La imparcialidad también existe

Aleardo F. Laría - DyN

BUENOS AIRES.- Una de las herencias más nefastas que ha dejado el populismo en la cultura argentina consiste en la dificultad de aceptar la independencia de los jueces (y periodistas). Bajo una concepción que considera que existe un conflicto político permanente entre el “pueblo” y el “bloque dominante”, todas las decisiones judiciales -y las opiniones periodísticas- son consideradas justas o injustas según se acomoden al interés político de las partes en juego. Desde esta concepción, no existiría espacio para la imparcialidad.

Pero esa forma de analizar las decisiones judiciales contamina no sólo a los populistas, sino también a muchos de los que estando en la vereda de enfrente no advierten que incurren en errores simétricos al de los populistas. La muestra más palpable de la politización de las decisiones judiciales la ha brindado la presidenta, Cristina Fernández, con su tesis acerca del surgimiento del “partido judicial”.

La interpretación de las diferencias y desacuerdos políticos en clave conspirativa, donde los representantes de la soberanía popular reciben el acoso permanente de los poderes fácticos, lleva a pensar que cualquier decisión judicial no compartida integra la trama conspirativa. Es innegable que los esfuerzos del populismo por ocupar las estructuras del Estado y las esferas de la administración de Justicia, evidencian el esfuerzo por convertir a jueces y fiscales en “militantes de la causa popular”.

El populismo tiene una impronta totalitaria que le lleva a justificar sus constantes embestidas facciosas dirigidas a ocupar todos los espacios de poder, donde no existe lugar para las agencias autónomas del Estado ni para el funcionamiento profesional de los funcionarios encargados de gestionar los servicios básicos de la Administración Pública. Esta impronta cultural está tan arraigada que ya no sorprende y se acepta con callada resignación, por ejemplo, que los medios públicos de comunicación -radio, prensa y TV- se conviertan en descaradas usinas de propaganda oficial. Del mismo modo, se consiente que agencias de regulación del Estado -como la Afsca- que deberían actuar como organismos independientes de aplicación de las disposiciones legales, se convierta en un refugio de militantes de uno de los partidos del Frente para la Victoria, que encuentran un medio de subvención irregular con fondos públicos.

En el campo del Poder Judicial existen jueces, fiscales y funcionarios que se han dejado corromper por la seducción gubernamental, pero también son muchos los que se esfuerzan por no incurrir en discrecionalidad. Una prueba de lo que decimos se puede encontrar en la sentencia de la Cámara Federal que declaró la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán, un texto con un razonamiento jurídico impecable y convincente.

La reciente sentencia del juez Daniel Rafecas ha suscitado numerosas críticas. Algunas se limitan a cuestionar el razonamiento del juez, dentro de lo que es un debate jurídico. Pero, hay otras impugnaciones de tipo personal, poniendo en duda la posibilidad de que en este país un juez pueda dictar una sentencia fundada en un razonamiento pulcro e imparcial, estrictamente jurídico. Aunque, también hay que decirlo, el propio Rafecas conspira contra la tesis de su independencia, cuando en la sentencia incorpora un párrafo laudatorio de la Presidenta, innecesario y obsecuente.

Es hora de comenzar a aceptar que la posibilidad de la actuación imparcial no sólo existe, sino que convendría a todos que fuese la forma habitual de resolver los asuntos contenciosos. No se deberían hacer concesiones a la falacia populista que considera que todas las decisiones quedan inevitablemente contaminadas por el interés político. Hay un amplio espacio para la toma de decisiones imparciales, profesionales, rigurosas y justas. Cuanto más amplio sea ese espacio, más cerca se estará de alcanzar las cotas de democracia y República a las que legítimamente aspira nuestra sociedad. (DyN)