El Colegio de Abogados debe involucrarse, según Falú

El Colegio de Abogados de la Capital no puede permanecer ajeno a los asuntos delicados que se ventilan en las denuncias articuladas contra Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones. Esta es la postura de Alfredo Falú, abogado de la querella en “Jorrat”, causa vinculada a la carta elogiosa del imputado Rubén “La Chancha” Ale cuya redacción es atribuida al funcionario constitucional. El lunes, Falú presentó una nota al presidente Francisco García Posse con el objeto de que la entidad adopte una posición en el caso “Noguera”.

“La abogacía encuentra un severo escollo a su cometido cuando de por medio se interpone el accionar irregular de un funcionario, siendo más grave aún cuando se trata de un fiscal, porque en la naturaleza de sus funciones está la de representar a la sociedad y al Estado en el ejercicio de la acción penal”, dijo el abogado en la petición que posiblemente el Colegio trate durante la sesión de hoy. Y añadió: “es el asunto más grave que se puede dar de alteración del normal ejercicio de la abogacía: que uno de los agentes llamados a defender la ley opere como violador de esta para beneficiar a determinados grupos. Y más grave aún es cuando el beneficio va a favor de grupos que son públicamente sospechados por la sociedad”.

Falú, que es hijo de Ricardo Falú, ex ministro público, ex diputado y ex vocal de la Corte Suprema local, expresó que era deber del Colegio asumir el papel de querellante o de veedor dentro del proceso penal iniciado a instancias de la Unidad de Investigación Financiera (luego, los abogados Falú -h- y Carlos Garmendia añadieron sus respectivas denuncias). “Hay que comenzar a restaurar ese buen hábito que teníamos los tucumanos de sentirnos amparados por el Poder Judicial”, expresó el profesional. Antes, Falú había dicho a este diario que Noguera era peor y más peligroso que la mafia porque mientras esta operaba desde la clandestinidad y era fácilmente reconocida por la ciudadanía, el fiscal lo hacía desde el seno de la institución llamada precisamente a investigar y sancionar el delito.