luisa Contino.
Otro de los letrados escogidos, Carlos Garmendia, asesora a Susana Trimarco, influyente mamá de María de los Ángeles “Marita” Verón. Entre los conjueces nombrados por Fernández de Kirchner también hay un funcionario del Gobierno de José Alperovich: Benjamín Nieva, que es secretario de Transporte y tiene lazos con el legislador ultraoficialista Guillermo Gassenbauer. Los jueces ad hoc consortes Enrique Sancho Miñano y Sofía Peyrel pertenecen al círculo de Marcelo Caponio, secretario de Gobierno y Justicia. Peyrel, además, es coapoderada de la lista oficial en el Partido Justicialista. Vergara, Santoro y Valentina García Salemi militan en La Cámpora de Máximo Kirchner. Esa última conjueza fue nombrada prosecretaria de la Fiscalía Federal N°2 en forma discrecional por la procuradora general Alejandra Gils Carbó; a comienzos de este año, Pablo Camuña, nuevo fiscal N°2, pidió que la “pro” sea ascendida a secretaria.
La Ley 26.376 prescribe que en caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los jueces federales, estos serán subrogados en primer término por un juez de igual competencia de la misma jurisdicción. En el caso de que ello no sea posible, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (para subrogancias de hasta 60 días) o el Consejo de la Magistratura de la Nación (para subrogancias de más de 60 días) procederán a sortear un conjuez de la nómina remitida por el PEN.
Los 22 conjueces
- María Laura Vergara
- Ricardo Santoro
- Carlos Garmendia
- Enrique Sancho Miñano
- Guillermo Díaz Martínez
- Fernando Lliteras
- Sofía Peyrel
- Benjamín Nieva
- Leonel Sosa
- Félix Gutiérrez
- Valentina García Salemi
- Fernando Rogel Chaler
- Luisa Contino
- Ricardo Antonio Moreno
- Marcelo Fabián Herrera
- Julio David Alegre
- Helena Zurita
- Susana Graciela Manfredi
- José Fernando Viaña
- Adriana Teresita Trejo
- Noelia Zanichelli
- Raúl Rodolfo Amestegui
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